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El proyecto de ley de vuelos baratos desde Costa Rica hacia Centroamérica y República Dominicana está muerto. Si bien superó una consulta de constitucionalidad y el segundo debate en el Congreso, a principios del 2025, finalmente se impuso el veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Esta semana, muchas personas se preguntaron qué había pasado con la iniciativa, cuando la aerolínea de vuelos de bajo costo, Volaris, confirmó la suspensión de cuatro rutas desde y hacia Costa Rica debido a los altos impuestos que se cobran en el territorio costarricense, los cuales hacen imposible la operación del modelo low-cost.
Para las cuatro rutas suspendidas, Miami, Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, la aerolínea ofreció, en el 2025, una tarifa promedio de $28,94, sin contar impuestos. Este era el precio en un solo sentido (ya sea ida o vuelta) sin incluir equipaje carry on ni equipaje documentado.
Ronny Rodríguez Chan, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, explicó que la compañía tiene el compromiso de ofrecer un precio final de bajo costo, pero el modelo impositivo costarricense imposibilita aplicar el modelo “porque, al momento en que el cliente va a realizar el pago de su boleto, se le incrementan los impuestos y tasas aeroportuarias que, en el precio final del boleto, llegan a representar el 57% del precio final del boleto o más”.
Agregó que, en consecuencia, la gente sigue percibiendo que los costos son altos y, entonces, no se cumplen las proyecciones de crecimiento.
En la actualidad, todo pasajero que salga de suelo costarricense por aeropuertos internacionales debe pagar un impuesto único de $27, establecido por la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional. Eso es más de lo que Volaris cobraba por un tiquete sin equipaje de ida a Miami, por ejemplo.
El proyecto de ley de vuelos baratos proponía, precisamente, reducir el tributo a $14 para tiquetes de bajo costo hacia Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o República Dominicana.
La reducción solo se aplicaría para las aerolíneas que cobraran $100 o menos por vuelos a cualquier país centroamericano, y $50 o menos para trayectos solo de ida.
En el caso de República Dominicana, el beneficio se aplicaría para vuelos con un tope de $120 por viaje redondo y de $60 por boleto sencillo. Estas tarifas debían incluir un artículo personal que cupiera debajo del asiento, sin contemplar servicios adicionales.
No obstante, el autor de la iniciativa, el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), admitió que el expediente está sepultado porque, luego del veto del mandatario Rodrigo Chaves, varios diputados de oposición retiraron el apoyo y no es posible alcanzar los 38 votos necesarios para un resello.
Chaves vetó la ley en febrero del 2025. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) alegó que la iniciativa podría incentivar estancias más cortas en Costa Rica y convertir al país en un punto de tránsito dentro de itinerarios regionales, en lugar de un destino principal para los visitantes.
Feinzaig no opina lo mismo y estima que la suspensión de las rutas de Volaris es la consecuencia de no atreverse a legislar para bajar los costos en este país. “Estamos llenos de proyectos de ley que elevan los costos o, cuando uno plantea reducirlos, no tienen el apoyo”, declaró.
“Si se somete a votación el resello, lo vamos a perder. Entonces, ya es un proyecto perdido. Ya sea que se pierda de aquí al 30 de abril o que en la próxima Asamblea Legislativa (en la que el gobierno tendrá 31 diputados) le den sepultura”, explicó el legislador.
El proyecto recibió 29 votos a favor en su primer debate en octubre del 2024.
Un grupo de diputados, compuesto por la fracción de gobierno, José Joaquín Hernández, del PLN y Carlos Andrés Robles, del PUSC, lo sometió a consulta de constitucionalidad. Alegaron que el plan debió consultarse al Poder Judicial, porque provocaría una reducción en los ingresos ordinarios del Gobierno Central, sobre los cuales se calcula el monto del Presupuesto Nacional que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
Según estos legisladores, la iniciativa vulneraría el principio de equilibrio presupuestario debido a la reducción de los ingresos que provienen del impuesto de salida y a que, al reducir la capacidad económica del Estado, se podría dificultar el cumplimiento de sus obligaciones.
La Sala Constitucional descartó tales vicios en noviembre del 2024. Así, el proyecto fue aprobado en segundo debate el 4 de febrero con 34 votos, pero Chaves la vetó el 18 de febrero.
Luego de ello, además de los diputados que promovieron la consulta de constitucionalidad, también le quitaron el respaldo Melina Ajoy, del PUSC, así como los seis integrantes del Partido Nueva República (PNR). Esto hizo inviable el resello.
Para el próximo Congreso, es mucho menos probable que se reúnan los apoyos necesarios.
