Sí, algo están fraguando los diputados sobre las pensiones de lujo, pero en el buen sentido de la frase.
Parecen correr buenos vientos en la Asamblea Legislativa, la cual ha dado muestras importantes de querer ponerle un freno al gigantesco gasto público en jubilaciones millonarias y, adicionalmente, recortarlo.
En el 2016, el Congreso pasado también tuvo la voluntad de entrarle al tema, pero, a la vuelta de la esquina, nos dimos cuenta de que las reformas aprobadas durante ese año resultaron insuficientes: no le hicieron ni cosquillas al gasto del Gobierno Central en pensiones, el cual superará los ¢842.000 millones anuales en el 2020.
Hoy, los actuales diputados y el Poder Ejecutivo retoman el tema y la mayoría de fracciones legislativas expresa voluntad de avanzar.
Un proyecto del diputado del PAC y actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, pretende resucitar el tope a las pensiones de lujo que fue eliminado, de un golazo de media cancha, en el último minuto del trámite de las reformas del 2016.
Mediante una moción de los entonces legisladores Avelino Esquivel y Aracelly Segura, de Renovación Costarricense y del PLN, se eliminó un artículo de una ley de 1998 que daba sustento al tope de ¢2,7 millones a las pensiones de Gobierno y Magisterio otorgadas después de ese año.
El proyecto de Morales Mora pretende reinstaurar ese tope y, la vez, bajarlo a ¢2,4 millones.
La intención es buena, pero la medida será insuficiente si el proyecto no cierra otro portillo.
Se trata de un artículo de la ley 7605 que les permite a los docentes con altos salarios, sobre todo funcionarios universitarios, eximirse del tope a las pensiones de lujo si postergan su fecha de jubilación.
Los incentivos por postergación tienen sentido porque le reducen a los regímenes de pensiones la cantidad de años en que tendrán que pagarle al jubilado.
No obstante, en el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional, el incentivo es demasiado ventajoso en comparación con el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
El Magisterio aumenta la pensión hasta en un 39,2% por trabajar siete años más, con el beneficio de que la edad de jubilación es más baja: 60 años frente a 65 del IVM en condiciones ordinarias.
Así, un catedrático universitario con un salario de referencia de ¢4 millones puede obtener ¢1,5 millones más con siete años más de trabajo.
En cambio, en el IVM, una persona con un salario de referencia de ¢1 millón necesitaría trabajar 21 años más para obtener ¢340.000 adicionales.
LEA: ¿Vale la pena aplazar la fecha de pensión para obtener más dinero?
Adicionalmente, la ley del RTR del Magisterio no fija un mínimo de años de postergación para eximirse del tope, por lo que los beneficiarios se lo pueden saltar con sólo trabajar un día más.
Hoy, de los 1.880 jubilados del Magisterio que reciben más de ¢2,7 millones mensuales, más de 1.500 extendieron su retiro, con lo que se salvan del tope.
No obstante, faltan unas 8.000 personas por pensionarse en el RTR, por lo que el problema de las pensiones de lujo seguirá creciendo si ese portillo no se cierra.
Hay que recordar que el RTR del Magisterio es el más costoso de los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el cual se paga con impuestos y con deuda pública.
El Magisterio consume el 80% del presupuesto de Gobierno destinado a los regímenes de pensiones exclusivas.
El proyecto de Morales Mora también impediría el otorgamiento de nuevas pensiones de Gobierno a quienes entraron a trabajar antes de 1992. La idea es que las personas que aún aspiraban a jubilarse con ese régimen sean pasadas al IVM, en vista de que allí están sus cuotas y de que la CCSS no se las transfiere al Ministerio de Hacienda cuando se jubilan.
Únicamente se abriría un periodo de 18 meses para quienes estaban cerca de cumplir los requisitos. Vencido ese plazo, nadie más podría hacerlo.
En estos regímenes de Gobierno, las personas se retiran con base en el promedio de los mejores 12 salarios de los últimos 24, por ejemplo.
El proyecto de Víctor Morales Mora ha tenido el apoyo del gobierno en la figura de Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones y ex viceministro de la Presidencia.
La jefa del PLN, Silvia Hernández, expresó apoyo a la iniciativa, al igual que la del PUSC, María Inés Solís.
También Restauración Nacional está de acuerdo y, de hecho, ya fue dictaminada una iniciativa de una de sus diputadas, Xiomara Rodríguez, para cobrar contribuciones solidarias a todas las pensiones de lujo superiores a ¢2,2 millones.
