El proceso de intervención de Coopeservidores tuvo un costo de ¢58,2 millones al 16 de junio de 2024, según consta en el informe final del interventor de la entidad, Marco Hernández Ávila. Esos recursos se obtendrán del mismo proceso de resolución de la entidad.
No obstante, ese monto podría aumentar, considerando que el corte de la información remitida fue el 16 de junio. Según el informe final publicado el 28 de junio, los costos finales generados después del día 16 deben calcularse y remitirse a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para su aprobación.
El artículo 140 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica establece que el pago debe ser efectuado mensualmente por la entidad financiera intervenida en caso de que el flujo de caja lo permita, luego de que los interventores presenten un informe mensual de todos los gastos realizados.
Si una entidad financiera, como Coopeservidores, entra en un procedimiento de resolución o fase concursal (quiebra), los gastos de la intervención que fueron aprobados y no se hayan pagado serán cargados a la masa (conjunto de bienes de la entidad). Es decir, el monto se recuperará una vez que se obtenga el dinero por la colocación de los activos de mejor calidad, conocidos como “banco bueno”. Si ningún banco lo absorbe, el monto se recuperará luego de liquidados los activos de la cooperativa.
José Luis Arce, expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), explicó que el costo de la intervención es uno de los rubros prioritarios en el mecanismo de resolución o, si este fracasa, en el proceso concursal. Esto va de la mano del pago de las prestaciones a los trabajadores de la cooperativa y la liquidación de los impuestos respectivos.
Proceso de resolución
El proceso de resolución de una entidad financiera supervisada es el de pasos y medidas para resolver la situación de un banco, cooperativa o financiera que, luego de ser intervenida, se considera no viable. El objetivo es minimizar el impacto negativo sobre la estabilidad del sistema financiero, proteger a los depositantes y evitar el uso de fondos públicos en el rescate de una institución en problemas.
Según Arce, los rubros incluidos en el costo del procedimiento incluyen los salarios del interventor y de la interventora adjunta, así como el pago de servicios legales y administrativos, entre otros.
“La intervención se carga a la cooperativa y no a la Superintendencia porque ya las entidades supervisadas y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pagan por los costos de supervisión del sistema financiero. Sería el colmo que si una entidad falla le carguen esos costos al resto de la sociedad”, indicó el economista.
El costo de la intervención de Coopeservidores superó los ¢58 millones al 16 de junio, según el informe final del interventor Marco Hernández. (Albert Marín)
Aunque la ley indica que el pago debe ser mensual si el flujo de caja lo permite, no se especifica en cuánto tiempo el BCCR debe recuperar el dinero en caso de un proceso de resolución financiera o fase concursal. Aun así, Arce estimó que, al ser un monto relativamente pequeño, se recuperará rápidamente, en un máximo de cuatro o cinco semanas.
Lo que sigue para Cooperservidores
El pasado 19 de junio, Hernández Ávila remitió el informe final de la intervención, en el cual concluyó que Coopeservidores es una entidad inviable financieramente, como se anunció en conferencia de prensa el 21 de este mismo mes. Se determinó que la entidad no cumple con los objetivos de solvencia y no se prevé que en el futuro próximo tenga capacidad para hacerlo, dado el continuo deterioro de su cartera crediticia.
La propuesta de resolución consiste en dividir la cooperativa en un “banco bueno”, que incluiría los activos y pasivos de calidad y que se transferiría a una entidad financiera solvente que ofertaría por dichos recursos, y en un “banco malo”. Este segundo bloque estaría compuesto por activos que, por su calidad u otras consideraciones, no se incluirían en el primer bloque, y sería administrado por un fideicomiso con el objetivo de venderlo en un plazo máximo de un año.
Solo el Banco Popular manifestó interés en participar en el proceso de resolución de Coopeservidores para absorber los activos y pasivos valiosos de la cooperativa. Actualmente, la oferta del Popular está en análisis y negociación, lo que podría tardar dos semanas, según el resolutor, Marco Hernández.
Para Arce, es común que solo una entidad oferte por el “banco bueno”. Señaló que las cooperativas como Coopeservidores emiten crédito y captan principalmente en colones. En ese sentido, afirmó que solo bancos públicos o cooperativas se interesarían por esa cartera debido a la similitud con su giro de negocio.
“Un banco privado que casi no intermedia en moneda local no estará interesado en comprar una cartera en colones. Es por eso que solo un banco público ofertó por el “banco bueno” de Coopeservidores en el proceso de resolución”, concluyó Arce.
