La huelga se originó porque la ley de reforma fiscal, aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre, ordena convertir el pago porcentual de sobresueldos en un pago nominal, es decir, un monto fijo, para evitar el crecimiento exponencial de esa remuneración en medio del déficit fiscal que afecta al fisco.

Pese a ello, el 20 de febrero, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, le firmó a los sindicatos un documento en el cual se compromete a respetar los pagos porcentuales, pese a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (ley de reforma fiscal) establece lo contrario.

Ahora, tanto él como sindicalistas firmaron un acuerdo para elevar el conflicto al Tribunal Contencioso-Administrativo, ante el cual la Caja presentará un proceso de lesividad con “el objetivo de que se aclare si los cambios en el pago de anualidades e incentivos implementados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas rigen para esta institución”.

Un proceso de lesividad es la manera en que el Estado pide anular actos propios que le resultan perjudiciales.

Durante la huelga de ocho días, 68.000 personas perdieron sus citas médicas y 1.400 quedaron sin operar pese a que tenían la cirugía programada. Además, la familia del químico de 48 años, Mario Castro Calvo, denunció su muerte por falta de atención pronta en el hospital de Alajuela.

Al menos, el 25% de los trabajadores de la CCSS se unieron al movimiento, según cifras de la entidad. Ninguno de ellos sufrirá reducción en sus salarios por los días no laborados, dice el compromiso que les firmó la CCSS.

Igualmente, el Gobierno ofreció presentar un proyecto de ley, posiblemente en las actuales sesiones extraordinarias, para que se les mantenga el sistema de pago bisemanal, pese a que ley de reforma fiscal dice lo contrario.

El proceso que viene

La CCSS, ahora, irá al Tribunal Contencioso-Administrativo para que resuelva sobre el acuerdo de febrero entre Macaya y sindicatos.

Específicamente, pedirá analizar el numeral 1.1 titulado “Anualidades” y el párrafo del numeral 2.1, titulado “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses” del “Acta de Acuerdos celebrada entre la Caja Costarricense de Seguro Social y representantes sindicales para la implementación de la ley 9635”, firmada a las 20 horas del 20 de febrero de 2019 .

Dicho acuerdo, aseguraba a empleados de la institución el cálculo de incentivos y anualidades de manera porcentual y no por monto fijo, como lo señaló la ley de reforma fiscal.

Mientras el juez resuelve y se emite una sentencia en firme, el acuerdo de febrero se mantendrá en todos sus términos. Esto significa que los 57.000 empleados seguirán recibiendo anualidades y otros incentivos con cálculos porcentuales y no con montos fijos.

Las partes, eso sí, se comprometen a respetar la resolución judicial cuando la sentencia quede en firme, sea que se valide el acuerdo de febrero o se anule.

“Hoy podemos anunciar, después de muchos días complejos, largos de negociación que hemos llegado a un acuerdo que le devuelve la paz a la institución, la estabilidad al país y la atención a los pacientes.

"No ha sido un proceso fácil, pero ha sido un proceso transparente y un proceso que busca el bien común, ese bien común que busca resguardar el derecho a la salud, el derecho a la vida, a los derechos adquiridos y la estabilidad de la institución”, dijo Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS.

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Como representantes del Ejecutivo participaron en las conversaciones los ministros de la Presidencia y de Trabajo, Víctor Morales y Steven Núñez, respectivamente.

“Es importante en el sentido de que se ha establecido y se ha reconocido que hay una diferencia entre las partes y que se ha buscado una salida institucional, como es trasladar a un juez el conocimiento de esas diferencias de modo que por las vías institucionales podemos resolver los conflictos y garantizar que en la Caja se aplica, como en cualquier institución la legislación vigente, la legislación relacionada con el empleo público y que las diferencias se resolverán por los mecanismos institucionales de nuestros tribunales”, expresó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales.

Los representantes sindicales se manifestaron satisfechos, sobre todo por la vigencia del acuerdo de febrero, que deja incólumes el pago de sus incentivos, que consideran derechos adquiridos, mientras se obtiene una sentencia en firme del tribunal contencioso administrativo.

