En el segundo de los cinco puntos del acuerdo se indica lo siguiente:

“La CCSS no establecerá ninguna conducta discriminatoria, sanción disciplinaria o represalia contra las personas trabajadoras que participaron de manera pacífica en el movimiento de huelga que se ejecutó a partir del 10 de setiembre del presente año. Las personas trabajadoras interinas no podrán ser cesadas, recortados sus nombramientos o afectadas de ninguna manera, directa o indirectamente por su participación en el movimiento de huelga. Además, continuarán laborando en el mismo puesto en que estaban nombradas al inicio de la ejecución de la huelga, de acuerdo con la normativa laboral vigente en la institución”.

La información la confirmó por medio de un boletín de prensa el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya Hayes, quien estuvo presente durante la negociación.

Según el Ministerio de Trabajo, “si la huelga fuese declarada ilegal, mediante sentencia firme, la administración pública aplicará las medidas administrativas previstas en los artículos 379 y 385 del Código de Trabajo, los cuales indican que las instituciones podrán establecer sanciones una vez que la huelga haya sido declarada ilegal por las instancias judiciales, así como ordenar el despido cuando los trabajadores no se reincorporen al trabajo 24 horas después de la notificación de ilegalidad de la huelga".

Al finalizar casi diez horas de conversaciones, se decidió también reunirse en la sede del Ministerio de Trabajo para negociar los planes que permitan resolver las más de 111.889 citas con médicos especialistas que se dejaron de dar y las 3.552 operaciones programadas que no se hicieron durante cuatro semanas de protesta.

Con la CCSS, ya son tres las instituciones cuyos empleados regresan a sus labores. Las primeras fueron el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los CEN-CINAI, a cargo del Ministerio de Salud. --

Según la CCSS, se han invertido más de ¢1.100 millones en pago de horas extra y contratación de servicios como el de alimentación y lavado de ropa hospitalaria, debido al impacto de la huelga, cuya declaratoria de ilegalidad fue solicitada por la institución desde el inicio de la protesta, el 10 de setiembre.

El 1.° de octubre, la jueza Susana Porras Cascante, del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José , declaró ilegal la protesta en la Caja. Manifestó en su fallo la prohibición de estos movimientos en servicios esenciales, como los que se brindan en clínicas y hospitales públicos, y recordó que así lo establece el Código de Trabajo y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo adoptadas por Costa Rica.

La siguiente es copia del acuerdo, facilitada por el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), uno de los participantes en las negociaciones:

El tema de rebajo salarial queda pendiente hasta tanto no haya firmeza de la ilegalidad de la huelga.

Este acuerdo se da pocas horas después de que los diputados aprobaran en primer debate el expediente número 20.580, conocido como la reforma fiscal, con la cual el Gobierno pretende recaudar ¢422.400 millones, menos de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), para paliar el déficit financiero que supera el 7%.

Queda pendiente la situación en escuelas y colegios públicos de todo el país, donde se mantiene la protesta hasta este momento.

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Retorno a la normalidad

La negociación para acabar con la protesta en los servicios de salud se inició ayer a las 2 p. m. en el Ministerio de Trabajo y concluyó poco antes de la medianoche.

Por parte de la CCSS participó Román Macaya, y del lado de los sindicatos estuvo Luis Chavarría y Martha Rodríguez, de Undeca, y Lenín Hernández Navas, secretario de Sinae. El mediador fue el ministro de Trabajo y Seguridad.

“En muy avanzadas horas de la noche, después de las 11 p.m., llegamos a un acuerdo para el levantamiento de la huelga. Esto es una gran noticia que celebramos por la paz social y laboral en la institución. Ahora, nos toca abocarnos a remediar las listas que se generaron de cirugías que hay que reprogramar y las citas de consulta externa. Esta tarea empezará la semana entrante.

“El acuerdo es que a más tardar el lunes 8 de octubre estos dos sindicatos tengan a sus miembros laborando normalmente dentro de la institución, y que nos pongamos a la tarea de no solo sacar las listas de estos pacientes sino abocarnos a los grandes retos que enfrenta la institución en diferentes áreas”, manifestó Macaya.

Lenín Hernández, representante del Sinae, confirmó que la firma le garantiza a los trabajadores que se unieron a la huelga que no van a haber represalias.

“En el eventual caso de una sentencia en firme en segunda instancia, se abrirán canales de diálogo y negociación para que los trabajadores no se vean lesionados por participar de una huelga”, dijo Hernández.

“En el sector salud, consideramos importante no desgastar a los trabajadores y pensar en nuevas acciones. Creemos en la unidad sindical y somos respetuosos de los sectores que quieran mantener la huelga, pero consideramos que es mejor implementar nuevas estrategias. Nuestra decisión es levantar la huelga a partir del día lunes (8 de octubre)”, agregó.

En un boletín de prensa, Undeca informa de que el jueves 4 de octubre presentaron la apelación de la calificación de ilegalidad de la huelga.

“Seguiremos en el proceso. Si correspondiera las partes nos reuniremos para negociar planes remediales o de contingencia o en su defecto discutirán cualquier otra medida distinta en razón de los días holgados”, menciona el sindicato.

Después de agradecer a diferentes representaciones de la Unión Sindical y de asegurar que el acuerdo “protege a nuestros compañeros y compañeras y a toda la dirigencia Undequista”, este sindicato confirma que pasarán a “una nueva fase del conflicto. Seguiremos luchando por una reforma fiscal justa, equitativa, progresiva y solidaria”.

En una entrevista con La Nación, en la mañana de este viernes, Román Macaya aseguró que se tomarían medidas contra quienes dejaron sus puestos, pues según afirmó está absolutamente claro y respaldado por un fallo judicial de que la huelga en los servicios de salud es ilegal.

“Va a haber consecuencias”, advirtió la mañana del viernes. Macaya no solo se refirió a la rebajos de salario, sino también a la apertura de procedimientos disciplinarios y causas penales por hechos como los ocurridos en el Hospital San Juan de Dios, cuando un grupo de sindicalistas realizó una asamblea en el área de quirófanos y atrasó el inicio de cirugías.

El gerente médico de la institución, Roberto Cervantes Barrantes, contempla entre las posibles salidas para desahogar esas listas de espera, las siguientes:

- Apertura de consultas durante fines de semana. - Jornadas de producción. - Cirugías fines de semana. - Cirugías vespertinas en todos los hospitales. - Giras de especialistas. - Ampliación de jornadas para especialistas. - Jornadas vespertinas de consulta externa. - Alianzas entre establecimientos de salud como la realizada entre los hospitales San Vicente de Paúl, Monseñor Sanabria, Max Terán Vals de Quepos.

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Los servicios de salud están entre los más perjudicados con la huelga.

El último corte revela la cancelación de casi 112.000 citas con médicos especialistas y más de 3.500 operaciones programadas debido a falta de persona para realizar las cirugías. En total, más de ¢1.100 millones en compra de servicios y pago de horas extra.

Hospitales de la Caja fueron escenario de bloqueo de huelguistas que impidieron la extracción de ropa contaminada, el ingreso de comida para los enfermos y hasta de empleados dispuestos a trabajar.

Se sabe de personal que tuvo que trabajar dobles turnos para mantener en funcionamiento servicios críticos, como la aplicación de quimio y radioterapia, así como la realización de cirugías oftalmológicas.

Noticia actualizada a las 11:15 a. m. con versión de Undeca. Colaboró la fotoperiodista Mayela López