El panorama sobre el futuro de la revisión técnica vehicular sigue sin despejarse cuando falta mes y medio para que finalice el contrato con la empresa Riteve SyC.
Este viernes el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, atizó diferencias con la empresa española al insistir en que esta debe firmar el traspaso de los bienes antes de iniciar una negociación con miras a una prórroga contractual.
Amador reconoció que precisamente la extensión del período de operación es una de las opciones que actualmente valoran para dar continuidad al servicio pero bajo “términos muy especiales”.
“Los términos son que hasta que no me hayan firmado la donación de todas las estaciones, equipos, instalaciones y terrenos al Estado, hasta que no esté firmado lo antes posible y con carácter de que empieza a regir a partir del 15 de julio, hasta ese momento yo no me voy a sentar negociar; el Rey de España puede llamar, el embajador de España puede llamar, y quien usted quiera puede llamar, pero yo no me siento a negociar hasta que no esté firmada esa donación, porque ya todos pagamos por esos terrenos y por esas instalaciones”, enfatizó.
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En caso de que la empresa española se mantenga de manera temporal al frente del servicio, añadió el ministro, la tarifa deberá bajar “como Dios manda”, porque ya no hay que amortizar por el pago de las instalaciones que, según el contrato, deben quedar en manos del Estado a partir del vencimiento del contrato actual.
Asimismo, aseguró que en caso de no lograr un acuerdo con Riteve, estudian otras alternativas, entre ellas el proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez para dejar el servicio en manos de cooperativas.
“En el sentido de continuidad del servicio es imperativo que continúe, porque, por ejemplo, hay buses que se revisan cada seis meses (...) La continuidad implica que de una u otra forma, o Riteve continua, acatan y dejan de poner la excusa de que la asamblea de accionistas se va a reunir hasta en un mes o mes y medio –claro, al final para yo no tener tiempo– o buscamos la ruta mediante esa cooperativa o nosotros como Estado estamos viendo qué más se puede hacer”, agregó el ministro.
De acuerdo con el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en caso de que la empresa se niegue a hacer la entrega, tendrían que acudir a otras compañías que ya han mostrado interés y que según dijo “no faltan”, pues ya ha recibido muestras de interés de compañías provenientes de México, Panamá, Portugal y España.
Tras las declaraciones dadas por Amador durante la conferencia de prensa de este viernes, la empresa indicó que en varias ocasiones han externado su disposición de colaborar y que la donación de terrenos y de más bienes se mantiene en firme tal como lo indica el contrato.
“De hecho, el MOPT nos citó días atrás para el 15 de julio a las 4 p. m. ante la Notaría del Estado y confirmamos nuestra presencia. Si el ministro requiriera alguna modificación de lo que ya nos ha pedido, estamos en total anuencia de atenderle”, afirmó la vocera de Riteve, Jennifer Hidalgo.
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La firma española había confirmado a La Nación que estarían anuentes a bajar las tarifas en caso de que se otorgue una prórroga temporal mientras se realiza un nuevo proceso de contratación. Aseguraron que desde hace varias semanas vienen solicitando un espacio para reunirse con las autoridades del MOPT pero no han recibido respuesta.
Riteve brinda el servicio de inspección vehicular desde el 2002. Inicialmente el contrato que se otorgó para operar en el país era por 10 años y daba posibilidad de una sola prórroga, que que se otorgó en el 2012.
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Desde mediados del año pasado, la Contraloría venía advirtiendo sobre el próximo vencimiento y la imposibilidad de otorgar más plazo a la empresa de origen español, sin embargo, pese a los múltiples informes y llamadas de atención, el anterior gobierno no cumplió con las disposiciones del órgano contralor relacionadas con la obligatoriedad de garantizar la continuidad del servicio y preparar la transición hacia un nuevo prestatario.
La Administración presentó en abril una solicitud de prórroga ante la Contraloría General de la República, sin embargo, esa petición fue rechazada, pues carecía de una serie de información técnica, entre esta los detalles sobre el modelo a seguir, el mecanismo tarifario y los términos de la nueva licitación.
Este jueves, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción para investigar esa inacción gubernamental que señaló la CRG.