La Corte Suprema de Estados Unidos marcó este viernes 20 de febrero un giro judicial en la política arancelaria del presidente Donald Trump, al dictaminar que excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles “recíprocos” que impactaron el comercio global.
La sentencia, de 170 páginas, bloquea una herramienta que el presidente estadounidense ha utilizado como mecanismo de presión económica y política contra prácticamente todos los socios comerciales del país, incluido Costa Rica.
En conferencia, Trump criticó la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. y anunció la imposición de un arancel global del 10%, por 150 días, mientras efectúan investigaciones a socios comerciales o sectores para imponer tarifas más elevadas.
El máximo tribunal estadounidense decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como el automotor, el acero o el aluminio.
Trump emitió la Orden Ejecutiva No. 14257 para declarar una emergencia nacional debido a déficits comerciales “grandes y persistentes”. Además, calificó la situación como una amenaza.
La Corte afirmó que el presidente Trump pretendía facultarse para aumentar aranceles a casi cualquier producto, de cualquier país y por el monto que estimara conveniente, solo con una declaratoria de emergencia.
— Potestad del Congreso
La Corte enfatizó, por mayoría, que, para un poder de tal magnitud, la ley debe ser clara y que, en este caso, no lo es, pues la IEEPA no incluye la facultad de imponer impuestos.
La sentencia confirma que la ley otorga al Ejecutivo la facultad de regular la importación, pero que esto no incluye la tributación. Así, atribuye exclusivamente al Congreso, según la Constitución, la potestad de establecer impuestos y aranceles.
“Si el Congreso hubiera tenido la intención de conferir la facultad distinta y extraordinaria de imponer aranceles, lo habría hecho de manera expresa, como consistentemente ha hecho en otras leyes arancelarias”, indica el documento.
— Ley no concede poder al presidente
También destacó que la IEEPA autoriza al presidente a “regular la importación” para bloquear, congelar o frenar operaciones con bienes extranjeros en una emergencia, pero no menciona impuestos ni aranceles.
“El Gobierno interpreta la IEEPA como si otorgara al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles sin límites y modificarlos a su discreción. Esa postura representaría una expansión transformadora de la autoridad presidencial en materia de política arancelaria”, se lee en el documento.
— Desplazamiento de otras normas
De igual manera, la Corte indicó que si la IEEPA ya permitiera aranceles ilimitados, todas las otras normas comerciales que establecen con exactitud a qué productos aplican, cómo proceder y en qué magnitud, quedarían desplazadas.
— Aranceles exceden alcances del mandatario
Asimismo, la sentencia señaló que en el medio siglo de existencia de la IEEPA ningún presidente ha invocado la norma para imponer aranceles, y mucho menos de la magnitud y alcance de los impuestos por Trump.
“Esa ‘falta de precedente histórico’, unida a la amplitud de autoridad que ahora reclama el presidente, sugiere que los aranceles exceden el ‘alcance legítimo’ del mandatario”, expresó la Corte.
En síntesis, la Corte ratifica, por mayoría, que la ley IEEPA no otorga al presidente la potestad de imponer aranceles; si desea contar con ella, el Congreso debe autorizarla de forma clara y directa en otra ley.
— Reembolso de ‘miles de millones’
El juez Brett Kavanaugh, en su voto disidente, aseguró que la sentencia podría obligar a Estados Unidos a reintegrar miles de millones de dólares a quienes pagaron las tarifas en el marco de la IEEPA y que el proceso de reembolso posiblemente será un “desorden”.
“Los efectos provisionales de la decisión del Tribunal podrían ser sustanciales. Es posible que Estados Unidos deba reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles impuestos en virtud de la IEEPA, aun cuando algunos de ellos ya hayan trasladado esos costos a los consumidores u otros actores”, explicó.
Kavanaugh también argumentó que los aranceles facilitaron acuerdos comerciales, por lo que la decisión del Tribunal podría generar incertidumbre.
— Juez disidente: resolución no restringe capacidad de imponer aranceles
El juez disidente advirtió que la resolución podría no restringir de manera sustancial la capacidad de un presidente para imponer aranceles en el futuro.
“Otras leyes federales autorizan al presidente a imponer aranceles y podrían justificar la mayoría (si no todos) los aranceles en cuestión en este caso, aunque quizás con algunos pasos procedimentales adicionales que la IEEPA, como ley de emergencia, no exige”, dijo.
Además de Kavanaugh, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito también defendieron la legalidad de los aranceles presidenciales y se apartaron de la decisión de la mayoría. Argumentaron que el término “regular la importación” siempre ha incluido la imposición de derechos de aduana.
El fallo anula el arancel del 25% a las importaciones de Canadá y México, el arancel del 10% a las importaciones de China y el “arancel recíproco” de al menos el 10% aplicado a todos los socios comerciales de Estados Unidos.