Una comisión de la Asamblea Legislativa selló de forma unánime el proyecto contra las estafas en línea, pese a la evidente molestia de los bancos, principalmente los públicos, y a la ruptura que la reforma causó en la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Hasta los diputados de gobierno cerraron filas alrededor del texto impulsado por el diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), quien ha denunciado ser víctima de persecución política por parte de la administración de Rodrigo Chaves.
El proyecto fue avalado en segundo debate el 4 de marzo, con 14 votos a favor y ninguno en contra, en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III. Para convertirse en ley, solo le falta la firma del presidente.
El legislador Óscar Izquierdo, quien podría ser el jefe de asesores de la próxima bancada del PLN luego de que el gobierno eliminó su plaza en el AyA, logró sacar adelante una reforma para obligar a los bancos a compensar a las víctimas de las estafas en línea, uno de los crímenes que más ha crecido en los últimos años, sobre todo en la banca pública.
Las entidades financieras consideran que al socialdemócrata se le fue la mano y califican la inminente legislación de inconstitucional, además de que estiman que aumentará los costos bancarios para todos los usuarios.
No obstante, pese al músculo de lobby legislativo que suelen tener los bancos públicos, en esta ocasión no pudieron frenar la reforma.
Ya no existe posibilidad de consultar el proyecto a la Sala Constitucional; no se reunieron las diez firmas necesarias en el Congreso. Solo falta el análisis del mandatario para decidir si firma la norma y dispone su entrada en vigor.
En caso de que se concrete la promulgación, a los bancos les queda la opción de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley.
Izquierdo, defenestrado de su plaza en Acueductos y Alcantarillados (AyA), logró reunir el apoyo necesario para sostener el plan de ley solicitado por grupos de víctimas. La bancada de gobierno, con una mayor responsabilidad de sopesar los efectos sobre el sector financiero en vista de su conexión con el Poder Ejecutivo, decidió no oponerse al proyecto. Puso más resistencia el PUSC, aunque también votó a favor a la hora final.
En la víspera de la segunda y definitiva votación, Pilar Cisneros y Manuel Morales confirmaron el apoyo del oficialismo. Sin embargo, Morales dio un argumento que pareciera equivocado.
Dijo que quienes están opuestos a la iniciativa son principalmente los bancos privados y que esa fue la razón por la que los estatales se retiraron de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), pero en realidad todo sucedió al revés.
Fueron el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP) los que se salieron de la ABC, molestos porque esta organización envió un primer comunicado aplaudiendo la aprobación del proyecto de Izquierdo en primer debate.
El BP, que tiene una comunicación fluida con Casa Presidencial, se unió al BN y al BCR para alegar un “quiebre de confianza” por las declaraciones de la ABC, luego de que el 27 de febrero la Asociación consideró que el proyecto constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica.
Los bancos estatales rompieron con la organización aun después de que esta emitió un segundo comunicado, en el que afirmó que la reforma está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de los delitos bancarios.
La carta de los bancos públicos la firmaron los gerentes generales Rosaysella Ulloa, del BN; Gina Carvajal, del BP, y Julio César Trejos, del BCR.
En la ABC, creada en 1983, quedaron las entidades privadas Banco BCT, Banco Improsa, Banco BAC San José, Banco Promerica, Scotiabank de Costa Rica, Banco Davivienda (Costa Rica), Banco CMB (Costa Rica), Banco Lafise y Banco Cathay de Costa Rica.
¿Qué establece el proyecto contra estafas en línea?
La reforma establece que las entidades financieras son responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero de las cuentas bajo su custodia, independientemente de la existencia de culpa.
Serían responsables incluso si la sustracción la hizo un tercero no autorizado por el cliente.
Dos excepciones
No obstante, la responsabilidad no se aplicará cuando:
- Se demuestre que hubo un autofraude
- Se demuestre que el banco cumple con los estándares adecuados de ciberseguridad instruidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
Otro cambio fundamental es que se invierte la carga de la prueba en favor de la víctima, tanto en sede judicial como administrativa.
Es decir, una vez reportada la sustracción del dinero, el cliente no debe probar la responsabilidad del banco, sino que la entidad financiera tiene que desvirtuar los hechos o demostrar que se encuentra en alguna de las excepciones previstas.
Bancos públicos se pronuncian mediante Cámara
Los bancos públicos, que se mantienen en la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, sostienen que el proyecto es arbitrario, confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica.
Lo califican de violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad.
Lamentaron que se omitiera el concepto de culpa grave y que no se evitaran incentivos perversos que terminen favoreciendo el fraude.
Asimismo, advirtieron de un eventual incremento en costos que inevitablemente se trasladaríann a todos los clientes, afectando tarifas y acceso al crédito.