A dos meses de que venza el contrato con la empresa Riteve SyC, el nuevo jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, aseguró durante su primera atención a la prensa, que barajan tres alternativas para garantizar que el país no se quede sin revisión técnica, aunque rehusó referirse a estos tres planes que, incluso, ya fueron discutidos con el presidente Rodrigo Chaves.
Sobre la posibilidad de enviar nuevamente una solicitud de prórroga del contrato con la empresa española a la Contraloría General de la República (CGR), Amador dijo que no podía ni confirmarla ni descartarla, pero eso sí, adelantó que espera tener la solución definitiva en un mes. De esta forma, dijo, podrían concretar la alternativa antes de que venza el convenio, el próximo 15 de julio.
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“En este momento no le puedo dar los detalles de cuáles son esas tres líneas, pero sí le puedo decir que la esperanza, y creo que lo vamos a lograr, es que en dos meses tengamos esa solución, porque una alternativa que quizás la población ha pensado es que dejemos al país sin Riteve mientras sacamos el nuevo cartel, pero ahí tendríamos esa responsabilidad de accidentes que podrían ocasionarse con vehículos, y en transporte público, cuyas revisiones son cada seis meses (las revisiones), es todavía más serio. Necesitamos asegurarnos de que estén en buen estado”, explicó.
Según informó, ya sostuvo reuniones con la Contraloría, pero aún no ha conversado con los representantes de la empresa Riteve.
Uno de los aspectos que la nueva administración planea analizar con detalle son los requisitos que se evalúan como parte de la revisión vehicular, a fin de determinar cuáles de estos son realmente necesarios para asegurar el buen estado de la flota.
Intento fallido
A poco de concluir su gestión, el gobierno anterior envió a la Contraloría una solicitud de prórroga por cinco años para Riteve, alegando dificultades para llevar adelante una nueva licitación debido a una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para estudio en octubre del año pasado.
Esa petición fue rechazada por el órgano contralor, ante la falta de información clave relacionada con el modelo de negocio, la donación de estaciones y equipos, el mecanismo tarifario y la justificación para pretender una prórroga de cinco años.
Desde julio del año pasado, informes de la CGR venían advirtiendo del vencimiento del contrato así como de la imposibilidad de otorgar más prórrogas luego de 20 años de servicio.
Sin embargo, en todo ese tiempo, ni el MOPT ni el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) cumplieron, a criterio de la Contraloría, con lo dispuesto en dichos informes para garantizar la continuidad del servicio.
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El ahora exministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, aseguró antes de dejar su cargo que la solicitud de prórroga aún era subsanable y mantenía esta como principal salida ante el inminente vencimiento. Además también contemplaba la posibilidad de otorgar permisos para la prestación del servicio, mientras se llevaba adelante una nueva contratación.
