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El proyecto de ley sobre estafas electrónicas tendrá diversas implicaciones para los clientes bancarios y las entidades financieras.
Entre las eventuales repercusiones figuran costos adicionales en los créditos; así como la baja en rendimientos de los ahorros de las personas y las ganancias de las entidades financieras, según especialistas consultados por La Nación.
El Banco Nacional consideró que la norma aprobada en el Congreso tendrá posibles impactos en el acceso al crédito, tasas de interés, condiciones de financiamiento, bancarización y esfuerzos de inclusión financiera.
Para el Movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica, el proyecto aprobado significa un avance para quienes puedan sufrir una estafa en el futuro.
La iniciativa legal fue aprobada en segundo debate, el 4 de marzo, por la Comisión Legislativa con Potestad Plena III. Ahora pasará al Poder Ejecutivo para recibir la firma del presidente de la República.
Para que inicie la implementación debe publicarse en el diario oficial La Gaceta. Por tratarse de un tema técnico, le corresponderá al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobar el reglamento propuesto por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La iniciativa no establece que las entidades financieras deban indemnizar automáticamente a las víctimas en todos los casos de fraude.
En el momento en que la víctima de estafa comunique los hechos a su entidad financiera, esta tendrá hasta 60 días hábiles para investigar el caso y resolver lo que corresponda.
Efectos de la nueva norma
Bernardo Alfaro, exjerarca Sugef y exgerente del Banco Nacional, señaló que si el presidente Rodrigo Chaves firma la iniciativa probablemente será necesario crear estimaciones de riesgo adicionales.
Estas provisiones funcionan como un tipo de “colchón financiero” ante pérdidas en el futuro.
A criterio de Alfaro, esas estimaciones adicionales podrían modelarse inicialmente a partir del registro histórico de reclamos, suponiendo que deben cancelar lo solicitado aunque los casos obedezcan a actitudes negligentes de los usuarios.
La conformación de esas provisiones terminaría encareciendo el servicio y obligando a las entidades a recuperar el margen con menores tasas pasivas y mayores tasas activas.
“Es decir, los créditos saldrán más caros y los depósitos generarán menos rendimiento; por lo que la generalidad de los consumidores financieros se verá muy afectada”, comentó Alfaro.
Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), explicó que los bancos ya cuentan con provisiones y estimaciones asociadas al llamado riesgo operativo.
Sin embargo, afirmó que, de recibir la firma del mandatario Chaves, las entidades tendrían que incrementarlas para enfrentar eventuales casos de fraude en los que proceda la devolución de recursos.
“Es muy probable que la Sugef ponga algún porcentaje que debe mantenerse como estimación o provisión, pero los bancos atendiendo lo que establece Basilea sí deberían mantener una estimación aproximada del 8% de su patrimonio (...) o por lo menos irse acercando en el tiempo destinando utilidades para ese riesgo operativo”, dijo Fernández.
La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras indicó a La Nación que, desde un punto de vista técnico y prudencial, toda obligación nueva, recurrente y cuantificable asociada a devoluciones por estafas electrónicas debe evaluarse conforme a la normativa contable y financiera vigente.
“En un escenario como ese, podría ser necesario realizar estimaciones o provisiones de riesgo adicionales, cuya magnitud dependerá del volumen de casos, de los criterios finales de aplicación de la ley y de las disposiciones regulatorias que se definan”, agregó.
Este tipo de ajustes puede tener implicaciones en los resultados financieros de las entidades. Por ello, según la Cámara, tanto especialistas como la propia Sugef han advertido que estos impactos deben analizarse con cuidado, para no afectar la estabilidad del sistema financiero ni la capacidad de seguir financiando a personas y empresas.
Adicionalmente, la organización detalló que distintos análisis técnicos han señalado que cuando se trasladan responsabilidades económicas “amplias y automáticas” a las entidades financieras, se generan presiones sobre los costos del sistema.
“En ese contexto, existe el riesgo de que esos costos terminen reflejándose en las condiciones de los servicios financieros, por ejemplo, mediante mayores exigencias para el otorgamiento de crédito, ajustes en condiciones de financiamiento o presiones al alza en las tasas de interés, con un impacto más fuerte en hogares, pymes y personas con menor acceso al sistema financiero formal”, añadió.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) fue consultada para conocer con mayor profundidad las implicaciones de la iniciativa para bancos y personas; sin embargo, informó que no se referirá nuevamente al tema relacionado con el proyecto de ley en mención.
La Nación consultó a la Sugef, mediante un correo enviado el pasado 10 de marzo a la 1:44 p. m., si será necesario que las entidades financieras creen estimaciones ante riesgos de fraudes en cuentas. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
¿Qué dicen los bancos?
La Dirección Jurídica del Banco Nacional explicó que las entidades financieras comparten plenamente la preocupación por el aumento de las estafas electrónicas y reiteran que la prioridad absoluta es el bienestar y la seguridad de las personas, pymes y empresas.
“El Banco Nacional realiza inversiones muy significativas y permanentes en ciberseguridad, prevención del fraude, monitoreo de transacciones, análisis forense, educación financiera, inclusión de Inteligencia Artificial, entre otras”, detalló.
Sin embargo, desde el BN se añadió que tanto la Cámara de Bancos, la Sugef y diversas entidades financieras han señalado que trasladar responsabilidades económicas amplias sin un diseño técnicamente balanceado puede generar presiones sobre los costos del sistema financiero.
“Se considera fundamental avanzar hacia soluciones integrales, proporcionales y sostenibles, que protejan efectivamente a las personas sin encarecer los servicios ni crear falsas expectativas”, indicó la Dirección Jurídica del BN a La Nación.
Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC, comentó que el banco realiza de forma permanente fuertes inversiones en sistemas informáticos para proteger a sus clientes y minimizar el impacto de las estafas digitales, así como para educar al usuario sobre las mejores prácticas para defenderse de los cibercriminales.
“Dicho esto, hay que tomar en cuenta que el proyecto de ley en mención aún requiere firma de la Presidencia de la República. Una vez firmado y publicado en La Gaceta, el banco ajustará los procedimientos y protocolos necesarios para acatar lo establecido en la ley como corresponde”, dijo Moreno.
Ante las consultas de este medio, el BCR remitió un comunicado de prensa de la Cámara de Bancos enviado el pasado 5 de marzo y titulado Cámara de Bancos lamenta aprobación de proyecto de ley sobre estafas electrónicas y advierte riesgos para usuarios del sistema financiero.
Afectados por estafas
El Movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica respaldó el proyecto de apoyo a las víctimas frente a un sistema financiero e institucional que, según señalan, no brinda respuestas claras ni oportunas.
“Aunque la ley no nos beneficia a nosotros, las personas que podrían ser estafadas no tendrán que sufrir el calvario que nosotros hemos sufrido. Nuestro país se pone a la par de los países que responden con responsabilidad y empatía”, informó la organización en su perfil de Facebook.
Además, consideraron que la decisión de los diputados ponen al país del lado correcto de la historia.
El colectivo señaló que la oposición de distintos sectores a la iniciativa, incluido el ámbito bancario, se sustenta en argumentos “falaces” y detalló lo que considera imprecisiones divulgadas sobre el texto.
