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El pasado 3 de junio, Anna Katharina Müller, diputada del Partido Pueblo Soberano, fue elegida presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa para el primer año del periodo 2026-2030.
Este foro tiene una gran relevancia por su competencia en la propuesta y reforma de normativa vinculada con las políticas educativas y con el mejoramiento del sistema educativo costarricense. Quien lo preside conduce la agenda y decide qué entra en discusión y qué no, lo cual incide directamente en las decisiones legislativas sobre educación.
Para valorar esa designación, basta revisar el estado en que se encuentra hoy el sistema educativo.
En las pruebas PISA 2022 de la OCDE, Costa Rica cayó del puesto 49 al 57 entre 81 países y registró su peor resultado histórico, con una pérdida de 17 puntos en Matemáticas respecto al ciclo anterior, según los propios registros del Ministerio de Educación Pública (MEP). La tendencia nacional ha sido descendente desde 2009.
Aun así, la Auditoría Interna del MEP determinó, en su Informe 12-2024, que la institución nunca estableció un mecanismo de seguimiento para utilizar los resultados de PISA como insumo de política pública, pese a haber invertido más de ¢480 millones en los ciclos 2018 y 2022.
Por otro lado, según el Décimo Informe Estado de la Educación (2025), el país gradúa estudiantes de secundaria con niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático equivalentes a tercer o cuarto grado de primaria. Además, una investigación del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica, publicada en abril de 2026, encontró que ocho de cada diez estudiantes de primer ingreso de 2025 carecen de la habilidad lectora necesaria para comprender textos universitarios. En las sedes regionales del Sur (en Golfito) y Santa Cruz (en Guanacaste), el porcentaje de estudiantes con comprensión satisfactoria fue de cero.
Esto demuestra que la crisis educativa también tiene un impacto territorial diferenciado: quienes estudian lejos de los centros urbanos suelen contar con menos recursos para compensar aquello que el sistema no les asegura.
A esto se suma un problema persistente de rendición de cuentas y acceso a la información en la gestión de la política educativa. Müller dejó el cargo de ministra de Educación el 31 de enero de 2025, tras dos años y ocho meses de gestión marcados por cuestionamientos sobre transparencia y planificación. Uno de los casos más emblemáticos fue la llamada “Ruta de la Educación”, anunciada desde febrero de 2023 como eje de transformación del sistema educativo, pero de la cual nunca se conoció un documento formal con sustento técnico, metodología, cronograma ni presupuesto claramente definidos.
Fue la hoy presidenta de esta comisión legislativa quien, en su condición de ministra, propuso al Consejo Superior de Educación la eliminación de las pruebas FARO en 2022, sin que existiera un diseño metodológico consolidado para sustituirlas. Las Pruebas Nacionales Estandarizadas que las reemplazaron fueron cuestionadas por carecer de ese diseño y por la tardanza en la publicación de resultados.
Mientras tanto, el MEP invierte cerca de ¢47.000 millones anuales en la enseñanza del inglés, pero solo el 35% de los estudiantes de secundaria y el 33% de primaria alcanzan los niveles esperados de competencia, según el Estado de la Educación. La respuesta del gobierno saliente no fue fortalecer esa institucionalidad. Por el contrario, en abril el Ejecutivo anunció un programa –que, según el entonces presidente, costaría $74 millones a lo largo de cuatro años– con una plataforma privada para enseñar inglés a dos millones de personas, sin que se presentara una evaluación técnica independiente sobre su efectividad.
Igualmente preocupante es que sigue sin resolverse la discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), conflicto que refleja el mismo patrón en el ámbito universitario. El Ejecutivo impuso una interpretación restrictiva del artículo 85 de la Constitución Política para justificar un aumento del 1% en un año con inflación prácticamente nula. La Asamblea Legislativa aprobó un 2%, pero el Ejecutivo no giró esos recursos.
El pasado 8 de abril, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por el Consejo Nacional de Rectores y ordenó el giro de los fondos, al concluir que la omisión vulneró el derecho a la educación. La discusión, sin embargo, continúa hasta hoy. Y la actual presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación fue parte activa de ese proceso. Incluso, en julio de 2024, abandonó, sin previo aviso, una sesión de negociación.
Es cierto que la crisis educativa costarricense trasciende a una sola persona. Pero también es cierto que esta designación representa, mediante múltiples ejemplos, una forma de entender la educación desde el oficialismo: opacidad en la gestión, resistencia al financiamiento constitucionalmente garantizado y preferencia por soluciones comerciales antes que por el fortalecimiento institucional.
Aparte de esta nueva designación de Müller, también inquieta que el oficialismo haya cerrado el paso a diputados de oposición que buscaban integrarse a comisiones legislativas específicas mediante el mecanismo de permuta. Más allá de la disputa procedimental, lo que está en juego es algo de fondo: impedir que legisladores con interés, experiencia o afinidad con sectores como el educativo puedan participar en foros donde precisamente se discuten políticas públicas para intentar revertir la crisis. Estos espacios deberían enriquecerse con pluralidad de criterios y perfiles técnicos, no convertirse en espacios rígidamente controlados desde la presidencia legislativa. Limitar esos movimientos solo empobrece el debate.
Ante una crisis documentada de esta magnitud, queda por ver cuál será el rumbo que se impulse desde la Asamblea Legislativa bajo este liderazgo.
