Ángela Ávalos. 21 agosto
La huelga de ocho días en los servicios de salud finalizó con la firma de un acuerdo entre Gobierno, autoridades de la CCSS y sindicatos, en donde estos últimos lograron que no se toquen anualidades y pluses calculadas como porcentaje del salario mientras un tribunal contencioso administrativo resuelve el diferendo sobre estos temas. En esa negociación, participó el ministro de Trabajo, Steven Núñez (izq.), y el director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro (al centro), como parte del equipo legal asesor, quien aparece conversando con un sindicalista no identificado. Foto: Rafael Pacheco
La huelga de ocho días en los servicios de salud finalizó con la firma de un acuerdo entre Gobierno, autoridades de la CCSS y sindicatos, en donde estos últimos lograron que no se toquen anualidades y pluses calculadas como porcentaje del salario mientras un tribunal contencioso administrativo resuelve el diferendo sobre estos temas. En esa negociación, participó el ministro de Trabajo, Steven Núñez (izq.), y el director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro (al centro), como parte del equipo legal asesor, quien aparece conversando con un sindicalista no identificado. Foto: Rafael Pacheco

Los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conocerán este jueves informes sobre los polémicos acuerdos que la entidad firmó con los sindicatos del sector, el 20 de febrero y el 12 de agosto.

Así quedó establecido en la agenda de la sesión en la que participarán al menos ocho de los nueve representantes de los sectores patronal, estatal y de los trabajadores.

Uno de los informes fue encargado al nuevo asesor legal del máximo órgano de la Caja, funcionario que comenzó labores hace apenas una semana.

También tendría participación el director jurídico de la institución, Gílberth Alfaro, quien tiene asiento permanente en las sesiones de Junta y participó en la elaboración de los convenios.

En el primero de los acuerdos, suscrito en febrero, Caja y sindicatos convinieron en conservar el pago de las anualidades y otros pluses acumulados hasta la entrada en vigencia de la reforma fiscal (diciembre del 2018) como un porcentaje del salario, aunque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece un monto fijo nominal.

Luego, el 12 de agosto, pactaron mantener el primer acuerdo mientras llevan el caso a los tribunales contencioso administrativos mediante un juicio de lesividad, para que decida la legalidad de aquella decisión.

Ese proceso podría tardar más de cinco años, por lo que esta salida ha sido cuestionada por grupos políticos y por el sector empresarial.

Marielos Alfaro Murillo, representante de los empresarios en la Junta Directiva de la Caja, adelantó a La Nación la semana anterior que pediría cuentas al director jurídico.

“Todos preguntamos por qué estaban yendo en esa dirección, y ellos (los abogados) dijeron que esa era la dirección adecuada, pero ahora surgen cuestionamientos sobre la legalidad de todos los acuerdos que se tomaron. Como directores, se les dio un voto de confianza. Se les dijo: ‘Vayan negocien y resuelvan en el marco de la legalidad’", comentó Alfaro el viernes en referencia a la reunión a la cual ocho directivos de la Caja fueron convocados el 11 de agosto.

Los directivos de la CCSS también esperan conocer un informe de la Gerencia General sobre la huelga de este mes que paralizó por ocho días los servicios de salud de todo el país y generó más de 82.000 citas canceladas, 1.600 operaciones sin hacer y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos sin realizar.

Precisamente, fue para poner fin a ese movimiento de protesta que las autoridades de la institución firmaron el segundo acuerdo con los sindicatos.

Ante consultas reiteradas de este medio sobre los avances en el proceso de lesividad, la oficina de prensa de la Caja confirmó que la Dirección Jurídica “se encuentra en el proceso de análisis y elaboración del documento que será remitido a las instancias correspondientes. Una vez que se proceda con la presentación formal, estaremos dándolo a conocer al país”.

Los líderes sindicales no ocultaron su satisfacción por el acuerdo del 12 de agosto en donde el Gobierno y las autoridades de la Caja se comprometen a respetar lo firmado seis meses antes en relación con el pago de anualidades y pluses. En la foto, los dirigentes gremiales Lenín Hernández (izq.), Edwin Solano y Marta Rodríguez el día en que anunciaron la prolongación de la huelga. Foto: Jorge Castillo
Los líderes sindicales no ocultaron su satisfacción por el acuerdo del 12 de agosto en donde el Gobierno y las autoridades de la Caja se comprometen a respetar lo firmado seis meses antes en relación con el pago de anualidades y pluses. En la foto, los dirigentes gremiales Lenín Hernández (izq.), Edwin Solano y Marta Rodríguez el día en que anunciaron la prolongación de la huelga. Foto: Jorge Castillo

El proceso implica un primer paso: que la Junta Directiva declare los acuerdos como dañinos o lesivos para los intereses públicos o económicos de la institución.

Desde el viernes anterior, La Nación ha intentado conversar con Gilberth Alfaro sobre este y otros asuntos, pero no ha sido posible.

Por medio de la oficina de prensa, el director jurídico solicitó por escrito las preguntas y pidió tiempo para contestarlas al estar “construyendo varios criterios jurídicos solicitados por las autoridades en forma prioritaria”, sin especificar de qué se trataba.

De los resultados de la sesión de este jueves también están pendientes los líderes sindicales, según se desprende de un comunicado publicado en redes sociales por el llamado Frente Sindical por la Defensa de la Caja, que agrupa 17 organizaciones.

Según este, se “mantendrán atentos y vigilantes para velar por la defensa de los acuerdos” y advierten que están dispuestos a “tomar las medidas que sean necesarias”.