
Una banda de contrabando de licores, conocida como “Los Whiskeros”, habría reclutado a 44 policías para facilitar sus actividades ilegales en el sur de Costa Rica. El papel de los oficiales es logístico: participan “en la coordinación de traslados de los vehículos y cargamentos entre distintos puntos, así como en el suministro de información relacionada con rutas, puntos de interés y eventuales controles de carretera”.
Así lo expone un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), el cual vincula a 116 funcionarios de la Fuerza Pública con actividades de crimen organizado.
A cambio, dice el documento, los oficiales reciben “retribuciones económicas” y, en algunos casos, usan las propias patrullas para custodiar los cargamentos.
El informe añade que otros 27 policías estarían colaborando con organizaciones de narcotráfico. Sus funciones van más allá de ocultar información, pues también brindan “labores de escolta, apoyo logístico y colaboración en la coordinación de aterrizajes ilícitos de aeronaves en pistas clandestinas, utilizadas para el ingreso y movilización de drogas”.
La infiltración llega al punto de “dar seguridad en las unidades policiales a otros vehículos donde se transporta droga, además de recibir dinero por los llamados ‘avionetazos’”.
Un tercer grupo aparece vinculado a “actividades relacionadas con la trata ilícita de migrantes en la zona fronteriza” con Panamá y varios de esos oficiales operan simultáneamente en los tres frentes.
Presunta complicidad de mandos medios
Uno de los hallazgos más graves es la presunta complicidad de mandos medios.
“Es probable que oficiales que ostentan grados dentro de la escala ejecutiva y tienen personal a cargo participen en estas actividades ilícitas, lo que los vuelve en miembros muy valiosos para estas estructuras criminales por el alcance de sus funciones.
“Al no existir una verdadera supervisión por parte de los mandos medios de la zona, es muy difícil monitorear el recurso policial, porque según la información suministrada por el personal de inteligencia de zona, se sabe que los oficiales de guardia y despachadores colaboran con estas estructuras criminales”, dice el documento.
Añade que uno de los policías cumple la función de reclutar más oficiales para las estructuras.
Según la DIAC, el comportamiento de los funcionarios obedece a dos causas:
- “Muchos de estos oficiales tienen problemas económicos, llevándolos a colaborar con estas estructuras criminales como fuente adicional de ingresos".
- La ausencia de controles internos, pues "no existe una verdadera supervisión por parte de los mandos medios de la zona y es muy difícil monitorear el recurso policial".
Algunas de las funciones que presuntamente desempeñan los policías cuestionados son:
- Cobro
- Transporte de droga con la mampara de trasladar pescado para la venta
- Contrabando de licor
- Contrabando de migrantes
Hasta el momento, el caso no ha sido judicializado. La Nación envió una serie de consultas al MSP en torno a este tema, sin que al cierre de edición se recibiera respuesta.
