La empresa Riteve SyC estaría anuente a ajustar sus tarifas de revisión técnica vehicular en caso de que el Gobierno le otorgue una prórroga temporal para continuar operaciones después del 15 de julio, cuando vence su contrato. De esta forma, la firma española seguiría en el país mientras el Gobierno concreta otra u otras opciones para ese servicio.
Jennifer Hidalgo, vocera de la compañía, confirmó ante la consulta de La Nación, que la rebaja en la tarifa “es una alternativa” a la que han estado abiertos. Eso sí, aclaró que antes deberán sentarse a conversar con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sobre las condiciones de la eventual prórroga.
Hasta ahora, el jerarca del MOPT, Luis Amador, no ha detallado cuál será la ruta que se tomará a partir del 15 de julio para evitar que el país quede sin revisión vehicular, sin la cual no pueden circular los vehículos, pues está estipulada en la ley de tránsito.
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Sin embargo, Amador sí reconoció días atrás que de ampliarse temporalmente el contrato con Riteve, sería necesario variar las condiciones, ya que en caso de mantenerse, Riteve SyC solo lo haría como un operador del servicio, pues todos los equipos pasan a ser del Estado. Por esa razón, la tarifa a los usuarios debería ser menor.
Actualmente, la tarifa para acudir a la revisión es de ¢16.481 para autos particulares. En caso de no pasar en la primera prueba, la reinspección tiene un costo de ¢8.240.
Para iniciar esa negociación, el jerarca puso como condición a Riteve la entrega de toda la información sobre las instalaciones, equipos y bases de datos que serán estatales.
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La vocera de Riteve aseguró que durante todo el período de operación han entregado todos los datos establecidos por las autoridades pertinentes de forma anual, mensual y semanal.
“Recientemente, a través de oficios, se nos ha estado solicitando nuevamente algunos datos (especialmente los relacionados con la donación de terrenos, instalaciones y equipos, que se mantiene en firme para el próximo 15 de julio como lo establece el contrato) y se han estado respondiendo diligentemente”, añadió Hidalgo.
La representante de Riteve insistió en que han estado en “total disposición de escuchar y apoyar al Estado”, para poder garantizar la continuidad del servicio. Afirmó que desde el pasado 10 de mayo solicitaron una reunión al nuevo ministro, pero no se les había asignado una cita.
Hidalgo apuntó que incluso, en caso de que no se otorgue una ampliación en el plazo, la reunión es indispensable para acordar el cierre contractual.
“Nosotros somos prestatarios del servicio, no somos autoridad, por lo que respetuosamente nos hemos mantenido a la espera de algún planteamiento de alternativas para poder valorarlas. La autoridad y obligación de garantizar la continuidad del servicio es del Estado, por lo cual el MOPT es quien debe tomar las decisiones”, añadió.
En el momento en que los atiendan, según la vocera, estarían en disposición de aportar ideas y soluciones basadas en su experiencia tanto a nivel local como a nivel mundial, si así lo requiriera el Ministerio.
Entretanto, esta semana se presentó en el Congreso el proyecto de ley anunciado por el diputado liberacionista Gílberth Jiménez que plantea dejar la revisión técnica en manos de cooperativas.
Incertidumbre
Mientras tanto, la empresa mantiene en incertidumbre a más de 500 empleados, que serían cesados dentro de mes y medio en caso de no realizarse una prórroga.
Riteve brinda el servicio de inspección vehicular desde el 2002. Inicialmente el contrato que se otorgó para operar en el país era por 10 años y daba posibilidad de una sola prórroga, que fue la que se aprobó en el 2012.
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Desde mediados del año pasado, la Contraloría venía advirtiendo sobre el próximo vencimiento y la imposibilidad de otorgar más plazo a la empresa de origen español, sin embargo, pese a los múltiples informes y llamadas de atención, el anterior gobierno no cumplió con las disposiciones del órgano contralor relacionadas con la obligatoriedad de garantizar la continuidad del servicio y preparar la transición hacia un nuevo prestatario.
La Administración presentó en abril una solicitud de prórroga ante la Contraloría General de la República, sin embargo, esa petición fue rechazada, pues carecía de una serie de información técnica, entre esta los detalles sobre el modelo a seguir, el mecanismo tarifario y los términos de la nueva licitación.