“Hemos logrado llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Los trabajadores pueden tener tranquilidad de que sus intereses han prevalecido.

"El acta del 20 de febrero será respetada y estamos en la mayor disposición de colaborar a normalizar los servicios en la institución; el único interés nuestro también son los usuarios”, expresó Marta Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

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Otros puntos más

Un pequeño grupo de huelguistas fue el que anunció, con una gritería en el plaza de las Garantías Sociales, al costado sur del edificio de la CCSS, el final de la huelga.

“¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”, entonaron a una sola voz con tal volumen que subió hasta el noveno piso donde aún permanecía el grupo negociador.

El reloj marcaba las 5:45 p. m., y habían pasado poco más de nueve horas de conversaciones en la sala de la Junta Directiva de la CCSS.

Pocos minutos después, los representantes de Gobierno, CCSS y sindicatos revelaron en una conferencia de prensa las generalidades del acuerdo que puso fin a la protesta de ocho días.

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Entre los acuerdos, está mantener en la lista de elegibles a los empleados interinos. Entretanto, a aquellos trabajadores que se les haya iniciado un procedimiento, este se resolverá con ayuda de mediación en el Ministerio de Trabajo.

Según Macaya, un juez será el que determinará entonces el alcance de los derechos adquiridos en cuanto anualidades y pluses, pues han surgido discrepancias entre las partes luego de la publicación de dos decretos ejecutivos que han sido interpretados de diferentes maneras.

Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, aseguró que respetarán el fallo que emane del contencioso-administrativo en relación con los dos puntos principales que desencadenaron la huelga: anualidades y pluses.

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No obstante, Solano consideró que en caso de que la sentencia judicial no los favorezca, no tendrían que devolver dinero correspondiente a los pluses.

“Yo no creo que tengamos que hacer devolución de nada, porque estamos haciéndolo de buena fe y cuando las cosas se hacen de buena fe, no hay por qué devolver. Vamos a ser respetuosos de lo que pase”, expresó.

Solano exaltó que en su lucha defendieron la CCSS de un “posible interés de privatizarla”. Sin embargo, ese tema nunca ha estado en discusión y fue aclarado en repetidas ocasiones tanto por las autoridades de la institución como del Gobierno de la República.

Retornar a la ‘normalidad’

Tanto el jerarca de la CCSS como los sindicalistas aseguraron que las labores en hospitales, clínicas y Ebáis volverán a su curso a partir de este martes.

“Mañana (martes) los hospitales y las clínicas estarán operando con normalidad”, manifestó Macaya.

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La zona más afectada fue la Brunca, donde hubo hospitales como el Tomás Casas, de Ciudad Cortés, donde solo se pudieron operar tres pacientes durante la primera semana de huelga en la Caja.

Ahí, de las 15 operaciones programadas la semana anterior ninguna se hizo. Los tres pacientes intervenidos fueron emergencias, informó la Caja.

Otro hospital, el de San Vito de Coto Brus, únicamente pudo intervenir a dos de los 20 pacientes que tenían programados la semana anterior (10% del total), y el Hospital Manuel Mora, de Golfito, solo hizo cuatro de las 14 operaciones planeadas (29%).

El Hospital Fernando Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, solo pudo operar a 36 de los 180 pacientes con cirugías programadas, es decir, un 20% del total. Mientras que el de Ciudad Neily intervino a 7 de 12 pacientes programados (casi un 60% del total).

Luis Carlos Vega, director regional de la CCSS en la Brunca, confirmó también el cierre de 41 de los 71 Ebáis de esta región.

En su octavo día, la afectación total, según la CCSS, es de 1.399 operaciones que se habían dejado de hacer hasta este domingo. Es decir, un 50% del total programado.

Hasta el viernes, no se dieron más de 68.000 citas médicas (65% del total). Además, 332 Ebáis amanecieron cerrados este lunes.

Colaboraron los periodistas Patricia Recio, Daniela Cerdas y Juan Diego Córdoba.