Los ataques militares ordenados por la Administración de Donald Trump contra embarcaciones señaladas de transportar drogas no han logrado reducir el ingreso de cocaína a Estados Unidos, según una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) citada por The Washington Post.
Según el diario, dichas operaciones en el Caribe y el Pacífico han incluido 67 bombardeos, y han dejado hasta 221 muertos. Uno de los ataques ocurrió en aguas patrimoniales de Costa Rica, con un saldo de dos muertos y un herido, el 20 de marzo de este año.
De acuerdo con el Washington Post, el análisis de la DEA concluyó que los operativos tampoco modificaron de manera significativa la disponibilidad ni el precio de la cocaína en el mercado estadounidense.
En cambio, obligaron a organizaciones criminales a cambiar sus métodos: utilizar embarcaciones más grandes, mantenerse cerca de las costas y evitar aguas internacionales donde podrían ser blancos de ataques.
La evaluación, revisada por The Washington Post, indica además que los traficantes han recurrido con mayor frecuencia a aeronaves que despegan desde pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela y se dirigen hacia Guyana y Surinam para reducir la exposición a las fuerzas estadounidenses.
“Cuando aprietas el globo por un lado, siempre se expande por el otro lado”, dijo a The Washington Post un funcionario de la DEA bajo condición de anonimato. “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”.
De hecho, dice el periódico estadounidense, oficiales del Pentágono admitieron en una sesión cerrada en el Congreso que los ataques tampoco han reducido la pureza de la cocaína traficada hacia Estados Unidos.
Los hallazgos parecen contradecir las afirmaciones públicas del presidente Trump, quien ha dicho en varias ocasiones que los ataques redujeron hasta en 97% o 98% el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos.
“El 98,2% de las drogas que entraban a Estados Unidos por océano o mar se detuvieron”, escribió Trump en su red Truth Social en abril, según recordó el periódico.
Campaña controversial contra narcolanchas
La campaña militar, conocida como Operation Southern Spear, comenzó en setiembre de 2025 y representa un giro en la política antidrogas estadounidense al incorporar fuerzas militares en operaciones tradicionalmente lideradas por agencias policiales.
Funcionarios de la Administración Trump sostienen que los operativos buscan desarticular redes criminales consideradas amenazas para la seguridad nacional. Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, dijo al periódico que la operación estaba logrando su objetivo de “detectar, interrumpir y desmantelar” organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Tampoco han sido unánimente aceptadas. En mayo, el inspector general del Pentágono anunció una indagatoria de los protocolos seguidos en la campaña.
“El alcance de esta evaluación incluye el proceso conjunto para la selección de embarcaciones en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos como parte de la Operación Southern Spear”, señaló entonces la oficina del inspector general independiente del Pentágono, según un comunicado citado por Bloomberg.
La investigación pretendía determinar si el Pentágono siguió el Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos -que establece seis pasos clave para llevar a cabo una operación militar- al ejecutar los ataques.
La Casa Blanca también defendió la estrategia. Anna Kelly, portavoz presidencial, afirmó en una declaración al diario que las medidas “no solo han eliminado a narcoterroristas, sino que también han disuadido a otros actores de intentar introducir drogas en nuestro país”.
Según la evaluación de la DEA, los efectos iniciales de los ataques sí alteraron temporalmente las rutas de contrabando y provocaron aumentos en los precios de la cocaína y en la violencia asociada al narcotráfico. Sin embargo, meses después esos indicadores regresaron a niveles anteriores.
El informe citado por The Washington Post señala que los traficantes incluso han desarrollado nuevas formas de evadir los operativos. En un caso, analistas de la DEA indicaron que organizaciones en la península colombiana de La Guajira pagarían a funcionarios para conocer la ubicación de barcos estadounidenses y movilizar sus embarcaciones cuando las unidades militares abandonaran la zona.
La estrategia militarizada de Trump también ha generado cuestionamientos legales. Expertos citados por el periódico han señalado que algunos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al realizarse sin procesos judiciales previos. El gobierno, por su parte, sostiene que las acciones son necesarias para frenar el ingreso de “veneno mortal” al país.