El Banco Nacional fue condenado a pagar más de ¢442.500 por no tomar las acciones suficientes para evitar que un cliente fuera víctima de estafa, determinó el 9 de junio el Tribunal Contencioso Administrativo.
Los jueces ordenaron a la entidad financiera pagar ¢292.500 por daño material, más los intereses legales, desde el momento de la sustracción del dinero (26 de marzo de 2022) y hasta su efectivo pago, así como ¢150.000 por daño moral subjetivo, según indica el expediente 24-000012-1027-CA.
En el proceso se constató que el día de la estafa, de la cuenta del afectado Francisco Castillo Jiménez salieron ¢585.000 hacia otra cuenta de un hombre apellidado Mayorga. Ese mismo día, de la cuenta de Mayorga se realizaron transferencias por ¢200.000 y ¢385.000 hacia cuentas de terceras personas en otros bancos.
A pesar de este movimiento, el Banco Nacional no dio al actor, ni a su esposa (como autorizada) la alerta financiera por medio de mensaje de texto o correo electrónico.
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Incluso, Castillo y su cónyuge tenían otros elementos de seguridad en la cuenta, como nivel de seguridad Software Token (SWtoken); envíos de solicitud de códigos de seguridad para ingresar al “Internet Banking Web”, para afiliarse o de desafiliarse de Sinpe Móvil; alertas por inclusión de cuenta favoritas y cambio de clave.
Dos días después de la estafa, la esposa del titular de la cuenta presentó un reclamo administrativo en la sucursal del Banco Nacional de Atenas, y una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde contó cómo los estafadores accedieron a la cuenta de su esposo y a otras tres cuentas asociadas a través de una llamada, casos por los cuales presentaron también sus respectivas demandas.
En el 2023, la mujer relató a La Nación que el número telefónico era exactamente igual a la central del Banco Nacional. Un hombre que se identificó como funcionario de la entidad bancaria le advirtió que habían detectado unas transacciones irregulares, y luego le pidió su clave secreta o token.
Lo que les hizo confiar es que el falso funcionario le dio información que difícilmente alguien fuera del banco podría saber, como su número de cédula y otros detalles de la cuenta.
“Eso a uno lo pone a pensar porque lo llaman de un número del banco, primero que todo y después que salen con detalle completo de identificación de uno ante el banco, o sea, con todo lujo de detalles sale toda la información del banco, entonces eso es lo que a uno lo pone a pensar”, dijo Castillo a este medio.
La mujer le dio su código al hombre y, en cuestión de segundos, a su cuenta se agregaron tres cuentas favoritas de golpe, cuando normalmente se debe esperar cierto tiempo para que queden registradas. Así fue como los estafadores vulneraron las cuatro cuentas y sacaron cerca de ¢11 millones en total, que representaban los ahorros de su vida.
Culpa compartida
Por su parte, el Banco Nacional sostuvo ante el Tribunal que las transacciones se realizaron con el código de usuario asignado a la esposa del actor, y resaltó el hecho de que la esposa de Castillo confesó, no solo en la denuncia que interpuso ante el OIJ, sino en el propio reclamo administrativo planteado a la entidad bancaria, que ella misma fue inducida a error por terceras personas, al atender una llamada telefónica de falsos funcionarios.
De esta forma, el Tribunal concluyó que tanto el banco como el cliente tuvieron culpa en la estafa, y por eso ordenó a la entidad financiera pagar la mitad de los ¢585.000 sustraídos de la cuenta de Castillo. El reclamo por los restantes ¢10,4 millones, que se sustrajeron de otras cuentas de la pareja, se tramita en expedientes separados.
En la sentencia del 9 de junio anterior, los jueces explicaron que, además de fallar en dar la alerta, el banco tiene una responsabilidad al promover que sus clientes usen un servicio digital en el que pueden existir riesgos constantes.
“Dentro de este esquema, el menoscabo sufrido por el demandante fue el saqueo a través de Internet banking y de la aplicación BN Móvil en su cuenta de ahorro en colones, que sin lugar a dudas se produjo en el marco del riesgo creado por la entidad accionada”, dice el expediente.
“Quien ejerce o se aprovecha de una actividad con elementos potencialmente peligrosos, obligan a quien se sirve de ellos a reparar el daño causado y soportar los inconvenientes”, detalla.
Por otro lado, los jueces consideraron que la parte afectada tuvo culpa al verificar que las transacciones mismas fueron generadas con el código de usuario y su respectiva clave de acceso, definida y conocida únicamente por el cliente.
“En el caso concreto, la cónyuge del demandante debió ser más proactiva en su interacción con los falsos funcionarios, lo que no hizo, conforme sus propias declaraciones ante el OIJ y en el reclamo administrativo que planteó ante la Sucursal del BNCR en Atenas, Alajuela”, indicó el Tribunal.
La sentencia aún no está en firme, pues el banco podría presentar un recurso de casación ante la Sala Primera.
Ante consulta de La Nación, La Dirección Jurídica del Banco Nacional respondió que “al tratarse de una resolución judicial que aún no se encuentra en firme, no podemos referirnos sobre el tema. Esto se debe a que las partes involucradas todavía se encuentran dentro del plazo legal para interponer un recurso extraordinario de casación, lo que podría modificar el estado actual del proceso”.
Para Castillo, este caso se trata de “un precedente que se va a presentar para los otros que están detrás de las demandas que tienen contra el banco”.
Él y sus familiares son parte del movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica, coordinado por Carmen Rojas Guzmán, exfuncionaria del Banco Popular que en el 2022 perdió ¢9,7 millones por medio de una llamada telefónica.
Rojas detalló que inicialmente 50 personas habían demandado a diferentes bancos, pero la mayoría retiró sus demandas cuando debían pagar peritos, y el grupo de demandantes se redujo a 12 personas.
Una primera demanda colectiva, en la que estaba Castillo, era tramitada dentro del expediente 23-001992-1027-CA, fue presentada en abril del 2023 contra el Banco Nacional. En esta, 17 personas reclaman ¢400 millones por el dinero perdido, más daños y perjuicios. El segundo expediente, el 23-003949-1027-CA, incluía a 11 personas y fue presentado en julio contra el Banco Popular, por un monto de ¢160 millones.
Posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo decidió desacumular los expedientes, pues consideró que cada uno debía manejarse de forma separada.