Diablo afirmó haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad, revela la Fiscalía
Ministerio Público cuestiona la preocupación del gobierno por el hecho de que Diablo haya sido sometido a una audiencia judicial
Alejandro Arias Monge salió de prisión el 28 de octubre del 2016, tras cumplir prisión preventiva como sospechoso de dos homicidios. Desde entonces, no se conocía su paradero. Foto: Cortes
Este lunes 27 de julio, se desarrolló una audiencia de medidas cautelares de Diablo en los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
La Fiscalía reveló que, tras su detención efectuada el viernes 24 de julio, el presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias Diablo, afirmó haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Así lo informó este lunes la Fiscalía en un comunicado, en el que cuestionó la preocupación del gobierno de Laura Fernández por el hecho de que Diablo fuese sometido a una primera audiencia judicial, en los Tribunales de San José, por una causa de homicidio que data del 2015.
Así fue la captura del Diablo y de Tan
“¿Por qué ha generado tanta preocupación a ese poder de la República que una audiencia se realice de manera presencial, cuando esa modalidad está prevista en el ordenamiento jurídico y responde a criterios procesales definidos por las autoridades judiciales?“, preguntó el Ministerio Público en el comunicado.
Más adelante, agregó: “Y, sobre todo, ¿por qué ha recibido tan poca atención una manifestación de enorme gravedad realizada por el propio imputado al momento de su detención, quien afirmó haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública?"
“Esa última afirmación, de ser cierta, representa un asunto de la mayor relevancia para la seguridad del país y merece que todas las instituciones competentes concentren sus esfuerzos en esclarecerla. El Ministerio Público y el OIJ ya lo están haciendo”, agregó la Fiscalía.
El órgano acusador insistió en que ve con “extrañeza el temor y preocupaciones externadas por el Poder Ejecutivo en torno a este caso”.
La Nación solicitó una reacción al Ministerio de Seguridad Pública. Se está a la espera de la respuesta.
Diablo, uno de los hombres más buscados de Costa Rica, estuvo en fuga durante diez años.
Arias Monge y uno de sus lugartenientes, conocido con el alias de Tan, ahora se encuentran recluidos en una celda de máxima seguridad de La Reforma, después de haber sido detenidos en un enfrentamiento con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Río Frío de Sarapiquí.
Un tercer hombre, alias Coco Guácimo, de apellido Ríos Oconitrillo, murió durante la acción, abatido por oficiales tácticos.
Diablo fue detenido por el OIJ en Sarapiquí. (Foto: Cortes/Foto: Cortesía para LN)
El cuestionamiento de Laura Fernández
Este lunes, Casa Presidencial calificó de “raro” que Diablo hubiese sido trasladado a la audiencia en San José. Lanzó los siguientes cuestionamientos:
“¿Por qué lo sacaron de la cárcel a las 7 a. m. para una audiencia a la 1:20 p. m.? ¿Dónde está? ¿Con quién está conversando? ¿Qué hablan privadamente con este delincuente de alto calibre? ¿Será por eso que no quisieron una audiencia virtual?“, publicó el gobierno de Laura Fernández en redes sociales.
La presidenta de la República, Laura Fernández, junto a los ministros de Seguridad y Presidencia, Gerald Campos y Rodrigo Chaves. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Los imputados se benefician de los ataques del gobierno al Poder Judicial, dice Fiscalía
Al respecto, la Fiscalía dijo que quienes se benefician de las desacreditaciones del gobierno al Poder Judicial son los imputados en casos de presunta delincuencia organizada.
Añadió que el esfuerzo por la captura del Diablo “no puede verse empañado por afirmaciones irresponsables y carentes de fundamento que desconocen el profesionalismo y compromiso de quienes diariamente arriesgan su vida para combatir a las organizaciones criminales”.
El Ministerio Público rechazó que se cuestione la legalidad y transparencia de diligencias judiciales que, según afirmó, se realizan en apego a la Constitución Política, el Código Penal y los protocolos de seguridad.
“Las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que estas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad, definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia.
“El Ministerio Público actuará como corresponda en cada caso, conforme a sus facultades legales, independientemente de que eso incomode a cualquier otro poder de la República“, insistió.
