Fue un sábado de marzo de 2022 cuando la mamá de David Castillo recibió una llamada repentina de un número exactamente igual a la central del Banco Nacional. Un hombre que se identificó como funcionario de la entidad bancaria le advirtió que habían detectado unas transacciones irregulares.
Aunque la mujer negó haber realizado dichas transferencias, el sujeto comenzó a describirle varias supuestas “compras no autorizadas” que debían ser detenidas de inmediato, por lo que le solicitó hacer ciertas gestiones y en un determinado momento le pidió su clave secreta (token).
Nerviosa y confiada en que se trataba de una llamada legítima del banco, la adulta mayor, de 65 años, le suministró su código al hombre y, en cuestión de segundos, a su cuenta se agregaron tres cuentas favoritas de golpe, cuando normalmente se debe esperar cierto tiempo para que queden registradas.
En ese instante, el estafador vació la cuenta de la mujer y otras tres cuentas que tenía asociadas: la de su hijo David, la de su esposo y una cuenta de una sociedad anónima a donde la caía el dinero de unos apartamentos de alquiler. En total fueron ¢11 millones que se trasladaron a las cuentas favoritas que se habían agregado segundos antes y que tras el robo fueron eliminadas y desaparecieron de inmediato.
Según David Castillo, lo más extraño es que cuando ocurrieron esos movimientos, no llegó ninguna notificación o recibo al correo de su madre, cuando minutos antes de la llamada habían realizado gestiones y sí habían llegado los reportes, al igual que luego de la estafa, cuando volvieron a probar.
En minutos, la familia Castillo Villalobos, oriunda de Atenas, en Alajuela, vio perderse los ahorros de toda la vida. Tenían todos sus ingresos concentrados en esas cuatro cuentas del Banco Nacional. Su caso es uno de los 17 que se acumularon en una sola demanda contra el Banco Nacional y en la que reclaman ¢400 millones por el dinero perdido, más daños y perjuicios. El Banco confirmó que ya fueron notificados.
Los procesos fueron presentados por miembros del movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica, coordinado por Carmen Rojas Guzmán, exfuncionaria del Banco Popular que el año anterior perdió ¢9,7 millones.
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Castillo indicó que pasados 17 meses del lamentable hecho, el Banco Nacional lo que ha hecho es “evadir” sus consultas y quejas, al punto de que ni siquiera les ha indicado a qué cuentas fue trasladado el dinero el día de la estafa, ya que alega que esa información está protegida por el secreto bancario.
Destacó que ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha sido de ayuda, ya que desde el momento en que fueron a interponer la denuncia, les señalaron que no iban a recuperar el dinero. Dijo que a la fecha solo les han indicado el nombre de las personas dueñas de las cuentas a donde se trasladó inicialmente el dinero, pero con el aviso de que solo se trata de individuos intermediarios.
Las autoridades indican que normalmente los estafadores buscan personas vulnerables o en pobreza extrema para ofrecerles dinero a cambio de que abran una cuenta bancaria y se las regalen, para que ellos la utilicen a su conveniencia. Estas son las cuentas que utilizan para extraer los montos robados.
Sin embargo, para David Castillo el problema radica en los malos controles de seguridad del banco o, aún peor, en la posibilidad de que propios trabajadores de la entidad estén involucrados en la estafa.
“Tengo un amigo que trabaja en el sector bancario que me dice que ha conocido gente de bancos que han sido despedidos por ser cómplices de estas estafas. En los bancos se dan cuenta que los funcionarios se están prestando para esto, pero jamás lo van a decir públicamente”, aseveró.
David perdió todo el dinero de su liquidación del trabajo cuando estafaron a su mamá por teléfono, ya que le acababa de caer ese dinero a su cuenta cuando sucedió todo en 2022. A la fecha ningún juez ha autorizado abrir las cuentas de los sospechosos ni tampoco el OIJ ha decidido investigarlos. (Alejandro Gamboa Madrigal)
Castillo ganó un recurso de amparo contra el banco luego de que la entidad se opusiera a suministrarle estadísticas de denuncias por fraudes ocurridos desde 2010. Tras el fallo de la Sala Constitucional a su favor, la entidad tuvo que publicar los datos que demuestran una situación preocupante.
Según las cifras, el banco pasó de registrar 0 denuncias de 2010 a 2014, a un total de 277 en 2015, 1.016 en 2019 y 3.040 en todo 2022. Para Castillo, los números hablan por sí solos, pero alega que el Nacional sigue responsabilizando a los clientes, como el caso de su madre por haber dado su token.
“De hecho tengo que ir a consultar al OIJ que sucedió con eso, porque ellos ni informan, hasta me habían dicho que están saturados de casos de estafas”, concluyó el afectado de 38 años.
