Diputados opuestos al tren eléctrico alegan que el proyecto no debe ser prioritario porque no ayudaría a reactivar la economía pospandemia. El presidente de Incae Business School, Roberto Artavia, asegura con firmeza que los legisladores están equivocados.
Por el contrario, el académico asevera que la construcción de esa obra de transporte público masivo ocasionaría un crecimiento de entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales en el producto interno bruto (PIB).
Esa es la conclusión de un estudio elaborado por esa escuela de negocios en colaboración con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds).
“Dependiendo de los escenarios de crecimiento de la actividad económica, esto va a seguir generándole al país entre medio punto y 1,65 puntos de crecimiento adicional cada año, que tanto requiere el país. Nosotros somos un país de nadadito de perro, crecemos al 3,1 cuando nos va bien y al 2,6 cuando no nos va tan bien.
“Ese medio punto o ese 1,65 de más representa una enorme riqueza. Multiplicás eso por unos 10 años como interés compuesto y es una gran cantidad de riqueza que estará circulando en el país”, afirmó Artavia.
El estudio, añade, también concluye que la construcción del tren eléctrico ayudaría a generar 4.344 empleos en el escenario de crecimiento más bajo y hasta 43.438 en el contexto más optimista.
Artavia reveló estas proyecciones durante un foro organizado, el pasado jueves, por La Nación.
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Días antes, la jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, aseguró que “en este momento el tema del tren eléctrico no es una prioridad”.
Así lo manifestó la legisladora luego de que el Gobierno anunciara la aprobación de un crédito sin intereses por $250 millones por parte del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, para financiar este proyecto.
El Gobierno deberá reunir el apoyo de 38 diputados para aprobar el préstamo por $550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ese crédito absorbió los fondos emitidos por Naciones Unidas para el tren.
La jefa verdiblanca alegó que además de las dudas técnicas que se han expresado sobre esta iniciativa, el Gobierno debería enfocarse en medidas que reactiven la economía, generen empleo y cierren portillos a un mal uso de fondos públicos.
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De hecho, el PLN se debate internamente entre apoyar el sistema de transporte masivo y sostenible pero con algunas reformas o frenar por completo el proyecto, debido a la situación fiscal del país.
Para Artavia, sin embargo, es “un sinsentido” que se diga que el proyecto del tren eléctrico, valorado en $1.550 millones, no impactaría favorablemente la economía costarricense.
“Realmente hay que pasarnos de esa cosa del control político durante el año electoral. El control político es importante, sin duda, pero no lo podemos usar como excusa.
“Decir que no es prioridad cuando tenemos un proyecto que es consistente con la marca país, con el posicionamiento país, con la estrategia de descarbonización, que crea prosperidad económica, progreso social, plusvalía de la tierra, en fin, tanto positivo, que dice que no tiene una conexión con la reactivación o el crecimiento de la economía francamente es un sinsentido”, enfatiza Artavia.
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Posterior a su declaración inicial, la diputada Corrales manifestó que no le parece el momento adecuado para avanzar con la obra, aunque adujo que está de acuerdo con el desarrollo de infraestructura para la movilidad eficiente.
“La forma en que se ha concebido este proyecto, en que el Estado tiene que aportar una contrapartida millonaria cuyo origen no está claro, en tiempos de crisis fiscal, no contribuye a la claridad necesaria”, afirmó.
Múltiples diputados, entre ellos la jefa de bancada verdiblanca, han manifestado sus dudas sobre el proyecto debido al subsidio a la tarifa que debe aportar anualmente el Estado, para ofrecer tiquetes a un costo asequible.
Uno de los escenarios iniciales establecía que el país tendría que desembolsar alrededor de $95 millones anuales para ofrecer una tarifa cercana a los ¢600 por viaje.
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La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, aseguró que con la implementación de varios ajustes sugeridos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el aporte anual puede reducirse.
“El proceso de escucha ha sido muy importante. Creemos que volviéndolo a conversar con los diputados, porque dejamos de conversar con ellos hace un año, creemos que van a poder tener una apertura mayor a un proyecto país”, afirmó Briceño.
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