En el cierre de la campaña electoral, las estadísticas de la Sala Constitucional deberían ser de lectura obligatoria para todos los candidatos presidenciales y aspirantes a diputado. Solo en 2025, los siete magistrados de ese tribunal resolvieron más de 42.000 asuntos, 16.000 de ellos relacionados con fallas en la prestación de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El detalle de los asuntos tramitados por la Sala el año pasado es un fiel espejo de la mala gestión pública. La salud encabeza la lista por amplio margen, con 15.971 casos (38% de todos los recursos de amparo). Le siguen los reclamos penitenciarios (4.791), reflejo del deficiente sistema carcelario; los conflictos en materia laboral (3.674) y pensiones (2.378) evidencian recurrentes disputas con el Estado, y las quejas por acceso a la información pública (2.088) son síntoma de una administración renuente a la transparencia. También destacan los casos contra el Poder Ejecutivo (1.597), municipalidades (1.306), servicios públicos (1.256), así como los relacionados con educación (1.079).
Pero, sin lugar a dudas, la cantidad de recursos en salud prende alarmas, pues en cada expediente hay una persona desesperada por el deterioro en su calidad de vida frente a un sistema que no responde. En 2025, los altos jueces atendieron casi 6.000 recursos por cirugías que nunca llegaban; 4.200 por citas médicas fijadas a meses o años plazo y 2.374 por atención médica demorada. A ello se añaden 1.199 reclamos por medicamentos no prescritos y 818 por exámenes, entre otros. Y estos son los pacientes que protestan; de seguro, otros miles se resignan.
Las cifras son más alarmantes cuando se profundiza en las listas de espera. En noviembre, la auditoría interna de la institución reveló que 343.048 personas aguardaban cita con un especialista; 723.156, un examen diagnóstico, y 199.453, una cirugía.
En total, 1,2 millones en lista de espera, pese a que desde el 7 de noviembre de 2023, en un fastuoso acto en el Estadio Nacional con la cúpula de gobierno, la entonces presidenta ejecutiva de la CCSS y ahora candidata a diputada por el oficialismo, Marta Esquivel, anunciaba “Ruta de la salud. Menos espera. Mejor servicio”. Nada de ese eslogan se cumplió y tampoco los ¢200.000 millones anunciados para combatir las listas de espera.
Esa es la razón por la cual la Sala IV continúa ordenando atenciones inmediatas, como sucedió en noviembre con una señora de 80 años, de Alajuela, a la que el Hospital San Rafael le programó una cita para enero del 2031, pese a que padece dolores crónicos en la columna vertebral y la cadera, condiciones que, según el expediente, se han agravado con el tiempo. La acumulación de fiascos obliga a mirar con lupa las “rutas” que se venden como solución, pero que, en la práctica, no llevan a ningún destino.
Hay que tener claro que ni la Sala Constitucional ni sus magistrados pueden seguir operando como contraloría de servicios o una ventanilla al estilo “quéjese aquí”, mientras gobernantes, jerarcas e instituciones eluden responsabilidades.
Entre esas responsabilidades, está garantizar que la CCSS opere en forma estable y no en un caótico subibaja como el observado en los primeros tres años de este gobierno, en los que la Junta Directiva acumuló casi 30 cambios entre renuncias y destituciones, más cuatro presidentes ejecutivos.
Esta entidad requiere también solidez financiera, lo que implica resolver la histórica deuda que arrastra el Ministerio de Hacienda con la Caja. En los últimos seis años, el monto se duplicó y, a mayo pasado –última cifra disponible–, la morosidad del Estado, registrada por la CCSS, alcanzaba los ¢4,4 billones, 2,5 veces más que los ¢1,7 billones contabilizados en 2019.
Cabe recordar una advertencia del secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el costarricense José Manuel Salazar: buena parte del enojo de la clase media y media-baja en América Latina –y Costa Rica no es la excepción– tiene su origen en el deterioro de servicios públicos básicos como la salud y educación. Se trata de personas que no pueden pagar servicios privados y que no tienen por qué hacerlo si el Estado cumpliera su función. Eso es justamente lo que reflejan las estadísticas 2025 de la Sala IV.
Permitir que ese hastío crezca por inacción de políticos, sus excusas o promesas incumplidas es irresponsable y peligroso. La campaña electoral es el espacio para exigir a quienes aspiran a gobernar el país algo más que promesas. Cualquier plan o ruta debe contar con planificación, presupuesto definido, metas fiables, consecuencias políticas ante el incumplimiento y, sobre todo, rendición de cuentas, porque el voto no puede premiar a quienes normalizan los pretextos y hacen creer que la democracia es la que falla.
