Coopeservidores otorgó préstamos a clientes con alto endeudamiento
Hallazgos del proceso de intervención muestran que la cooperativa también entregaba gran cantidad de préstamos de consumo sin garantía; patrimonio se redujo a la mitad en cuestión de seis meses
22 de junio del 2024. Recorrido por oficinas e instalaciones de Coopeservidores (CS) en barrio México, San José Centro y Guadalupe tras la resolución de Conassif. Un ambiente frío y con poca o ninguna afluencia de público a pesar de que las oficinas en San José por Avenida 1 fueron las únicas que se encontraban abiertas al público. Las oficinas administrativas de CS ubicadas en barrio México permanecieron cerradas.En la foto: Foto: Albert Marín para la Nación. Albert Marín
La intervención de Coopeservidores dejó en evidencia algunas malas prácticas financieras que derivaron en la declaratoria de inviabilidad de la cooperativa, hoy destinada a su cierre por medio de un proceso de resolución o, en su defecto, un juicio concursal.
Financiamiento a clientes con altos niveles de endeudamiento, otorgamiento de préstamos de consumo sin garantías y la aplicación constante de prórrogas a deudores fueron algunos de los hallazgos del proceso de intervención. Así lo muestra el acuerdo de resolución del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) respecto a la intervención de Coopeservidores, publicado en el diario oficial La Gaceta el 28 de junio.
Según el informe de Conassif, una serie de factores se conjugaron en detrimento del principal activo de Coopeservidores: su cartera crediticia. Uno de ellos fue el alto perfil de riesgo crediticio de sus clientes, ya que las políticas de la entidad permitían financiarlos, aun teniendo muy altos niveles de endeudamiento.
De igual manera, se enfatizó que el producto estrella de la cooperativa era el crédito de consumo sin fiador, dado que el 64% de la cartera de crédito, equivalente a ¢366.114 millones en abril pasado, no tenía asociada ninguna garantía.
La intervención confirmó que el deterioro de la entidad se debe, principalmente, a la mala gestión de su cartera crediticia, acudiendo a prácticas como las moratorias de pagos mediante prórrogas, así como readecuaciones y refinanciamientos, con el fin de ocultar los verdaderos riesgos de ese activo.
Marco Hernández, exinterventor y ahora administrador del proceso de resolución de Coopeservidores, dijo en entrevista con La Nación, a finales de junio pasado, que la debacle de la cooperativa se inició con la pandemia cuando se establecieron medidas de flexibilización en la normativa para que las entidades ayudaran a sus clientes.
“Coopeservidores entró en esa dinámica con muchos clientes a quienes hizo una serie de prórrogas. Pero pasado el proceso de la desconexión (por pandemia), la cooperativa siguió con esa práctica porque no tuvo una estrategia efectiva para gestionar toda esa cartera crediticia y gestionar su cobro”, manifestó Hernández.
El deterioro progresivo de la cartera crediticia disparó la morosidad de Coopeservidores desde febrero de este año, pasando del 1,94% de la cartera, en enero, a 11,67% para mayo de 2024. El rango de normalidad en este indicador es del 3% o menos.
Según Hernández, Coopeservidores tenía una serie de clientes a quienes les hacía una deducción de las cuotas de crédito de su salario, pero la promulgación de la llamada “ley de usura” estableció una remuneración mínima intocable.
“Entonces, la bola de nieve de créditos malos se convirtió en una avalancha porque no había un cobro efectivo de esas sumas”, comentó Hernández en la mencionada entrevista.
La intervención también reveló que Coopeservidores perdió patrimonio por ¢57.721 millones, es decir, el 55% del total, al tiempo que redujo su indicador de suficiencia patrimonial en 7,77 puntos porcentuales, lo que la ubicaba en irregularidad financiera de grado tres.
Según el mencionado reporte, a mayo de 2024 la entidad cerró con un patrimonio de ¢46.996 millones y con un indicador de suficiencia patrimonial del 7,04%, por debajo de los ¢104.717 millones y el 14,81% de noviembre del año pasado.
La disminución en el patrimonio —que refleja la salud financiera y solidez de una entidad— se debió a que la cooperativa tuvo que realizar un ajuste en las estimaciones sobre su cartera crediticia, reclasificando el 17% de los créditos hacia categorías de mayor riesgo.
Ese 17% de la cartera recibió prórrogas automáticas que se efectuaron sin ninguna notificación al deudor. El informe señala que esos créditos no fueron objeto de cobro, creando una cultura de no pago por parte de los clientes, sumado a que la mayoría de operaciones no contaban con ninguna garantía.
Estas estimaciones también generaron un déficit en Coopeservidores, lo que significa que los activos no son suficientes para cubrir los pasivos, incluyendo deudas con el público, por ejemplo. La suma es de ¢69.034 millones.
Coopeservidores fue declarada inviable tras un proceso de intervención que derivó en la propuesta de un mecanismo de resolución, con el fin de recuperar los activos de mejor calidad. Archivo: (Albert Marín)
Capitalización se declaró inviable
Según el documento publicado en La Gaceta, la capitalización (aporte de asociados) para salvar la entidad se declaró inviable, ya que cada uno de los 131.311 miembros de la cooperativa tendría que haber efectuado una aportación inmediata de ¢963.000.
Para continuar operando, la cooperativa debía abarcar el déficit de ¢69.034 millones entre sus activos y pasivos, y contar con un monto adicional para llevar su capital a un nivel en que su índice de suficiencia patrimonial alcanzara, por lo menos, el mínimo regulatorio del 10%.
La estimación hecha por la interventoría estableció ese monto adicional en ¢57.316 millones, con base en cifras a mayo de 2024. Con lo cual, se requería una capitalización por un monto de —al menos— ¢126.350 millones.
La interventoría concluyó que una capitalización era inviable, ya que la gran mayoría (75%) de asociados de Coopeservidores son personas asalariadas en instituciones públicas y privadas, quienes, en promedio, tienen un salario de ¢700.000.
“(...) Si tuvieran que realizar la aportación en la dimensión indicada, les representaría la totalidad o una porción muy importante de su salario bruto, en el mejor de los casos, y para otros, ni tan siquiera con su salario completo podría efectuar esa aportación”, se lee en el documento.
Además, resaltaron que no hay forma de obligar a todos los asociados a efectuar un aporte de capital de esa magnitud y que 15.041 afiliados mantenían una alta probabilidad de impago total en sus créditos, lo que dificultaba aún más brindar ese aporte.
Ante este panorama, la interventoría destacó que lograr la aportación de capital requerida para que la entidad siguiera operando tomaría varios meses o incluso años, lo que resultaba inviable dada la situación financiera de la entidad.
