El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta un proceso de estrés en sus finanzas, al cual llegó por ascenso de la deuda estatal. Sin embargo, hay otro factor relevante que presiona la sostenibilidad del principal fondo de jubilaciones de Costa Rica.
El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, explicó a La Nación que el régimen también registra una desaceleración en los ingresos por cotizaciones desde el 2024, pero desde el 2020 no reciben los recursos que tenían previsto a raíz de salarios con incrementos bajos de los trabajadores.
Dicho comportamiento, sumado al incremento sostenido del gasto, provocó un desbalance en el fondo: en el 2024 se usó la totalidad los intereses de las inversiones, situación que volvió a ocurrir en el 2025, pero con la agravante de que se tuvieron que tomar ¢50.000 millones de la reserva para pagar las pensiones, una situación inédita en su historia.
“Los gastos se han acelerado, pero no están tan alejados de las proyecciones actuariales. El tema de los ingresos sí estamos valorándolo un poco, porque ha habido un estancamiento en los ingresos por cotizaciones. Estamos estudiándolo a ver qué es lo que puede estar pasando ahí”, señaló Barrantes.
El jerarca atribuyó la desaceleración en los aportes al congelamiento salarial en el sector público y a un entorno de inflación negativa que limita los ajustes en el sector privado. Este escenario tensa la estabilidad futura del IVM, dado el incremento de los egresos por la mayor cantidad de jubilados.
El análisis del comportamiento anual de los ingresos por cotizaciones del IVM muestra que estos pasaron de ¢866.336 millones en el 2019 a ¢880.327 millones en el 2020, es decir, un alza de 1,6%, pero en un contexto marcado por la pandemia, según los estados financieros del régimen
La tendencia de crecimiento se mantuvo en los años siguientes hasta alcanzar la mayor variación porcentual en el 2023. En ese año, los aportes obrero-patronales ascendieron a ¢1,18 billones, es decir, un 12% más respecto a los ¢1,05 billones del 2022.
Sin embargo, en el 2024 el crecimiento se desaceleró. En ese año, el régimen tuvo ingresos por aportes de ¢1,28 billones, lo que implicó un incremento del 8,3% frente al año previo.
Durante el año pasado, el registro preliminar evidencia un freno a mayo. La CCSS carece de estados financieros del 2025 debido a los múltiples problemas ocasionados por la implementación del sistema contable ERP-SAP.
Al sumar esta desaceleración a los impagos del Gobierno por las cuotas estatales, cuyo saldo es de ¢769.332 millones, y al mayor gasto derivado del aumento de jubilados, se evidencia que el IVM enfrenta una presión creciente.
Dicho régimen cubre a cerca de 393.000 personas jubiladas y cuenta con 1,8 millones de trabajadores cotizantes con derecho a una pensión.
Congelamiento de salarios y mayores egresos
Según el gerente Jaime Barrantes, es clave poner la mirada en la regla fiscal y en el comportamiento de la inflación, ya que ambos factores han limitado los aumentos salariales en los sectores público y privado y, con ello, el crecimiento proporcional de las cotizaciones al IVM.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9.635), vigente desde enero del 2019, impuso topes al crecimiento del gasto corriente del Estado, incluidos los salarios, lo que derivó en un esquema más restrictivo y en la suspensión de ajustes remunerativos. En la práctica, salarios estancados implican cuotas sin crecimiento.
A ello se suma que durante buena parte del 2023, 2024 y 2025 el país registró una inflación interanual negativa o cercana a cero. A diciembre pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó una variación de -1,23%, lo que elimina la presión técnica para realizar ajustes salariales, al no evidenciarse aumentos en el costo de vida, según los indicadores oficiales.
A estos elementos se suma una avalancha de jubilaciones anticipadas que elevó el gasto de la Caja en el pago de pensiones del régimen durante el 2024.
Los estados financieros de ese año muestran que el IVM destinó ¢1,85 billones al pago de pensiones y seguros de salud, frente a los ¢1,63 billones registrados en el 2023. Esto representa un aumento interanual de ¢227.744 millones, equivalente a un crecimiento del 14%.
El incremento está vinculado a la reforma aplicada en agosto del 2021, cuando la CCSS eliminó la jubilación anticipada para los hombres y elevó la edad mínima de retiro para las mujeres, con el fin de fortalecer la sostenibilidad del sistema.
Aunque los nuevos requisitos entraron a regir en enero del 2024, se habilitó un periodo transitorio que permitió pensionarse bajo las reglas anteriores a quienes cumplieran las condiciones antes del plazo.
Esta ventana provocó un aumento masivo de solicitudes, en el que cerca de 5.000 personas adelantaron cuotas por más de ¢100.000 millones para asegurar su retiro con las condiciones previas.
‘Una muerte anunciada antes de lo previsto’
Rocío Aguilar, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), calificó la situación del IVM como una “muerte anunciada antes de lo previsto”, atribuida a ajustes que debieron aplicarse oportunamente y no se realizaron.
La exsuperintendenta advirtió de que el sistema continúa otorgando pensiones por montos superiores a los ingresos por cotizaciones, en un contexto demográfico y laboral adverso para su sostenibilidad.
Añadió que un aumento en las contribuciones incentivaría aún más la informalidad —aunque sea un ajuste necesario para elevar los ingresos— y que eventuales incrementos salariales, pese a generar mayores recursos, no bastarían para cerrar los vacíos financieros existentes ni se visualizarían de forma inmediata en la realidad.
“Un sistema diseñado como el que tenemos no puede funcionar para largo plazo, y mucho menos resquebrajando los pilares complementarios, como el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y los otros esquemas voluntarios”.
— Rocío Aguilar, exsuperintendenta de Pensiones.
Ante este panorama, Aguilar reiteró la urgencia de aplicar reformas estructurales y ejecutarlas, en vez de extender diálogos sin resultados, pues se trata —según afirmó— de un régimen concebido para una sociedad con un empleo formal en expansión, condición que hoy no existe.
La Nación solicitó a la Superintendencia de Pensiones (Supén) una posición sobre las dificultades de sostenibilidad del IVM, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.