¿Qué es una contribución solidaria? Es una deducción que se les hace a las jubilaciones muy altas para ayudar a atenuar el gasto, en solidaridad con el resto del país.
El proyecto de Xiomara Rodríguez no sólo tocaría al Magisterio y al régimen de Gobierno, sino que también al Poder Judicial, en donde un estudio actuarial contratado por la misma institución reveló que todavía hay un hueco actuarial de ¢630.000 millones.
La principal razón del desequilibrio es el peso financiero de las 4.000 pensiones otorgadas con condiciones muy ventajosas antes de la reforma del 2018, cuando el hueco actuarial superaba los ¢5 billones (millones de millones).
Ese informe, de hecho, recomendó bajar el tope a las pensiones a ¢2,6 millones, pues actualmente está en ¢4,4 millones.
Es decir, en la Corte, sólo se le cobran contribuciones solidarias a las pensiones superiores a ¢4,4 millones, lo cual salva de pagar aportes a una a 800 personas que reciben más de ¢2,6 millones.
Un reportaje de La Nación evidenció las disparidades en los aportes solidarios que cobra cada régimen exclusivo.
En la Corte, a una pensión de poco más de ¢10 millones se le reduce un 24% por aporte solidario y, en el RTR del Magisterio, un 28%. En cambio, en los regímenes de Gobierno se rebaja un 40%.
Poder Judicial aplica el menor de los rebajos
Esta es una comparación de aporte solidario que aplica la Corte a sus pensiones de lujo en comparación los de otros regímenes y los que proponen otras reformas:
FUENTE: CÁLCULO PROPIO CON BASE EN LEYES, PROYECTO DE LEY Y ARCHIVO DE LA NACIÓN || C.F. / LA NACIÓN.
Jornadas acumulativas
El tema de pensiones no es el único en el que los diputados están poniéndose de acuerdo.
La semana pasada, los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional le llevaron al presidente Carlos Alvarado una agenda de proyectos consensuada entre ellos, para la reactivación económica y la generación de empleo.
Casa Presidencial, a su vez, le respondió a la oposición con otra lista de proyectos.
La oposición y el gobierno coinciden, por ejemplo, en impulsar un proyecto para permitir las jornadas laborales acumulativas. Esto permitirá, por ejemplo, que un trabajador cumpla sus 48 horas semanales en cuatro días con jornadas de 12 horas y que tenga tres días libres.
Este es un tema que se ha planteado desde principios de siglo, sin que haya sido aprobado. La Uccaep sostiene que el país debe adecuarse a los tiempos y las formas de trabajo que existen actualmente, pues el Código de Trabajo data de 1943.
Los partidos opositores también le propusieron al gobierno:
-Un texto del socialcristiano Pedro Muñoz que equipararía las cotizaciones de los trabajadores independientes a la CCSS con las de los trabajadores asalariados. Hoy, la CCSS le cobra a los trabajadores por cuenta propia entre un 10,5% y un 18,5% de sus ingresos, mientras que a los asalariados un 10,3%. El desequilibrio es una barrera para la formalización.
-El proyecto de Xiomara Rodríguez sobre pensiones de lujo
-Un proyecto del PLN sobre el uso de materiales reciclados en obras de infraestructura vial (concreto y mampostería no utilizada, o bien, plásticos)
-Un proyecto de Carlos Avendaño que ordena a todas las instituciones disponer de recurso humano para reforzar el área de cobro de impuestos del Ministerio de Hacienda
El Gobierno, por su parte, propuso, entre otros textos:
-Un proyecto para disminuir el porcentaje de comisión por compras con tarjetas de crédito y débito
-Un proyecto de Restauración que concede incentivos estatales a las empresas que llenen el 20% de su planilla con trabajadores mayores de 45 años
La jefa del PLN, Silvia Hernández, afirmó: "Le decimos al Ejecutivo 'aquí tiene con qué arrancar porque, desde la oposición, hay consenso para discutir estos temas".
Los diputados también acaban de ponerse de acuerdo, este lunes, para aprobar en primer debate el presupuesto para financiar la reestructuración de Japdeva y un plan que permitiría cancelar indefinidamente los permisos de portación de armas a los sospechosos de violencia doméstica.
Corren vientos importantes en el Congreso. Veremos a qué puerto nos llevan.