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El bilingüismo no es un lujo en Costa Rica: es infraestructura. Como las carreteras o la electricidad, el dominio del inglés determina en buena medida a qué velocidad puede circular la economía del país. Los sectores que más empleo de calidad generan, como manufactura avanzada, servicios empresariales, turismo especializado y tecnología, tienen el inglés como requisito de entrada, no como valor agregado.
En el Índice de Proficiencia de Inglés de English First (EF), Costa Rica ocupa posiciones mediocres dentro de América Latina, y los empleadores del sector exportador reportan sistemáticamente que la escasez de talento bilingüe es uno de sus principales cuellos de botella para crecer. El problema es real, urgente y estructural. Lo que está en disputa no es si había que actuar, sino si lo que se hizo merece llamarse política pública.
El programa “Hello Brete”, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), contrata 500.000 licencias anuales de Open English por $74 millones, prorrogables a cuatro años. Llega envuelto en buenas intenciones y cifras grandilocuentes. El gobierno habla de ampliar el acceso a herramientas de formación y mejorar la competitividad del país. En abstracto, nadie puede estar en desacuerdo. El problema es que el INA no evaluó la efectividad pedagógica de las plataformas de autoestudio antes de contratar, ni se ha definido con claridad qué nivel de inglés deben alcanzar los beneficiarios al concluir.
Esa omisión no es un detalle administrativo, sino el núcleo del problema. Open English no es un programa de inglés; es una plataforma de autoestudio. El usuario entra si quiere, avanza a su ritmo y puede abandonar sin consecuencias. Este modelo requiere condiciones previas que buena parte de la población meta no necesariamente tiene, como autonomía de aprendizaje, disciplina, competencias digitales y capacidad de autoevaluación.
Los especialistas son consistentes en señalar que las plataformas de autoformación no funcionan de la misma manera para todos los perfiles de estudiante, y que la deserción en estos entornos suele ser significativamente más alta que en modalidades presenciales o semipresenciales con acompañamiento docente. Además, según expertos, los usuarios de este tipo de plataformas suelen alcanzar niveles A2 o B1, cuando los empleos bilingües exigen al menos B2. La brecha entre lo que el programa puede entregar y lo que el país necesita es clara.
Los países que han logrado avances sostenidos en bilingüismo en la región comparten una característica: apostaron por la mediación docente, no por la cobertura como fin en sí mismo.
Uruguay es quizá el ejemplo más relevante. Ante la escasez de profesores de inglés en escuelas públicas, diseñó el programa Ceibal en Inglés, con clases en vivo por videoconferencia con docentes certificados del Consejo Británico, un maestro local presente en cada aula, evaluaciones anuales y un piloto antes del despliegue masivo. No era una plataforma de autoestudio, sino enseñanza real, mediada, con estructura.
Colombia, por su parte, estructuró su política de bilingüismo alrededor de la formación y certificación de maestros, con resultados más dispares pero con una lógica correcta: el problema no se resuelve dándole al estudiante acceso a una app, sino formando al docente que lo acompaña.
Lo más revelador del caso costarricense es que el país no carece de capacidades instaladas. El INA y las universidades públicas cuentan con docentes calificados y experiencia real en enseñanza del inglés. El problema no es escasez de talento; es falta de articulación y de financiamiento para ese talento.
Invertir $74 millones en licencias de una plataforma externa, sin evaluar su efectividad pedagógica, cuando existe capacidad institucional subutilizada, no es una política de bilingüismo. Es una política de cobertura con apariencia de política de bilingüismo.
Que el programa haya pasado por la Contraloría no lo convierte en eficaz; solo lo convierte en legal. Que tenga una marca atractiva y un nombre pegajoso no lo convierte en estrategia; solo lo convierte en campaña. Costa Rica necesita con urgencia una política de bilingüismo que articule al MEP, el INA y las universidades públicas y que use la tecnología como herramienta de apoyo, no como sustituto de la enseñanza.
A los cuestionamientos sobre la efectividad de este método de enseñanza, se suman otros elementos de Hello Brete que han resultado polémicos. El 18 de abril, 23 organizaciones y 93 activistas presentaron una solicitud ante la Defensoría de los Habitantes para que se investigue el formulario de inscripción de la plataforma, ya que este solicita información sensible (como orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, pertenencia étnica y situación de discapacidad) sin detallar con claridad para qué se piden tales datos o qué uso se les dará. De hecho, Eleonora Badilla Saxe, exdirectiva del INA, aseguró que fue destituida, en abril del 2025, después de cuestionar el proceso que derivó en la contratación de la empresa Open English. Una de sus críticas, en aquel momento, se relacionó con el manejo y la recolección de datos personales de las personas participantes.
En conclusión, “Hello Brete” puede ser un primer escalón si se le acompaña con estructura pedagógica real. Si se queda solo, serán $74 millones de acceso a una plataforma que buena parte de los beneficiarios abandonará antes de terminar el primer módulo, y que la otra parte usará sin alcanzar el nivel que el mercado laboral demanda. El país merece más que eso. Y los costarricenses que más necesitan el inglés para salir adelante, también.
