El Gobierno busca donaciones de países amigos para conseguir las vacunas que permitan proteger contra la covid-19 a la población extranjera en condición migratoria irregular.

Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, confirmó esa acción ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, este martes, durante la audiencia a la cual asistió para justificar la necesidad de un préstamo por $80 millones para financiar el plan de vacunación contra la covid-19.

“Para los irregulares (personas en condición migratoria irregular), que están en una condición que no pueden demostrar absolutamente nada más, se ha estado tratando de trabajar con posibilidades de traer más donaciones, como la de Estados Unidos, que fortaleció la estrategia de vacunación.

“Cuando empiecen a llegar otras vacunas a través de Covax, o por medio de AstraZeneca o Pfizer, permitirá que podamos abarcar con más facilidad a estos otros grupos, pero se sigue explorando si hay donaciones para poder ir vacunándolos, que sabemos que es importante”, respondió Salas a la consulta planteada por la legisladora oficialista, Nielsen Pérez.

No trascendieron más detalles sobre los contactos realizados desde la Cancillería para conseguir esas donaciones.

Salas también informó de que Salud le recordó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no es requisito estar asegurado para vacunarse.

“No se ha pedido que la persona esté asegurada para ser vacunada, como lo hacemos con las diferentes vacunaciones. Hoy (martes 17 de agosto para los lectores), se le indicó a la Caja que tenía que ser más ágil en la vacunación de personas que tengan algún estatus, y que muestren su rumbo a la regularidad en la residencia en el país porque queremos es que no haya ningún impedimento para esa población”.

Tampoco es necesario estar asegurado para recibir atención contra el SARS-CoV-2.

El 27 de julio, un reportaje de La Nación denunció que las personas en condición migratoria irregular que viven en Costa Rica no tienen acceso a las vacunas contra la covid-19.

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Tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) manifestaron que estos ciudadanos solo pueden recibir las dosis si regularizan su estatus migratorio.

De acuerdo con especialistas en Salud Pública consultados por este diario, esto no solo es un peligro para la salud de estas personas, sino que también dificulta las acciones para contener la transmisión comunitaria y un obstáculo para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Una ‘semana’ muy larga

El mismo día en que salió el reportaje, el presidente Carlos Alvarado Quesada admitió que la población en condición migratoria irregular debía ser vacunada “en atención a los derechos humanos y por tratarse de un asunto de interés público”.

Afirmó, incluso, que hay una “solución en camino”, en referencia a otra donación de vacunas de la cual no quiso revelar detalles.

“Eso esperamos finiquitarlo esta semana (las declaraciones las dio el 27 de julio) para tener una respuesta para esa población y tener una protección de todos los habitantes de nuestro país. Es un tema en nuestro radar y que es de nuestro interés resolver. Ya hay una ruta y esperamos comunicarla una vez que la tengamos amarrada”, declaró Alvarado a finales de julio.

Desde entonces han pasado tres semanas y oficialmente no se ha informado nada, mientras estas personas continúan sin recibir la protección contra la enfermedad.

Solo se sabe que la estrategia para proteger a ese grupo poblacional la trabajan en conjunto el Ministerio de Salud y la Cancillería.

‘Problema serio’

Copiado!

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), se pronunció el 3 de agosto sobre este tema.

En un boletín oficial, afirmaron que el control de la pandemia por SARS-CoV-2 requiere vacunar al mayor número posible de personas, incluyendo aquellas en condición migratoria irregular.

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“Este grupo constituye un porcentaje importante de la población y es uno de los más vulnerables, debido, entre otras cosas, a sus condiciones socioeconómicas.

“Negarles la vacuna constituye un problema serio para la salud pública y para nuestro sistema hospitalario. Podría facilitar la transmisión comunitaria, la aparición de nuevas variantes y retardar el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño”, advirtió la Academia, que reúne a los principales científicos y científicas costarricenses.

La Academia considera que el Gobierno debe flexibilizar los trámites administrativos en los vacunatorios. Por ejemplo, asegurar a estas personas que su información personal no será compartida con autoridades de migración para que no teman ir a vacunarse.

La población migrante en condición irregular es de las más vulnerables.

A comienzos de la emergencia nacional por la covid, se convirtieron en los primeros focos de brotes por las condiciones de trabajo, descubiertas en algunas plantaciones de la zona norte.

Posteriormente, las llamadas cuarterías, sobre todo en la capital, tuvieron a población migrante bajo el foco.

Por esta razón, tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como el Ministerio de Salud, dijeron que la atención de cualquier migrante enfermo de covid sería cubierta.