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El anuncio de que las actividades masivas no regresarían hasta enero del próximo año debido a la pandemia del nuevo coronavirus, mantiene en la desesperación a los hogares de Wendy García, Marleny Hartman y Giovana Caruzo, quienes tienen sus contratos suspendidos desde marzo.
Las primeras dos mujeres son jefas de hogar y trabajaban como saloneras de eventos especiales en hoteles, antes de que los brotes del virus suspendieran sus labores.
Caruzo sostiene el hogar junto a su esposo, pero ambos laboran en casinos, actividad que tampoco volverá en el corto plazo.
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Todas son trabajadoras suspendidas a largo plazo, pues tienen casi cinco meses sin recibir salario y no podrán retomar sus puestos pronto, debido a las restricciones.
Mientras esperan ese momento, tampoco consiguen otras oportunidades de trabajo en un mercado laboral cada vez más reducido a raíz de la crisis originada por la pandemia.
Unas 551.000 personas estaban desempleadas para el segundo trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En tanto, la pandemia dejó a unos 64.000 trabajadores con contratos suspendidos, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Solo los patronos de 1.600 de esos empleados los reintegraron a sus labores.
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Trabajo descartó, de momento, extender el subsidio por tres meses más a los beneficiarios, pues el propósito es cubrir a la mayor cantidad de personas afectadas.
‘Hambre y desesperanza’
Esa realidad tiene a Wendy García cerca de perder la vivienda donde habita con sus dos hijos, un universitario de 18 años y una niña de 12. Ninguno de ellos recibe pensión de su padre.
La vecina de Aserrí afirmó que sostiene las necesidades básicas de su hogar con tarjetas de crédito, ya que no ha recibido bono Proteger.
“He sobrevivido a puras tarjetas de crédito y ya estoy ahogada, no tengo de dónde más sacar. Imaginate las deudas que puedo tener en este momento”, afirmó la jefa de hogar.
La reactivación del cobro de las cuotas del préstamo ahora tienen a Wendy desesperada, ante la posibilidad de perder el techo.
“Durante muchos años trabajé turnos dobles para poder dar una prima y comprarme una casa. Entregué la prima y resulta ser que estoy a punto de perderlo todo, voy a perder mi casa”, exclamó.
La mujer, de 40 años, ha buscado empleo en restaurantes, comercios y empresas de servicio, pero ni siquiera la han llamado para una entrevista de trabajo.
Ella tiene más de 25 años de experiencia en el gremio de bebidas y alimentos. No obstante, también optó por recoger café con tal de tener algún ingreso, pero mostró un mensaje para evidenciar que tampoco le respondieron.
“Es una incertidumbre total, no existe ni una posibilidad de encontrar trabajo. A parte de eso yo lidio con la edad que tengo, de 40 años. Estoy un escalón por debajo de otras personas por ser mayor y también por ser mujer.
“La pandemia nuestra es el hambre y la desesperanza”, afirmó García.
‘No puedo dar a mis hijos lo que necesitan’
Ese mismo sentimiento embarga a Marleny Hartman, una madre panameña con tres hijos costarricenses de 10, 11 y 13 años.
Ella también laboraba ocasionalmente como salonera de eventos para un hotel metropolitano, sin embargo nunca la inscribieron como trabajadora formal, por lo que su condición es aún más incierta.
La mujer de 40 años no pudo solicitar el bono Proteger, pues recibe una ayuda económica de ¢100.000 por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). No obstante, según dice, el subsidio se le vence en setiembre.
Para entonces, afirma, dependerá de los diarios que recibe del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de las becas estudiantiles de sus hijos.
Hartman cuenta que hace unos días, la mujer que le alquila la casa donde vive, en Santa Bárbara de Heredia, llegó a echarla.
Desde entonces, asegura, no puede dormir de pensar qué va a hacer cuando le entreguen la orden de desalojo.
“La señora me hizo un escándalo. Me echó de la casa y no sé en qué momento me va a llegar la orden de desahucio.
“No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo ningún lado para irme. No sé adónde me voy a meter con mis tres hijos”, afirmó Marleny.
Ella pagaba ¢200.000 mensuales. No obstante, cuando suspendieron todas las actividades en que trabajaba, dejó de recibir remuneración.
Enseguida los pocos ingresos que llegaban a su hogar los utilizó para pagar los servicios públicos y comprar uno que otro alimento o producto de higiene.
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Producto del desespero que vive por la situación económica de su hogar cuenta que toma pastillas para poder dormir.
“Paso con las puertas cerradas porque no sé en que momento llegan a hacerme un escándalo por no poder pagar el alquiler.
“Son unos nervios horribles, muchas veces me digo, ‘quiero que el mundo se acabe y desaparecer ya’, porque es demasiada la presión que vivo en mi hogar, de la impotencia y frustración de que no puedo dar a mis hijos lo que necesitan y de ni siquiera poder asegurarles un techo donde no nos vengan a tocar la puerta, que no echen y tengan que pasar por esa humillación”, dijo.
‘Nos sostenemos por la ayuda de mi mamá y mi hermana’
Giovana Caruzo y su esposo se quedaron sin salario desde el 15 de marzo pasado, cuando la pandemia de coronavirus obligó a cerrar los casinos de todo el país.
Ellos sostuvieron su numerosa familia durante años laborando en esta actividad económica. Pero ahora es catalogada como foco de infección de covid-19 y se quedaron sin permiso de funcionamiento.
Tentativamente no podrán operar hasta enero del próximo año.
La impotencia de sentirse productiva y de llevar el sustento a su hogar atormenta a Caruzo, quien dichosamente ha recibido apoyo económico en su familia, pues a ninguno de los dos les llegó el bono Proteger.
“Nos estamos sosteniendo por la ayuda de mi mamá que es pensionada y de mi hermana que tiene una jefatura en el Hospital México. Viendo mi situación ellas nos están ayudando.
“Nosotros tenemos casa propia, entonces mi mamá me ayuda con los recibos y mi hermana con la alimentación. Así es como hemos sobrevivido”, afirmó la mujer de 44 años.
En este hogar de Los Lagos de Heredia también viven dos de sus hijos, de 20 y 15 años, ambos estudiantes. Así como dos de sus nietos, de tres años y dos meses de edad.
Caruzo, quien hasta marzo era gerenta de un casino josefino, solicitó junto a su esposo el subsidio estatal, pero a ninguno de los dos le entregaron el bono.
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Ahora ella lidera un movimiento para pedirle al Ministerio de Salud que permitan a los casinos operar bajo estrictas medidas sanitarias, para que más de 2.500 trabajadores del gremio puedan llevar sustento a sus casas.
“Vivimos incertidumbre, temor, preocupación. Los que tuvieron el bono Proteger pudieron ayudarse con los alquileres, pero ya no van a recibir más pagos y ahora tienen la incertidumbre de que los saquen de sus casas.
“Y los que no han recibido peor, todavía estamos esperando si entre los bonos nuevos nos va a tocar a algunos de nosotros”, afirmó.
