Cámara de Bancos advierte de posibles vicios de constitucionalidad en ley que los obliga a responder por estafas electrónicas
Proyecto de ley fue aprobado este miércoles en segundo debate por el Congreso
El BN, BCR y el Banco Popular son parte de las entidades que integran la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Fotocomposición en Canva/Archivo LN
El BN, BCR y el Banco Popular son parte de las entidades que integran la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN /Fotocomposición en Canva/Archivo LN)
La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras cuestionó el proyecto de ley que obliga a las entidades financieras a responder por los daños sufridos por clientes víctimas de estafas electrónicas, al advertir de que el texto aprobado por los diputados podría presentar eventuales vicios de constitucionalidad.
El pronunciamiento se dio luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en segundo debate el expediente 23.908, que establece la responsabilidad de los bancos por la sustracción de dinero de cuentas bajo su custodia, incluso cuando el fraude sea cometido por terceros no autorizados.
Según la organización, la normativa “no atiende de manera efectiva el problema de fondo”, que consideran está relacionado con la lucha contra las estafas electrónicas y el combate al crimen organizado. Además, señalaron que el texto aprobado contiene vacíos normativos que podrían dificultar su correcta aplicación, aunque sin especificarlos.
La Cámara también manifestó preocupación por los efectos que la ley podría generar en el sistema financiero. En particular, señaló que la normativa podría provocar un encarecimiento de los servicios financieros y aumentar los riesgos de exclusión para miles de personas.
A pesar de sus cuestionamientos, la organización aseguró que mantiene su disposición de trabajar con las autoridades y otros actores del sistema financiero para buscar soluciones que fortalezcan la seguridad de las plataformas y protejan a los usuarios frente a las estafas.
El proyecto establece la responsabilidad de las entidades financieras por la sustracción de fondos en cuentas bajo su custodia, con dos excepciones: cuando se demuestre que se trató de un autofraude o cuando la entidad pruebe que cumple con los estándares de ciberseguridad definidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El diputado Oscar Izquierdo, del PLN, fue el principal impulsor de esa norma. (JOHN DURAN/John Durán)
La iniciativa ahora deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para su firma y posterior publicación en el diario oficial, paso necesario para que entre en vigor.
La Cámara de Bancos e Instituciones Financierasestá integrada por el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, BAC, Davivienda, Promerica, Lafise, Grupo Mutual, Mucap, Financiera Cafsa, Financiera MultiMoney, CoopeAnde y Coopealianza.
