El Gobierno se comprometió con los alcaldes a flexibilizar restricción vehicular y permitir la operación a algunos negocios durante las fases de cierre por la pandemia.

En una reunión con el mandatario Carlos Alvarado, Casa Presidencial ofreció unificar el horario de la restricción vehicular entre territorios con alerta naranja y amarilla, ampliar la lista de comercios con permiso de funcionamiento durante periodos de cierres y permitir la apertura de algunas comunidades con menor transmisión en territorios en condición naranja.

Esos fueron los acuerdos que, según Johnny Araya, se comprometió a cumplir Alvarado después de una reunión de tres horas con autoridades del régimen municipal.

El alcalde de San José y presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), afirmó, después del encuentro, que darán un periodo de tregua para que el Poder Ejecutivo cumpla sus compromisos.

“Esta reunión se produce en un momento de desencuentro, entre los gobiernos locales con el Poder Ejecutivo por una serie de disposiciones que se han venido tomando en el manejo de la crisis (...) Sin embargo se ha abierto un espacio y hemos avanzado en algunos temas importantes.

“Tengo que reconocer que ha habido una apertura. De alguna manera estas medidas flexibilizan la situación que teníamos, sin embargo, esperamos que muy pronto se anuncien cómo se van a materializar estos acuerdos por parte del Gobierno y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)”, afirmó Araya.

El alcalde capitalino no dio detalles sobre cuál sería la nueva restricción vehicular sanitaria generalizada para todo el país, pues afirmó que Presidencia se encargará de informarlo a la población en el espacio oportuno. Tampoco precisó cuáles negocios tendrían permiso de funcionamiento en medio de la semana de cierres.

Mediante un comunicado de prensa, Presidencia confirmó dichos acuerdos.

Además, añadieron que los alcaldes se enterarán de las medidas que se aplicarán en sus cantones con 24 horas de antelación a los anuncios que se realizan en las conferencias de prensa.

Leonardo Chacón, alcalde de Dota y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendentes (ANAI), afirmó que el acuerdo fue positivo para todas las partes.

“Hemos logrado hablar varios puntos importantes como la reactivación económica donde se va a hacer el estudio para permitir la reapertura de algunos locales. Además hemos logrado consensuar una mesa de diálogo permanente donde vamos a estar los alcaldes, alcaldesas e intendentes de Costa Rica”, afirmó Chacón.

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Negativa

Los gobiernos locales plantearon permitir días de apertura en días cercanos a la celebración del Día de la Madre, el 15 de agosto. No obstante, según Araya, el presidente Alvarado no cedió en ese punto.

“Si quiero decirles que los alcaldes planteamos la necesidad de que la próxima semana, que es cercana al Día de la Madre, pudiera haber una apertura de, por lo menos, algunos días de la semana.

“En ese tema pues no hubo acuerdo. Recibimos una amplia explicación de cómo se manejan las variables epidemiológicas y el impacto que tienen estas aperturas con respecto al comportamiento de camas en hospitales y en cuidados intensivos, y en eso sí encontramos que no hay disposición para esa apertura”, afirmó.

En el encuentro, antecedido por la reunión de Alvarado con empresarios, participó además el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexander Solís, y la presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marcela Guerrero.

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La reunión con organizaciones del régimen municipal ocurre un día después de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) eligiera a Johnny Araya como su presidente ejecutivo.

El miércoles, los alcaldes de Escazú, Santa Ana y Mora exigieron al gobierno no aplicar los cierres de 12 días a mediados de agosto en sus cantones.

También amenazaron con retirar el apoyo de las policías municipales para la vigilancia de la restricción vehicular sanitaria, así como con el retiro de carros y choferes para realizar pruebas y repartir medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a la caída de ingresos de patentes ante cierres definitivos de negocios.

Otros alcaldes han presentado propuestas al Gobierno Central para que reduzca el estado de alerta en algunos de sus distritos. Por ejemplo, el plan que enviaron las municipalidades de Tibás, Moravia, Goicoechea y Coronado.

Esos gobiernos locales piden bajar la condición de alerta en Rancho Redondo y Mata Plátano de Goicoechea; San Jerónimo de Moravia; Llorente de Tibás; y Cascajal de Coronado.

Así no se les aplicaría los cierres programados del 10 al 21 de agosto en los territorios con alerta naranja.

Las disputas entre gobiernos locales y Poder Ejecutivo por las medidas de cierre empezaron a surgir a mediados de julio, cuando el alcalde de Garabito, Tobías Murillo, amenazó a Presidencia con sublevarse contra las medidas si no bajan el estado de alerta de su cantón.

Un día después, la Comisión Nacional de Emergencias otorgó a Garabito la alerta amarilla, permitiéndole continuar con su proceso de reapertura económica.

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