EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sacó de la agenda de la sesión ordinaria de su Junta Directiva la discusión que tenía prevista realizar este jueves sobre los acuerdos con sindicatos en materia de anualidades y pluses, y el movimiento de huelga.
Una convocatoria a la cual tuvo acceso La Nación, enviada la tarde-noche del martes a los miembros del máximo órgano de decisión de la Caja, incluía como quinto punto de agenda el informe de la Gerencia General sobre el movimiento de huelga.
LEA MÁS: Junta de CCSS conocerá informes sobre acuerdos con sindicatos y el impacto de huelga
Posteriormente, el punto sexto, programaba para la sesión ordinaria 9046, del 22 de agosto, a partir de las 9 a. m., el informe de análisis de acuerdos sindicales, que debía presentar el nuevo asesor legal de la Junta Directiva, nombrado apenas hace una semana.
La convocatoria se realiza con al menos un día de anticipación a la sesión ordinaria, como esta, o extraordinaria, cuando se hace en un día que no sea jueves.
No obstante, parte del contenido de la agenda cambió unas horas de comenzar la reunión, en la sala de sesiones, ubicada en el noveno piso del edificio principal de la Caja, sobre avenida segunda, en San José.
Los temas relacionados con la huelga no aparecen del todo. Solo asuntos bajo responsabilidad de otras gerencias, como la Financiera. Además, el inicio de la sesión se trasladó para el mediodía.
Se desconocen las circunstancias del cambio de planes, pues el procedimiento indica que la propuesta de temas se debe someter a discusión y aprobación de la Junta.
¿Quedarían pendientes?
Durante toda la mañana de este jueves, La Nación solicitó a las autoridades, por medio de la oficina de prensa de la Caja, la confirmación del cambio en la agenda y las razones, pero no se han recibido respuestas.
Alrededor del mediodía, solo se indicó que “la Junta Directiva emitirá un comunicado esta tarde”, sin precisar en qué momento. Casi a las 3 p.m., ese comunicado no había llegado.
Tampoco ha sido posible contactar al director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro, para que explique su participación como cabeza del equipo asesor en todo este proceso. Se le ha intentado contactar desde el 16 de agosto.
Las autoridades de la Caja, en su momento, han dicho que los acuerdos se han firmado bajo un marco de legalidad que, según ellos, cambió con la emisión de varios decretos ejecutivos en los últimos meses.
LEA MÁS: Presidente de la CCSS: ‘Que sea un juez quien defina quién tiene la razón’
La propuesta de temas para discutir en la Junta Directiva es responsabilidad de la presidencia ejecutiva de la CCSS. En este caso, de Román Macaya Hayes.
Esta sería la primera reunión después de que se depusiera la huelga que afectó por ocho días –del 5 al 12 de agosto, inclusive– los servicios de salud de todo el país y causó más de 82.000 citas canceladas, 1.600 cirugías sin hacer y más de 20.000 exámenes o procedimientos diagnósticos sin realizar.
La forma en que se puso fin a esta protesta y los asuntos que han trascendido posterior a la huelga han desencadenado un debate nacional, en donde no han dejado de llover cuestionamientos desde las cámaras empresariales, la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda, vinculados con la legalidad de ese acuerdo y del suscrito seis meses atrás, el 20 de febrero.
Ambos compromisos, según expertos en Derecho, desafían la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, cuya aprobación se logró en diciembre superando una prolongada y violenta huelga entre setiembre y noviembre pasados.
LEA MÁS: Acuerdo previo obligaría a contribuyentes a pagar pluses girados de más a empleados de CCSS
Para acabar con la última huelga en la Caja, el acuerdo del 12 de agosto entre Gobierno, autoridades de la CCSS y sindicatos se hizo a cambio de elevar el diferendo por el pago de anualidades y otros pluses a la vía judicial mediante un juicio de lesividad, donde, de ser aceptado, pasará no menos de cinco años para que sea resuelto.
En el ínterin, las autoridades de la CCSS se comprometieron a respetar lo suscrito el 20 de febrero con los grupos sindicalistas en lo concerniente al pago de incentivos laborales, que se seguirían calculando como porcentaje del salario y no como un monto nominal o fijo, según lo obliga la reforma fiscal, del 4 de diciembre del 2018.
