EscucharLuego de que su posición facilitó el avance del préstamo de $550 millones en la Asamblea Legislativa, para la construcción del tren eléctrico metropolitano, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, aseguró que el dinero podría usarse para otro fin.
Sin embargo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha dicho, en varias ocasiones, que este crédito con bajas tasas de interés solo puede ser invertido en la construcción del tren de pasajeros.
Figueres hizo la afirmación en una entrevista transmitida por el noticiero Telediario, cuando el periodista Henry Rodríguez lo cuestionó por su cambio de posición con respecto al proyecto.
El político adujo que él defiende el crédito internacional porque, en el escenario de crisis fiscal que vive Costa Rica, se debe ser muy cuidadoso con los “mensajes que se envían” a los organismos internacionales que prestan recursos a tasas blandas para todo tipo de obras.
“Lo que debe hacer el país es sacar una invitación a todas las empresas en el mundo para que, con absoluta transparencia, puedan ofertarle a Costa Rica un sistema de transporte urbano moderno, sin decirle cuál tiene que ser el voltaje, el ancho de vía, cuántos furgones, sin poner ningún tipo de condicionamiento.
“Si no nos conviene ninguna, decirles ‘no, muchas gracias, no nos conviene ninguna’. Podemos renegociar las condiciones del préstamo para utilizarlos en otras cosas que requiera el país para que nos bajen las emisiones de carbono”, afirmó el político liberacionista.
El BCIE ha advertido que el crédito está destinado a “una transacción público-privada para que el ferrocarril funcione”, concedido por su impacto ambiental y por las mejoras que traería para el transporte público.
Así lo dijo el banco regional, por ejemplo, cuando diputados de diversas fracciones propusieron usar los recursos para pagar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o para construir un nuevo hospital que atendiera la pandemia de coronavirus.
Adicionalmente, el contrato de préstamo señala que los fondos serán usados “exclusivamente para el financiamiento parcial de la contrapartida nacional para la ejecución” del tren eléctrico de pasajeros.
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‘Que no lo paguen los de Limón’
El periodista Henry Rodríguez le recordó a Figueres que él dijo, en un debate organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que estaba en contra del tren de la gran área metropolitana (GAM) porque esa obra la pagarían, por ejemplo, personas de Limón que no lo utilizarían.
Sin embargo, en su plan de gobierno divulgado en octubre, el candidato del PLN puso que la obra sí es prioritaria.
Este jueves, Figueres negó haber incurrido en una contradicción. “No, porque perfectamente es posible que se reciban ofertas de empresas que digan ‘denme una concesión por 30 años y yo pongo todos los recursos’ y que el país no tenga que poner un solo centavo y que pudiéramos disponer los préstamos para otra cosa.
“Suena bonito y es lo que hacen los países modernos que saben lo que quieren hacer, pero para estas cosas hay que tener visión de mundo, entender lo que se hace en otros países y no quedarnos atados a las mismas cosas, con las mismas fórmulas en un gobierno que se acabó hace rato y que de esas cosas no entiende”, respondió Figueres.
La idea del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) es concesionar la obra de $1.550 millones a un desarrollador privado, pero el Estado aportaría $550 millones para reducir el costo de las tarifas.
Los sistemas ferroviarios modernos demandan aportes estatales anuales para subsidiar la tarifa a los usuarios, ante los altos costos de operación de los trenes.
Los diputados no modificaron el contrato
El martes, motivados por la inclusión del tren eléctrico en el programa de gobierno de Figueres y por la posibilidad de que la próxima administración pueda implementar cambios al anteproyecto, los diputados del PLN garantizaron sus votos para que el préstamo avance en la Comisión de Infraestructura.
Los legisladores verdiblancos Paola Valladares, David Gourzong y Luis Fernando Chacón votaron afirmativamente un informe que recomienda la aprobación del empréstito.
Durante la entrevista televisiva, Figueres manifestó al respecto: “Lo que hizo la subcomisión fue en el texto, de lo que se está queriendo aprobar, fue divorciar el préstamo del tren del Gobierno. Es decir, ir adelante y enviar las señales concretas a los mercados financieros de que Costa Rica ve con buenos ojos dos préstamos de esa naturaleza, pero que no estén vinculadas al tren del Gobierno”.
No obstante, la subcomisión no introdujo modificación alguna al contrato de préstamo. En realidad, lo que hizo fue interpretar que el préstamo no estaba atado al anteproyecto de tren eléctrico que desarrolla la actual administración.
Esa circunstancia se conocía desde mayo del 2020, cuando el Poder Ejecutivo presentó el préstamo al Congreso.
Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, del 24 de junio del 2020, señaló que el préstamo está “ligado a un destino en el sentido de que son recursos que deben destinarse a una finalidad concreta (la construcción de un tren sostenible), pero no está atado a un proyecto, pues eso está apenas por definirse”.
El crédito internacional se compone de dos partes. Un total de $250 millones los aportará el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, con una tasa de interés del 0% a 40 años plazo y con 10 de gracia para comenzar a pagar.
Los otros $300 millones los prestaría el BCIE con una tasa de interés del 3,8% anual y 20 años de plazo para pagar, luego de cinco años de gracia
Si Costa Rica no usa o no aprueba los recursos para ese fin, el país perdería el apoyo financiero del Fondo Verde, así como una donación de $21,3 millones para obras de movilidad complementarias. Todos esos recursos fueron inyectados al crédito original del BCIE.
Los costos fiscales de los subsidios estatales a los trenes usualmente se reducen con ingresos publicitarios en los vagones, alquileres comerciales en las estaciones o de espacios para trasladar cableados de fibra óptica, por ejemplo.
En tanto, los beneficios de subvencionar esos sistemas de transporte público se miden por externalidades, como reducción en los tiempos de viaje para los ciudadanos, disminución de las emisiones de dióxido de carbono y el desincentivo del vehículo particular.
Asimismo, un estudio del Incae Business School señaló que la construcción de la obra de transporte público masivo ocasionaría un crecimiento de entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales en el producto interno bruto de Costa Rica.
