Un informe confidencial elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) advierte sobre una presunta infiltración del crimen organizado dentro de la Fuerza Pública de la Región Brunca Sur.
Se trata del documento MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-331-2026, fechado el 12 de abril del 2026 y dirigido al entonces director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
El documento, del cual La Nación tiene copia, analizó los antecedentes de 122 funcionarios destacados en las delegaciones de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez, así como en la Dirección Regional 10, en Corredores.
El documento tiene observaciones para 116 agentes, por su presunta colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata de migrantes. También, acredita la existencia de una estructura de oficiales que, en apariencia, colabora con grupos dedicados al contrabando de licor y señala a otros policías por otros delitos como femicidio (un caso), violación (tres casos), violencia doméstica (uno) y favorecimiento real (cinco), entre otros.
Hay oficiales que aparecen reseñados por varios presuntos delitos, como tráfico de migrantes y aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas.
El informe enfatiza que buena parte de la información proviene de fuentes humanas confidenciales, por lo que requiere corroboración y no puede considerarse prueba directa para sustentar una acusación penal.
Entre los principales hallazgos, la Dirección de Inteligencia sostiene que 27 oficiales estarían colaborando con organizaciones dedicadas al trasiego de droga.
Según el documento, algunos brindarían seguridad a vehículos utilizados para transportar estupefacientes, recibirían pagos por los denominados “avionetazos” y participarían en actividades relacionadas con la trata de personas.
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Varios aparecen en sistema del ICD
Según el análisis de Inteligencia, varios de los funcionarios investigados aparecen registrados en el Sistema de Consulta y Registro (Sicore), adscrito al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como supuestos colaboradores de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las funciones que se les atribuyen incluyen labores de escolta, apoyo logístico, coordinación de aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas y movilización de cargamentos de droga en la zona sur.
Como factor de riesgo, el informe sostiene que muchos de los funcionarios señalados enfrentan problemas económicos, situación que, según las fuentes confidenciales consultadas, facilitaría su colaboración con organizaciones criminales como una fuente adicional de ingresos.
Contrabando de licor
Asimismo, el informe señala que 44 funcionarios presuntamente colaborarían con la estructura criminal conocida como Los Wiskeros, dedicada al contrabando de licor. La información de Inteligencia les atribuye funciones como coordinar el traslado de vehículos y cargamentos, alertar sobre retenes policiales, suministrar información sobre rutas y brindar custodia a automotores utilizados para transportar licor de contrabando, a cambio de dinero.
Según la investigación, existe una organización jerarquizada integrada por policías que utilizan incluso recursos estatales para favorecer el contrabando de licor, al tiempo que oficiales con cargos de mando tendrían un papel especialmente valioso para esas estructuras debido al alcance de sus funciones.
La Dirección de Inteligencia también analizó amenazas recibidas por 15 policías destacados en la Dirección Regional 10, en el cantón de Corredores.
Aunque inicialmente los incidentes se relacionaban con decomisos de droga y licor, el documento indica que existen razones para creer que, en algunos casos, las amenazas obedecerían a conflictos entre grupos criminales rivales y no únicamente al cumplimiento de labores policiales.
El supuesto reclutador
El informe identifica a un oficial como el presunto cabecilla de una estructura dentro de la Fuerza Pública dedicada a reclutar a otros policías para colaborar con organizaciones criminales.
Además, menciona a otro funcionario, quien, según el documento, estaría relacionado con la filtración de información policial hacia estructuras criminales.
El reporte hace referencia al policía Michael Corella Amador, alias Rojo, actualmente sometido a un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Numerosos informantes lo mencionan como socio de algunos de los funcionarios señalados. Incluso, el informe alude a comentarios atribuidos a una expareja sentimental del policía, sobre un supuesto incremento patrimonial vinculado a Corella.
Expediente por presunto femicidio
El documento cita un expediente judicial contra un policía por un presunto delito de femicidio, que se tramita en la Fiscalía de Osa. La Nación envió consultas al Ministerio Público para conocer el estado de este expediente, por hechos ocurridos en febrero del 2022.
También hay tres agentes con expedientes abiertos por violación, uno en Puntarenas y otro en Golfito. El tercero, según se cita, estuvo preso dos meses en la cárcel de San Sebastián, pero salió en noviembre del 2025. Estaba suspendido de su cargo hasta mayo del 2026, y se desconoce su situación actual.
Este diario envió consultas sobre los alcances del informe a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, pero al cierre de este artículo no se había documentado el acuse de recibo.
Recomendaciones
Ante los hallazgos, la DIAC recomienda valorar la reubicación de aquellos oficiales que carezcan de arraigo en la zona, continuar recopilando evidencia que permita confirmar o descartar las sospechas y remitir la información a las autoridades competentes para la apertura de investigaciones penales y procedimientos disciplinarios.
El documento concluye que la información contenida constituye únicamente un insumo de inteligencia para orientar decisiones institucionales y no debe interpretarse como prueba suficiente para formular acusaciones, pues toda la información permanece sujeta a verificación.
Colaboró en esta información Natalia Vargas.