El riesgo de infiltración ya no puede minimizarse; menos, ocultarse. Informes de inteligencia, investigaciones judiciales, acusaciones penales y detenciones aportan fuertes indicios de que el crimen organizado encontró portillos para penetrar la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y el Servicio Nacional de Guardacostas, cuerpos policiales bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que el gobierno de la presidenta Laura Fernández debe responder con decisiones, plazos y responsables. Porque detectar la posible infiltración es apenas el comienzo; de ahora en adelante, el imperativo de cerrar los portillos obliga a investigar cada señalamiento; separar y sancionar a quienes se demuestre que pusieron el uniforme, la información o los recursos del Estado al servicio de delincuentes.
La alerta más puntual de la infiltración la da un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), del propio Ministerio, y revelado este 4 de agosto en La Nación por los periodistas Vanessa Loaiza y Christian Montero.
El documento, fechado 12 de abril de 2026, analizó a 122 policías de la Fuerza Pública con presuntos nexos con el crimen organizado en la zona sur del país. Este medio pudo comprobar que se anotan antecedentes u observaciones para 116 de ellos, destacados en Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez.
De ese grupo, se presume que 44 serían colaboradores de Los Wiskeros, una banda dedicada al contrabando de licor, y 27, de grupos narcotraficantes. De otros, se sospecha de vínculos con redes de trata de personas en esa región fronteriza con Panamá.
Los agentes señalados por posibles nexos con el narcotráfico no solo habrían recibido sobornos o filtrado información. También habrían facilitado aterrizajes de aeronaves cargadas de cocaína, escoltado en patrullas los vehículos utilizados para transportar la droga, y montado retenes para distraer a otros cuerpos policiales mientras ocurrían los “avionetazos”.
Tan grave como el contenido es el destino que se le dio al informe durante la administración de Rodrigo Chaves. “Hemos revisado todo. No se ordenó ninguna investigación ni se mandó al Ministerio Público”, admitió el actual ministro de Seguridad, Gerald Campos.
Cuatro meses más tarde, y solo después de la publicación periodística, el expediente fue enviado a la Fiscalía para que determine si hay delitos, y se denunció la supuesta omisión del exviceministro Erick Lacayo y el exdirector de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
El documento no constituye prueba judicial y así lo advierte expresamente. Se indica que buena parte de la información proviene de fuentes humanas confidenciales, por lo que requiere corroboración y no puede considerarse prueba directa para sustentar una acusación penal. Pero una alerta de tal seriedad exigía verificar los señalamientos, proteger las operaciones potencialmente comprometidas y trasladar la información a las autoridades competentes.
Además, sobraban razones para encender las alarmas. En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Celso Gamboa “sobornó a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína”. Una fuente confidencial de la DEA también ligó a miembros de Guardacostas con el exministro de Seguridad y exmagistrado, ya extraditado por presunto narcotráfico.
La cadena de indicios continuó el 28 de julio, cuando el OIJ detuvo a nueve oficiales de la Policía de Fronteras como sospechosos de colaborar con una organización que habría enviado 14 toneladas de cocaína desde Moín hacia Europa y Estados Unidos. Los agentes habían sido asignados al megapuerto por el gobierno de Chaves como parte de la llamada “Operación Soberanía”.
El círculo lo cierra Alejandro Arias Monge, alias Diablo, quien afirmó, luego de su captura, el 24 de julio, que policías de la Fuerza Pública le habían ayudado a evadir los cercos policiales.
Ante tal cantidad de señales, es inadmisible que el gobierno de la “continuidad” se enterara por La Nación de un informe recibido durante el mandato de Chaves. Sí está bien que la presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad reiteraran la política de “tolerancia cero” contra la corrupción policial y denunciaran ante el Ministerio Público el informe y lo sucedido. Al confiarle una investigación de tal gravedad, reconocen implícitamente la integridad de la misma institución que el gobierno intenta desacreditar. Pero las consignas y denuncias no son suficientes.
El Ministerio de Seguridad Pública debe emprender una profunda reingeniería de sus controles internos, corregir las evidentes fallas de supervisión, detectar redes de complicidad y cerrar los portillos aprovechados por el crimen organizado.
Un policía corrupto no es un delincuente común: posee autoridad, accede a información sensible y conoce de antemano los operativos. Puede alertar a los criminales, frustrar una captura o poner en peligro la vida de sus compañeros.
Su traición constituye una amenaza directa contra la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para combatir el delito. Por ello, amerita que el gobierno de Fernández deje de lado las confrontaciones estériles y concentre toda su energía en resolver el gravísimo problema que tiene dentro de sus propios cuerpos policiales.