Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 24481, iniciativa que busca ampliar el derecho de las mujeres trabajadoras en período de lactancia en Costa Rica, mediante reformas al Código de Trabajo.
El texto, propuesto por el Frente Amplio, fue avalado este 18 de marzo por la Comisión Plena Tercera del Congreso con el voto unánime de 13 legisladores.
Un nuevo artículo 97 bis obliga a los empleadores a conceder un mínimo de 25 minutos cada tres horas laborales para la extracción de leche.
Este tiempo se considera efectivo de trabajo y no es acumulable ni sustituible por otros beneficios. El plazo puede ajustarse con certificación médica según las necesidades fisiológicas de la colaboradora.
En tanto, la reforma al artículo 95 dispone que el primer año de vida del menor sea el periodo mínimo de lactancia en el ámbito laboral. Este plazo puede prorrogarse cada tres meses mediante una certificación médica si el menor recibe leche materna.
La certificación puede ser emitida por profesionales de salud públicos o privados. El documento aplica para procesos de lactancia directa, mixta, diferida y de relactación.
La normativa mantiene la hora diaria remunerada, para amamantamiento, durante la jornada ordinaria, pero ajusta sus modalidades. Las madres pueden optar por 15 minutos cada dos horas o media hora dos veces al día. También, permite el ingreso una hora más tarde o la salida una hora antes de su horario habitual.
En el caso de la jornada extraordinaria, la ley reconocerá un período adicional de 15 minutos cada tres horas de labor. Esta disposición se suma a la hora ordinaria ya establecida. El cambio, según se argumenta en el expediente, responde a la necesidad de proteger el derecho a la salud del menor y de la madre trabajadora.
La iniciativa también establece que la lactancia materna es un derecho que cubre tanto a mayores como menores de edad.
Además, busca resguardar ese derecho para las privadas de libertad y madres estudiantes, tanto en el Ministerio de Educación Pública (MEP) como en universidades (privadas o públicas).
Rebeca Artavia, socia de la firma BDS Asesores, explicó que la reforma impone obligaciones concretas en materia de infraestructura y gestión del tiempo.
Según la especialista, las empresas deben realizar ajustes preventivos en sus reglamentos internos y condiciones físicas. El incumplimiento de estas normas podría generar sanciones y contingencias laborales para los patronos.