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Pescadores ecuatorianos que sobrevivieron a ataques en alta mar denunciaron haber sido interceptados por “gringos”, hombres que hablaban inglés, utilizaban drones y vestían uniformes con parches de la bandera de Estados Unidos, según una investigación de The New York Times publicada este miércoles.
Los testimonios abren interrogantes sobre la identidad de los atacantes y si podrían estar vinculados con fuerzas estadounidenses, militares de otro país o contratistas privados. El Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos negaron cualquier participación; los gobiernos de Ecuador y de El Salvador no respondieron a consultas del Times.
Según el periódico, al menos una embarcación pesquera ecuatoriana desapareció en el Pacífico este año. Ocho tripulantes permanecen desaparecidos y se presume que murieron. Sobrevivientes de otras dos embarcaciones afirmaron que fueron atacados en marzo, interrogados y posteriormente entregados a la Armada de El Salvador, que los dejó en libertad.
La investigación del diario estadounidense incluye un análisis de datos de vuelo. El Times identificó un avión de patrullaje marítimo con base en una instalación militar salvadoreña que se dirigió hacia las tres embarcaciones en los días previos a los ataques. Las comunicaciones de control aéreo registradas indican que los pilotos hablaban inglés con acento estadounidense.
Los datos de seguimiento muestran además que el avión modificó su trayectoria para mantenerse orientado hacia las embarcaciones durante varios días. En uno de los casos, el de la nave Fiorella, desaparecida en enero, el avión voló en su dirección en cuatro ocasiones entre el 16 y el 20 de enero, según el análisis del Times.
Sin embargo, el avión no aparece en los registros de aeronaves operadas por el Pentágono. Según los registros de la Administración Federal de Aviación citados por el diario, la aeronave fue registrada en octubre a nombre de una empresa cuya dirección corresponde a un apartado postal privado ubicado en una tienda de UPS en Richmond, Virginia.
La investigación del Times también encontró que el avión de patrullaje marítimo que siguió las rutas de las embarcaciones tenía su base en una instalación militar salvadoreña.
Sus pilotos hablaban inglés con acento estadounidense, según grabaciones de las comunicaciones con control aéreo. Sin embargo, la aeronave no figura entre las que están en servicio del Pentágono y los registros estadounidenses indican que fue registrada en octubre a nombre de una empresa privada.
Estrategia contra el narcotráfico en el Pacífico
El Times sitúa estos hechos en un contexto de creciente actividad militar estadounidense contra embarcaciones que Washington señala como vinculadas al narcotráfico. Desde septiembre, decenas de barcos han sido atacados en el Caribe y el Pacífico, con al menos 221 personas muertas.
No obstante, dichos ataques han sido cuestionados por los argumentos legales que se han utilizado para justificarlos. Incluso, el organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de las operaciones del ejército estadounidense contra presuntas narcolanchas.
Por otra parte, los ataques militares ordenados por la Administración de Donald Trump contra embarcaciones señaladas de transportar drogas no han logrado reducir el ingreso de cocaína a Estados Unidos, según una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) citada por The Washington Post.
Uno de los ataques ocurrió en aguas patrimoniales de Costa Rica, con un saldo de dos muertos y un herido, el 20 de marzo de este año.
De acuerdo con el Post, el análisis de la DEA concluyó que los operativos tampoco modificaron de manera significativa la disponibilidad ni el precio de la cocaína en el mercado estadounidense.
En cambio, obligaron a organizaciones criminales a cambiar sus métodos: utilizar embarcaciones más grandes, mantenerse cerca de las costas y evitar aguas internacionales donde podrían ser blancos de ataques.
Falta de claridad en ataque al narcotráfico
Aparte de la falta de claridad sobre el éxito de los operativos, la ausencia de datos concretos sobre la toma de decisiones, los objetivos precisos y la coordinación de los ataques preocupan a los analistas.
Un reportaje de The New Yorker publicado el 30 de junio señalaba que la “falta de rendición de cuentas se está convirtiendo rápidamente en la norma en Ecuador”.
“El 18 de junio, tras reunirse en el Pentágono con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto que concede inmunidad judicial a ‘personal extranjero de Estados cooperantes’ que participe en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador”, indica su reportaje.
Hasta ahora, nadie se ha atribuido los ataques. “Es cierto que existe la posibilidad de que Estados Unidos u otro ejército hayan llevado a cabo ataques clandestinos contra embarcaciones en la región”, indica el reportaje.
“Pero las numerosas preguntas sin respuesta que rodean los ataques a los barcos pesqueros han llevado a algunos expertos a preguntarse si el gobierno de Estados Unidos o alguno de sus aliados en Latinoamérica —posiblemente El Salvador, donde ha operado el avión— ha contratado a una empresa militar privada”, explican los reporteros.
El medio señala que las empresas militares privadas han estado interesadas en la región en los últimos meses. Entre sus figuras más conocidas está Erik Prince, fundador de Blackwater, contratista militar estadounidense que operó en Irak.
Prince comenzó a viajar por América Latina antes de las elecciones de 2024 y se reunió con los gobiernos de El Salvador y Ecuador para abordar asuntos de seguridad regional. El contenido de esas conversaciones no se ha hecho público y no se conoce si han firmado algún tipo de acuerdo.
