La “economía jaguar” se convirtió en uno de los principales conceptos utilizados por el gobierno de Rodrigo Chaves para destacar el desempeño de la actividad productiva de Costa Rica.
Sin embargo, la desaceleración de la recaudación tributaria y diferentes presiones fiscales llevaron a su sucesora oficialista, Laura Fernández, a anunciar en julio un plan fiscal que contempla más de 15 proyectos de ley; de ellos, los primeros tres ya se presentaron a la Asamblea Legislativa.
Ese cambio responde a factores como el menor crecimiento de los ingresos vía impuestos, la apreciación del colón frente al dólar, un periodo de inflación negativa, así como el peso del servicio de la deuda.
Ante ese panorama, la administración de Fernández impulsa un paquete de cambios en facturación electrónica, sanciones contra la evasión fiscal, embargos administrativos sin protección judicial, regulación de exoneraciones y ajustes al impuesto sobre la renta. Además, mantiene en análisis la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) del 13% a la canasta básica, bajo determinadas condiciones.
El debate fiscal, sin embargo, no es nuevo en Costa Rica. Los gobiernos de Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014) plantearon iniciativas para modificar el sistema tributario y fortalecer los ingresos, aunque ninguna prosperó.
El mayor cambio llegó con la administración de Carlos Alvarado (2018-2022) tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que creó el IVA, ajustó el impuesto sobre la renta e incorporó reglas de responsabilidad fiscal para contener un déficit significativo.
El término de “economía jaguar” surgió en febrero del 2024, cuando BofA Securities, división de Bank of America, utilizó esa expresión para describir el desempeño de Costa Rica en un informe sobre las perspectivas económicas del país. En el análisis comparó a Costa Rica con los tigres asiáticos, economías que registraron un acelerado proceso de industrialización y crecimiento durante la década de 1960.
Tras la publicación, el gobierno de Rodrigo Chaves lo incorporó a su discurso y continúa en la adminstración de Laura Fernández.
Recaudación tributaria enfrenta desaceleración
El planteamiento inicial del plan fiscal surgió luego de que el Ministerio de Hacienda advirtiera de una desaceleración en la recaudación tributaria.
La presión sobre las finanzas públicas aumentó debido a que los ingresos tributarios crecieron apenas 0,6% en el 2025. Para el 2026 se proyecta un decrecimiento del 3,5%, equivalente a una caída de ¢228.000 millones.
Según datos de Hacienda, la recaudación del 2024 fue de ¢6,58 billones, luego alcanzaron los ¢6,62 billones al año siguiente y, de acuerdo con el Marco fiscal de mediano plazo 2026-2031, la proyección es que el 2026 cierre en ¢6,39 billones.
En las cifras con corte a mayo se mantuvo la tendencia a la baja, pues los ingresos impositivos sumaron ¢2,68 billones, frente a ¢2,75 billones en el mismo periodo del 2025. Esto representa una reducción de ¢69.703 millones.
En el 2026, la recaudación fiscal representaría el equivalente al 11,9% del PIB, con lo cual se reduciría en 0,9 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el año pasado, cuando fue de un 12,8%.
Efecto de inflación negativa y un tipo de cambio bajo
El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, explicó a La Nación que buena parte de la desaceleración de la recaudación responde a la apreciación del colón frente al dólar.
Señaló que un tipo de cambio más bajo reduce el valor en colones de las importaciones, base sobre la cual se cobran tributos como el IVA, los aranceles y el impuesto selectivo de consumo. Además, disminuye las utilidades gravables de las empresas que generan ingresos en dólares y afecta el dinamismo económico.
Cubero agregó que la apreciación cambiaria ha contribuido a una inflación baja e incluso negativa, lo que limita el crecimiento del PIB nominal y, con ello, el crecimiento de las bases imponibles sobre las que se recaudan impuestos.
El exjerarca del BCCR también atribuyó parte de la caída a medidas como la reducción del marchamo aprobada a finales del 2023, así como a cambios en el impuesto selectivo de consumo y en la valoración aduanera de mercancías importadas.
En esa misma línea, Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), coincidió en que la apreciación del colón reduce la base imponible de una economía semidolarizada como la costarricense.
Además, sostuvo que el tamaño del Estado costarricense no puede sostenerse con una carga tributaria propia de una economía con menor nivel de gasto público, como actualmente ocurre.
Añadió que, aunque la producción continúe expandiéndose en términos reales, la recaudación crece con mayor lentitud cuando los precios se mantienen estables o disminuyen.
Baja en la carga tributaria y crecimiento de la deuda
Para el 2027, se proyecta una recuperación de la recaudación tributaria hasta los ¢6,46 billones, con leves incrementos en los años siguientes, hasta llegar a ¢7,16 billones en el 2031, de acuerdo con las estimaciones de Hacienda.
