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Los diputados aceleraron cinco reformas legales en la recta final del periodo 2022-2026. Esta semana, dictaminaron positivamente cuatro proyectos y aprobaron uno en primer debate. Uno de los textos afecta a las pensiones del IVM. Este es el detalle de los planes:
1. Ley sobre el ROP pone en riesgo las pensiones del IVM, según la CCSS
Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales dictaminaron positivamente dos proyectos de ley sobre retiros acelerados de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Sin embargo, en criterio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), uno de estos textos pondría en peligro las pensiones del mayor régimen de pensiones de Costa Rica: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Se trata del expediente 24984 de la diputada de gobierno, Ada Acuña. Este plan dictaría que los pensionados podrán retirar la totalidad de su fondo del ROP cuando la tasa de reemplazo de su pensión básica, sea la del IVM, la del Poder Judicial o la del Magisterio, sea superior al 52,5% del salario de referencia.
A su vez, el texto establecería que la CCSS no puede otorgar una pensión inferior al 52,5% del salario de referencia del trabajador. Dicho salario es el promedio de los mejores sueldos devengados durante los últimos 25 años del trabajador.
El problema, según la CCSS, es que el régimen del IVM no tiene capacidad económica de cumplir con la exigencia que le impondría esta ley, en vista de que no se aporta una fuente de financiamiento. Además, en el expediente, no constan informes técnicos que sustenten esta condición para la Caja.
Actualmente, el IVM concede como pensión un salario de referencia que va del 42% al 53% en forma progresiva: mientras más bajo es el salario, mayor es el porcentaje y viceversa.
El proyecto de ley procura empatar el salario de referencia con la regla para entregar la totalidad del ROP, pero tendría el efecto colateral de que les subiría las pensiones del IVM a las personas de mayores ingresos.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, advirtió de las consecuencias económicas. Expuso que los aportes actuales son insuficientes para sostener el sistema de pensiones, por lo que se ha tenido que recurrir a los intereses de la reserva e incluso a la reserva para pagar las obligaciones con los jubilados.
“Lógicamente, agregar más beneficios, sin decir cómo se van a financiar, complicaría más la situación de sostenibilidad del IVM a futuro”, señaló a La Nación.
Si los diputados continúan con el plan sin consultarlo a la Sala Constitucional y, eventualmente, el Ejecutivo lo firma, a la CCSS le quedaría la opción de una acción de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que la Constitución Política le asigna la administración del sistema de pensiones.
Por otra parte, el proyecto de Acuña agregaría otra forma de retirar el ROP, denominada Retiro Programado Financiero Actuarial. Consiste en percibir retiros programados, que incluyan rendimientos mensuales promediados del último año, más la suma del capital, según el plazo que se elija, de 24, 36, 60, 120 o 180 meses, hasta agotar el fondo.
2. Segundo proyecto del ROP
La Comisión de Sociales también dictaminó el proyecto 24972, del Frente Amplio. Este reformaría el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador para los afiliados al ROP que se retirarán hasta el 31 de diciembre del 2029. Se les permitiría retirar los fondos mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.
En ambos proyectos sobre el ROP, votaron a favor Ada Acuña (gobierno), Rosalía Brown (Nueva República), Gloria Navas (independiente), Antonio Ortega (Frente Amplio), Priscilla Vindas (Frente Amplio) y Kattia Rivera (PLN).
Votó en contra Andrea Álvarez, del PLN.
3. Nueva ley de lactancia establece obligaciones para empresas y patronos
Por unanimidad, se aprobó en segundo debate, en la Comisión Plena Tercera, una nueva ley de lactancia materna que agrega obligaciones para empresas y demás empleadores, mediante cambios al Código de Trabajo.
En el artículo 97 bis, se obliga a los empleadores a conceder un mínimo de 25 minutos cada tres horas laborales para la extracción de leche. Este tiempo se considera efectivo de trabajo y no es acumulable ni sustituible por otros beneficios. El plazo puede ajustarse con certificación médica según las necesidades fisiológicas de la colaboradora.
Por otra parte, la normativa mantiene el derecho de las madres a tener una hora diaria remunerada, para amamantamiento, durante la jornada ordinaria, pero se ajustan las modalidades. Podrán optar por:
- 15 minutos cada dos horas
- Media hora dos veces al día
- Ingresar una hora más tarde o salir una hora antes de su horario habitual.
En el caso de la jornada extraordinaria, la ley reconocerá un período adicional de 15 minutos cada tres horas de labor, además de la hora ordinaria ya establecida.
Asimismo, la reforma al artículo 95 dispone que el primer año de vida del menor es el periodo mínimo de lactancia en el ámbito laboral. Este plazo puede prorrogarse cada tres meses mediante una certificación médica, emitida por profesionales de salud públicos o privados.
El proyecto 24481 es del Frente Amplio. Solo le falta la firma del presidente de la República para entrar en vigor.
4. Proyecto flexibilizaría viajes de personas con pensión alimentaria
En la Comisión de Asuntos Jurídicos, se dictaminó positivamente un proyecto de ley que flexibilizaría la salida del país a personas obligadas al pago de pensión alimentaria. De ser aprobada en definitiva, la reforma les permitiría viajar con autorización judicial, siempre que estén al día con sus pagos, sin necesidad de adelantar hasta un año de mensualidades
Se trata del expediente 24815, del diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, el cual reformaría el artículo 261 del Código Procesal de Familia y crearía un artículo 261 bis.
Votaron a favor el PLN, el oficialismo, el PUSC, Nueva República y el independiente Luis Diego Vargas. Votó en contra el Frente Amplio.
5. Reforma impediría abstenerse de declarar contra familiares en casos de abuso infantil
Por unanimidad, en una comisión especial de siete diputados, se dictaminó afirmativamente una reforma a la Constitución Política que impediría a las personas abstenerse de declarar contra familiares en procesos judiciales donde la víctima es menor de edad, en casos de abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar.
Ahora, la propuesta de Carolina Delgado, del PLN, pasará al plenario legislativo. Por ser una reforma constitucional, el expediente 23729 deberá someterse a dos debates en una primera legislatura, para luego pasar por el examen de la Sala Constitucional.
Si lo consigue, es necesario que la Presidencia de la República cite el número de expediente en un discurso de 1.° de mayo para que este entre en la fase final, el cual consta de tres debates más.
