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La exdirectiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Eleonora Badilla Saxe, aseguró que fue destituida, en abril del 2025, después de cuestionar el proceso que derivó en la contratación de la empresa Open English para brindar cursos de inglés.
Badilla explicó a La Nación que sus cuestionamientos se plantearon en una etapa inicial del proceso, cuando aún no se había publicado el cartel de licitación.
No obstante, indicó que ya se sabía que el cartel estaba en preparación, pues se buscaba desarrollar un programa para ofrecer la oportunidad de aprender inglés. El 13 de abril pasado, el gobierno anunció el programa Hello Brete con la empresa Open English, que entregará hasta 500.000 licencias anuales de su programa.
Los señalamientos de la exdirectiva se plantearon en varios frentes. El primero estuvo relacionado con el manejo y la recolección de datos personales de las personas participantes.
Badilla Saxe explicó que se estaba realizando un estudio de mercado para conocer cuántas personas en Costa Rica estarían interesadas en aprender inglés. Sin embargo, ella señaló que, al ver el formulario, se dio cuenta que en realidad era una encuesta.
“En esta encuesta se estaban pidiendo datos a las personas (...), pero, se estaban viendo datos que a mí me parecían sensibles: ¿Dónde vive? ¿Cuál es su número de teléfono? No me parecían relevantes", dijo la exdirectiva.
Badilla Saxe dijo que, en ese momento, expresó su preocupación porque dudaba del uso que se lo podían dar a esos datos en un año preelectoral.
“Estábamos en un año preelectoral y me preocupaba mucho que se estén recogiendo esos datos y que no sabemos que destino se le va a dar a esos datos. Yo creo que ahí ya me pusieron un poco la puntería y empezaron a ver que yo iba a seguir cuestionando cosas. Que iba a ser incómoda", denunció.
La Nación remitió consultas al Departamento de Prensa del INA. Sin embargo, al momento de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.
‘¿Qué va a pasar cuándo se acaban estas licencias?’
Badilla dijo que parte del dinero presupuestado debería ser destinado a la formación docente o a fortalecer la docencia.
“¿Qué va a pasar cuándo se acaban estas licencias? No tenemos docentes para seguir“, señaló.
Surgió, además, otro cuestionamiento “pedagógico” cuando supo que el programa sería en línea.
“Yo les decía: ‘No puede ser una solución totalmente en línea’. Porque yo como educadora les puedo decir que con población muy joven los índices de deserción, si es totalmente en línea, son muy altos. Totalmente en línea sirve para una persona que va a llevar un posgrado, un doctorado, una maestría; que ya tienen la disciplina. Pero con gente muy joven no debería ser totalmente en línea”, dijo.
Badilla Saxe señaló que era necesario determinar cuál era el nivel de conocimiento de los jóvenes que se vería beneficiados con los cursos: “No podemos tener 500.000 personas con distintos niveles de inglés y ponerlos a todos con el mismo curso de ingreso. Eso no funciona, eso va a disparar la deserción”, dijo.
Buscó, además, que fueran invitadas la mayor cantidad de empresas posibles; incluso, que la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica (UCR) pudiera participar en el proceso.
Despido
En abril del 2025, Badilla Saxe fue destituida por el Consejo de Gobierno, después de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), sector al que representaba, le solicitara la renuncia y ella se negara.
Según la exdirectiva, luego de que ella realizara todos estos cuestionamientos comenzaron a buscarle “qué le encontraban para destituirla”.
De acuerdo con su relato, la destitución se realizó sin debido proceso y sin una causal sustantiva, y se justificó formalmente en que ella había abandonado anticipadamente tres sesiones de Junta Directiva antes de tiempo, argumento que considera improcedente y utilizado como pretexto. En el mismo acto en que fue cesada, se nombró a su sustituto.
La exdirectiva interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que no fue acogido, y decidió no continuar la vía contencioso-administrativa por razones personales y familiares.
