El documento fue publicado por este medio y luego por otros medios digitales el 4 de agosto, según alegó Cubillo en la denuncia presentada el mismo día, poco antes de las 5 p. m.
Ante la Policía Judicial, Cubillo aseguró que la filtración del informe, de abril del 2026, pone en riesgo la seguridad de los investigadores y de las autoridades judiciales. Además, indicó que ha recibido varias llamadas desde números desconocidos, en las que se le ha amenazado y responsabilizado por el documento.
El exdirector de la Fuerza Pública, actualmente asignado a la Dirección de Apoyo Legal del Ministerio de Seguridad Pública, solicitó a las autoridades determinar quién filtró la investigación, pues, según alegó, los medios de comunicación “no tienen por qué tener dicha investigación”
La denuncia se refiere al documento MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-331-2026, fechado el 12 de abril del 2026 y dirigido a Cubillo un mes y cinco días antes de dejar el cargo debido al cambio de gobierno.
Cubillo escribió qué hizo con el informe
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, anunció este miércoles que su institución denunció al exdirector Marlon Cubillo y al exviceministro de Seguridad, Erick Lacayo, porque no habrían dado trámite al informe de inteligencia luego de que lo recibieron, mientras estuvieron en sus cargos.
“Hemos revisado todo. No se ordenó ninguna investigación ni se mandó al Ministerio Público”, aseguró el ministro.
En su denuncia, Marlon Cubillo afirmó que, tras recibir el informe de inteligencia, se realizaron “varias diligencias en la zona sur” con el objetivo de “fortalecer el trabajo operativo de la zona a nivel de prevención”.
Además, dijo, se le informó a la unidad de inteligencia de dicha región sobre la situación y, según plasmó en la denuncia, los funcionarios destacados en ese departamento tenían información pendiente y tramitada con la autoridad judicial.
El exdirector aseveró que sostuvo una reunión con los jefes policiales para alertarlos sobre la situación que se estaba reportando y, posteriormente, se realizó un encuentro con el jefe de la Policía Judicial de Ciudad Neilly, donde se discutió sobre los temas citados en el informe y la situación delictiva que existía en la zona.
“Según nos informaron, dichas diligencias estaban siendo asignadas a la investigación para efectos de determinar la certeza de dicha información”, dijo.
El 17 de mayo, Cubillo entregó la dirección general de la Fuerza Pública al actual jerarca, Raúl Rivera Bonilla, a quien, según dijo, le emitió un informe sobre “los pormenores y la situación existente”.
Además, según tuvo conocimiento La Nación, Marlon Cubillo documentó un informe previo sobre posible corrupción en la zona y notificó del mismo a la Fiscalía General.
¿Qué dice el informe?
El documento publicado por este diario analizó los antecedentes de 122 funcionarios destacados en las delegaciones de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez, así como en la Dirección Regional 10, en Corredores. 116 agentes de ellos estarían colaborando con organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata de migrantes, dice el informe.
La investigación también acredita la existencia de una estructura de oficiales que, en apariencia, colabora con grupos dedicados al contrabando de licor y señala a otros policías por otros delitos como femicidio (un caso), violación (tres casos), violencia doméstica (uno) y favorecimiento real (cinco), entre otros.
Según el documento, algunos oficiales estarían brindando seguridad a vehículos utilizados para transportar estupefacientes, recibirían pagos por los denominados “avionetazos”. Al menos 10 serían cercanos al extraditable Michael Corella Amador, alias Rojo.
