Irene Vizcaíno. 13 agosto
Diálogos con Román Mayaca Presidente Ejecutivo de la CCSS
Diálogos con Román Mayaca Presidente Ejecutivo de la CCSS

Román Macaya, jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechaza una y otra vez que hayan actuado contrario a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal al mantener el millonario pago de anualidades y otros pluses de manera porcentual.

Este martes, para él, lo más importante era que no había huelga, luego de ocho días de protesta y dos meses de “presiones” que terminaron con el acuerdo con sindicatos y Gobierno alcanzado el lunes.

Ahora, respira, porque será un juez el que resolverá si hay o no derechos adquiridos qué respetar, aunque esa decisión llegará, posiblemente, cuando su gestión haya terminado.

El acuerdo el lunes suscitó fuertes críticas entre políticos y cámaras empresariales.

Esta es una extracción de la conversación con Macaya

–Del acuerdo, lo más importante fue ir al Tribunal Contencioso, lo que podría tomar años y mientras, nada cambia. Desde ese punto de vista ¿ganaron los sindicatos?

–Quisiera contextualizar eso. La ley (reforma fiscal) se publica el 4 de diciembre y es de aplicación inmediata . Fuimos la primera institución en comenzar a implementar la ley con una circular del 10 de diciembre, redujimos el tope de cesantía de 20 a 8 años, implementamos normas de impuesto al salario... esto generó un revuelo porque estábamos aplicando normativa sin reglamento.

"Dijimos ‘vamos a sentarnos cuando se publique el reglamento’. Eso fue en febrero, nos sentamos tres días en una mesa técnica jurídica con sindicatos para evaluar cada punto.

"En la ley se habla de derechos adquiridos, se respetaron en el reglamento, decía que se respetarán los derechos adquiridos y la formas como fueron generadas. La anualidad antes de la ley y los pluses tenían esa forma, vía porcentaje, entonces se interpretó que en ese contexto, era derecho adquirido.

"El 22 de mayo se publica un segundo decreto y cambia esa disposición, entonces dice que las anualidades preexistentes se nominalizan, como monto fijo y no como porcentaje. El 29 de julio se publica un tercer dereto...

¿Se adelantó la Caja en hacer una interpretación? ¿Se arrepiente?

–Es muy fácil ver para atrás, y decir que el segundo (decreto) es inconsistente con el primero. En ese momento, estábamos basándonos en la ley, que hemos respetado (...) En todo momento hemos dicho que nosotros no somos autónomos en empleo público.

–¿Es una contradicción de Mideplán o de Hacienda?

–Como es un conflicto de interpretación de la legalidad es por eso que decimos que resuelva un juez.

–Pero si el espíritu de la reforma fiscal era frenar el crecimiento exponencial de las anualidades, ustedes van a seguir pagando, si un empleado tenía 25 años de trabajar, se le seguirá pagando esos anualidades de 25 años atrás con porcentaje.

–Eso decía el decreto, se respetan los derechos adquiridos y las formas como fueron generados.

–El tema es derechos adquiridos, que es un término indeterminado

–Lo que estamos judicializando para que lo defina un juez de la República es hasta dónde llega el alcance de la definición de un derecho adquirido preexistente a la ley en anualidades y pluses (...) que sea el juez quien defina quién tiene la razón.

–Podría ser que usted termine la gestión, vendría el siguiente y todavía un juez no ha decidido, puede durar hasta cindo años

–Eso puede pasar, pero es la forma de usar la institucionalidad de un país para poner fin a la huelga. Algunos nos han preguntado ¿pero eso podrían haberlo hecho sin un acuerdo?, pero eso no hubiera terminado la huelga.

–Si en algún momento se resuelve en el Contencioso y llega a Sala I, si era lesivo, ¿que va a pasar con todo lo que se pagó?

–Todo se judicializa.

¿Dicen Edwin Solano (presidente de la Unión Médica) que no se paga por buena fe?

–Todo lo estamos poniendo en manos de un juez. Obviamente hay un conflicto de interpretación, ¿quien va a tratar de anular este proceso? Nosotros, la Caja, porque tenemos un segundo decreto y ahora un tercer decreto.

–¿Entonces la confusión es responsabilidad del Gobierno?

–Uno cuando se sienta a negociar lo hace con lo que hay en frente.

–¿No hay temor de que abra un portillo para otras instituciones?

–Nuestra disputa judicial está basada en un acuerdo, nosotros creamos un acuerdo con base en la ley y el reglamento.

(Video) Diálogos con Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS