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Nogui Acosta, jefe de fracción de los diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y exministro de Hacienda, afirmó que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podría colapsar en 10 años si no se aplican reformas que garanticen su sostenibilidad en el largo plazo.
Durante el programa radial Hablando Claro, conducido por la periodista Vilma Ibarra, Acosta afirmó que la crisis que enfrenta el principal fondo de pensiones del país, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no responde a la deuda del Estado, sino a dos factores específicos.
“El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte tiene no más de 10 años en los cuales va a tener un colapso importante. No tiene que ver con la deuda del Estado, (sino) con dos temas fundamentales: la longevidad y el envejecimiento de las personas, y que dimos un beneficio que estaba por encima de las capacidades del mismo fondo”, advirtió Acosta.
“Durante muchísimos años no hemos hecho ninguna modificación importante, hasta los recientes, pero que no tienen un impacto hacia futuro”, agregó.
Al cierre del 2025, el IVM contaba con 393.000 personas jubiladas, 1,8 millones de trabajadores cotizantes y 83.000 patronos.
Las declaraciones del exjerarca de Hacienda surgieron luego de que Ibarra le consultara si estaba de acuerdo con la entrega de la totalidad del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), tema que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que ha generado diferencias entre diversas bancadas y sectores.
Según Acosta, el análisis sobre las pensiones en Costa Rica debería centrarse primero en atender la situación que enfrenta el IVM, antes de decidir si corresponde o no entregar los recursos del ROP.
El legislador electo dijo a La Nación que PPSO no ha tomado una decisión, sino que está a la espera de la información que se derive de las conversaciones en el Congreso, entre los actores políticos, las instituciones del gobierno y los actores técnicos.
Durante la campaña presidencial, Acosta consideró irresponsable la entrega del ROP durante un debate realizado por el Grupo Repretel-Monumental.
IVM atraviesa el inicio de una crisis
Al cierre del 2025, debido a que el Gobierno no pagó las cuotas estatales para pensiones ese año, la CCSS se vio obligada, por primera vez en su historia, a utilizar recursos de la reserva del régimen para cumplir con los pagos mensuales de los 393.000 jubilados.
Este escenario, previsto originalmente para el 2041, se adelantó 16 años. En ese momento, la institución confirmó a La Nación que tomó ¢50.000 millones de la reserva para cubrir sus obligaciones, pues las contribuciones recibidas y los rendimientos de las inversiones no alcanzaron para pagar las jubilaciones.
Aunque las proyecciones institucionales indicaban que este uso del fondo llevaría al agotamiento de la reserva en el 2047, ese plazo también podría anticiparse. Así lo advirtió el Comité de Vigilancia durante la sesión ordinaria N.° 9574 de la Junta Directiva, celebrada el 20 de enero.
En la presentación de su Informe de situación y recomendaciones para mejorar la condición financiera y actuarial del Seguro de Pensiones del IVM, periodo 2024-2025, el órgano señaló que el incumplimiento de algunos supuestos actuariales podría acelerar el agotamiento de los recursos.
Entre ellos mencionó un desequilibrio estructural entre el porcentaje de cotización al régimen —prima vigente—, los beneficios otorgados a los pensionados y las obligaciones futuras.
El documento atribuye esta situación a la insuficiencia de aportes, el uso recurrente de los intereses de la reserva para financiar el pago de pensiones, la deuda acumulada del Estado y la falta de decisiones oportunas sobre las finanzas del IVM. Estos factores, según indica, han acelerado el deterioro de la sostenibilidad del sistema.
Si la reserva llegara a agotarse, el faltante para pagar las pensiones deberá ser cubierto por el Estado, de acuerdo con la Constitución Política. El artículo 177 obliga al Poder Ejecutivo a incluir esos recursos en el Presupuesto Nacional.
