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Las segundas rondas para la elección presidencial celebradas en Colombia y Perú los días 21 y 7 de este mes, respectivamente, han puesto de manifiesto una preferencia marginal hacia candidatos de derecha, pero, sobre todo, la enorme fractura política que aqueja a sus respectivas sociedades.
Nunca en su historia la diferencia de votos había sido tan estrecha, y pocas veces las campañas habían estado marcadas por tanta polarización, temores, virulencia verbal, acusaciones y amenazas entre candidatos. Lo que estas realidades auguran para el futuro de ambos países es inquietante.
Según el conteo preliminar de la totalidad de mesas anunciado por la Registraduría Nacional de Colombia, Abelardo de la Espriella, candidato derechista, obtuvo el 49,66% de los votos, frente al 48,70% de su rival izquierdista, Iván Cepeda. La diferencia, de 250.830 votos, equivale apenas a 0,96 puntos porcentuales de los 26,34 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas. Los votos en blanco representaron 1,63% del total; los nulos, 0,83%.
Lo anterior implica que De la Espriella deberá gobernar con un mandato políticamente muy débil, aunque institucionalmente legítimo. Lo positivo es que el proceso fue fluido, transparente y eficiente, y contó con una participación de 63,5%, la mayor desde 1998. Todavía existen voces que hablan de fraude –incluida la del presidente Gustavo Petro–, pero sin sustento alguno. Y aunque Cepeda ha dicho que esperará al resultado oficial para reconocer el triunfo de su adversario, no ha cuestionado los datos de la Registraduría y ha llamado a la calma.
En Perú, en cambio, el desempeño de la Junta Nacional Electoral (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, encargada del escrutinio, ha sido desastroso. Ni siquiera ha concluido el conteo preliminar, pero, con el 99,69% reportado, Keiko Fujimori, candidata derechista, suma 50,11% de los votos, frente al 49,88% de su rival de izquierda, Roberto Sánchez, una diferencia de solo 40.000 votos entre más de 18 millones de electores.
Con un margen tan estrecho, pero que difícilmente se volverá en su contra, la legitimidad de Fujimori, quien por cuarta vez consecutiva aspiró a la presidencia, pende de la precaria credibilidad del proceso. Por la manera tan accidentada y lenta en que se ha desarrollado el escrutinio, sobran razones para alimentar suspicacias, deslegitimación, cuestionamientos y rechazos. Ayer, Sánchez anunció que no reconocerá un eventual gobierno de su contrincante, de cuyo triunfo pocos observadores imparciales dudan. Entretanto, la JNE ha anunciado que el conteo oficial apenas estará listo a mediados de julio.
En la primera ronda electoral peruana, los votos de Sánchez y Fujimori apenas sumaron el 29,2% del total; los de Cepeda y De la Espriella alcanzaron casi el 85%. Es decir, el apoyo de origen de los primeros fue muy limitado; el de los segundos, muy alto. A la vez, sin embargo, queda de manifiesto que la polarización colombiana tiene raíces mucho más profundas y extendidas.
Fracturas tan evidentes deberían ser razón de sobra para que la virtual presidenta peruana y el seguro presidente electo colombiano renuncien a sus posiciones más extremas, se empeñen en reducir la confrontación y busquen acuerdos con la otra mitad del país que los rechazó.
A esto se añade que deberán lidiar con parlamentos bicamerales fragmentados, en los que sus respectivos partidos están muy lejos de la mayoría. Fujimori tiene la ventaja de que el suyo, Fuerza Popular, cuenta con las mayores fracciones en la Cámara de Representantes y el Senado. En Colombia, esa posición la ocupa el Pacto Histórico, de Cepeda, y la derecha está representada por partidos tradicionales, no radicales.
En ninguno de los dos casos se trata de que los candidatos electos renuncien a las propuestas esenciales que plantearon en campaña. Lo que corresponde, en aras de la estabilidad y la gobernabilidad, es reconocer que no recibieron los votos de la mitad de la ciudadanía, y que carecen de la representación legislativa necesaria para gobernar sin negociar.
Si desconocen esas realidades políticas, que además tienen profundas raíces sociales, serán incapaces de atender los enormes y plurales desafíos que aquejan a Colombia y Perú. Peor aún, se podrían agravar en medio de peligrosas e interminables confrontaciones. Este reto, de facetas múltiples, demandará una gran madurez de todos los sectores, pero, sobre todo, de los gobiernos que vienen.