Sin embargo, el Marco fiscal de Hacienda muestra que la carga tributaria bajará en los próximos años de manera consecutiva porque, aunque crezca la recaudación de impuestos, lo haría a un ritmo menor que la economía.
La proyección es que en el 2031 la relación alcance el 10% del PIB, según el escenario base de Hacienda, pese a que a partir del año 2027 se estima una recuperación, aunque lenta, en los ingresos absolutos por tributos.
Una de las principales consecuencias de una menor recaudación sería una mayor presión de financiamiento para el Gobierno, el cual ya proyecta una trayectoria creciente del endeudamiento en los próximos años.
Hacienda estima que el endeudamiento del Gobierno continúe por encima del 60% de la producción, al menos entre el 2026 y el 2031. Para este último año, se prevé que alcance el 68,8% del PIB. Estos niveles endurecen la aplicación de la regla fiscal, la cual restringe el gasto del Gobierno.
A esto se suma la desaceleración económica proyectada por el Banco Central para este 2026.
Ingresos cubren el gasto primario, pero no el costo de la deuda
A esto se le une que la evolución de las finanzas públicas en los últimos años refleja dos realidades distintas, dependiendo de si se consideran o no los intereses de la deuda.
Al analizar los ingresos totales del Gobierno frente al gasto primario –que excluye el pago de intereses–, se observa una mejora en el balance fiscal a partir del 2022, luego de varios años en los que los gastos superaron los recursos disponibles.
Ese año, los ingresos alcanzaron ¢7,34 billones, mientras que el gasto primario se ubicó en ¢6,41 billones, una diferencia favorable que se ha mantenido desde entonces. No obstante, el gasto también muestra un aumento sostenido entre el 2023 y el 2025, con una brecha cada vez menor respecto a los ingresos.
El escenario cambia considerablemente cuando se incorpora el pago de intereses de la deuda. Al tomar en cuenta la totalidad de las obligaciones del Estado, los gastos se mantienen por encima de los ingresos durante todo el periodo analizado.
En el 2025, por ejemplo, el gobierno reportó ingresos por ¢7,47 billones y un gasto total de ¢9,24 billones, una brecha que evidencia el peso que aún tiene el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas.
Después del fuerte crecimiento registrado entre el 2020 y el 2022, los ingresos comenzaron a perder dinamismo, mientras el gasto mantuvo un aumento gradual.
Luis Vargas, economista y vocero del Colegio de Ciencias Económicas, explicó a La Nación que la apreciación del colón registrada en el 2025 redujo el costo del servicio de la deuda externa, pues al convertir las obligaciones en dólares a moneda nacional disminuye tanto el saldo adeudado como sus intereses.
Por ende, un eventual aumento del tipo de cambio podría ampliar la brecha entre los ingresos y gastos totales del Gobierno.
La incógnita de los créditos fiscales
A estos factores se suma que los contribuyentes quedaron con una millonaria suma a su favor en impuestos, luego de que Hacienda comenzara a operar el nuevo sistema tributario Tribu-CR el 6 de octubre del año pasado.
La Contraloría General de la República (CGR) alertó en un dictamen de auditoría financiera de que, a partir de la implementación de la nueva plataforma, Hacienda identificó la existencia de ¢1,68 billones en créditos o saldos a favor de los contribuyentes.
Para poner en contexto la relevancia del monto revelado, durante los últimos cuatro trimestres (del segundo del 2025 al primero del 2026) la recaudación tributaria promedio de cada tres meses fue de ¢1,63 millones, según una estimación hecha con datos de Hacienda.
Un crédito o saldo fiscal es el monto que un contribuyente puede deducir o recuperar cuando paga impuestos en exceso o cuando realiza retenciones, percepciones o adelantos que superan su obligación tributaria real.
De acuerdo con el informe del órgano contralor, durante el último trimestre del año pasado, la Administración Tributaria aplicó de oficio saldos a favor de los contribuyentes por ¢234.826 millones para la cancelación de obligaciones tributarias.
Por otro lado, la Contraloría indicó en el informe que aproximadamente un 40% del monto total acreditado a favor de los contribuyentes –es decir, en torno a ¢672.635 millones– presentaba algún grado de inconsistencia, según criterios técnicos definidos por la propia Administración Tributaria.
Si se toma en consideración el monto con inconsistencias (que puede ser disputado), más lo ya aplicado a favor del contribuyente, restarían alrededor de ¢774.126 millones en saldos de este tipo por adjudicarse, lo cual podría generar un impacto en la recaudación tributaria.