La administración del presidente Donald Trump comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental en septiembre del año pasado, insistiendo en que está, en la práctica, en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan desde América Latina.
Pero expertos legales y grupos de derechos humanos sugieren que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que parecen haber tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
La administración Trump tampoco ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas en el marco de la Operación “Southern Spear” estén involucradas en el narcotráfico.
La reacción contra la operación supone un revés para el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien en marzo dijo en una conferencia a la que asistieron autoridades latinoamericanas que la campaña para cazar las presuntas lanchas de droga había tenido tanto éxito que ahora resulta difícil encontrar objetivos.
“El alcance de esta evaluación incluye el proceso conjunto para la selección de embarcaciones en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos como parte de la Operación Southern Spear”, señaló la oficina del inspector general independiente del Pentágono en un comunicado citado por Bloomberg.
La investigación pretende determinar si el Pentágono siguió el Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos -que establece seis pasos clave para llevar a cabo una operación militar- al ejecutar los ataques, indicó la agencia en un memorando del 11 de mayo.
“Llevaremos a cabo la evaluación en el Pentágono y en el cuartel general del USSOUTHCOM” en Florida, añadió la oficina, en referencia al Comando Sur.
Los ataques han marcado un cambio drástico en el enfoque de Estados Unidos hacia el narcotráfico, que históricamente se ha centrado en interceptar embarcaciones e incautar la mercancía.
Washington ha desplegado una importante fuerza naval en el Caribe, donde sus fuerzas han incautado petroleros y llevaron a cabo una operación en la capital venezolana en enero para capturar al presidente Nicolás Maduro.
