La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) se debate, internamente, entre el apoyo al proyecto del tren eléctrico metropolitano, con una fuerte revisión del proyecto, o el freno total a la propuesta por la situación fiscal del país y los alegatos de una mala gestión por parte del Ejecutivo.
Así se deriva de las consultas realizadas a varias voces de la bancada liberacionista, luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunciara la aprobación de un apoyo financiero de $250 millones para desarrollar ese tren.
Una de las primeras reacciones fue la de María José Corrales, jefa de la fracción del PLN, que apenas conoció del anuncio respondió con críticas al Ejecutivo, y dijo que “en este momento, el tren eléctrico no es una prioridad”.
Ella adujo que, en cambio, la administración de Carlos Alvarado debe enfocarse en medidas que “reactiven la economía, generen empleo y cierren portillos al mal uso de fondos públicos”.
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El crédito que recibiría el país para el proyecto de tren eléctrico tiene condiciones especiales, que son una tasa cero a 40 años plazo, con 10 años de gracia para el pago y se sumarían al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el proyecto.
Por escrito, Corrales respondió a La Nación que a ella no le parece el momento adecuado, aunque adujo que está de acuerdo con el desarrollo de infraestructura para la movilidad eficiente.
“La forma en que se ha concebido este proyecto, en que el Estado tiene que aportar una contrapartida millonaria cuyo origen no está claro, en tiempos de crisis fiscal, no contribuye a la claridad necesaria”, dijo.
Añadió que el destape del caso sobre supuesta corrupción en la contratación de obras viales, conocido como Caso Cochinilla, genera una incertidumbre sobre los controles del Gobierno en construcción de obra pública y su capacidad para “enfrentar los presuntos actos de corrupción”.
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La turrialbeña Paola Valladares, ingeniera civil, coincidió en parte con Corrales. Dijo que si bien considera que el país merece el tren eléctrico, el Ejecutivo debe antes resolver muchísimas cosas que hoy son turbias en cuanto a la ejecución de proyectos.
La legisladora, quien preside la Comisión Especial sobre Infraestructura del Congreso, cree en un sistema integrado de transporte público, pero reclamó que nunca haya habido transparencia desde Zapote, ni la posibilidad de que Hacienda explique la forma en que se va a subsidiar el pasaje del tren.
“Han habido aportes significativos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), pero el punto es el proyecto, si es el mínimo necesario o se está sobrediseñando, como de costumbre. Eso nunca ha estado claro”, comentó Valladares.
Ella criticó que ahora se alardee con este nuevo financiamiento, pero sin que exista transparencia sobre la operación del MOPT y sus cinco consejos, y menos claridad sobre la unidad ejecutora de un proyecto de la envergadura del tren eléctrico.
Apoyo, pero rediseño
El alajuelense Roberto Thompson consideró que el crédito del Fondo Verde tiene muy buenas condiciones “que el país debería aprovechar”, pero cree que es necesario replantear la propuesta.
“La principal preocupación es la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo, por la situación fiscal en la que estamos. Hay que replantear la propuesta en términos de sostenibilidad financiera, revisarlo, pero no desecharlo”, acotó.
En la misma línea caminó Yorleny León, liberacionista que preside el foro sobre Gasto Público, porque dijo que es un financiamiento en muy buenas condiciones, pero que plantea la necesidad de revisar con detenimiento las observaciones que ha hecho la Contraloría General de la República.
“Al menos ya hay una mejor base para empezar la discusión. Sería irracional desechar el proyecto del tren, pero hay que revisar todos los datos, pues por meses ha habido muchos cuestionamientos”, agregó.
El diputado Carlos Ricardo Benavides, ex precandidato al igual que Thompson, planteó que el tren es necesario para el Área Metropolitana y consideró que es oportuno ir hacia esa ruta, luego de muchos años de intento.
“No solo sería un gran aporte, si está bien diseñado, tanto para la movilidad de las personas como para el medio ambiente. El crédito del Fondo Verde es una excelente noticia, pero el proyecto debe ser revisado en término de costos, porque ha habido una constante disputa de si es necesario gastar la cantidad de dinero que el Gobierno tiene planeado gastar”, indicó.
El financiamiento del BCIE para el tren rápido de pasajeros se encalló en el Congreso, en la agenda de la Comisión sobre Infraestructura, de donde no se ha movido desde mayo del 2020.
Para este artículo se intentó obtener declaraciones de Pablo Abarca, jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y de Eduardo Cruickshank, vocero de Restauración Nacional (PRN), pero al cierre de edición no habían respondido las consultas.
