EscucharRandall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que el Caso Barrenador quedó “en punto muerto” luego de que Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la CCSS y una de las implicadas en la causa, lograra inmunidad al ser nombrada como jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) por el mandatario, Rodrigo Chaves.
Dicha investigación está relacionada con un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones por año otorgado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la hora de adjudicar la administración de 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana a tres cooperativas y una asociación médica, por un periodo de 10 años.
En una entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, el director de la Policía Judicial aseveró ayer que la designación de Esquivel le otorgó un fuero de protección contemplado en la legislación para miembros de los supremos poderes. “Inmediatamente, supe que toda la investigación se detendría por completo”, aseveró.
Para sustentar lo dicho, leyó un mensaje de WhatsApp que le envió el encargado de la Sección de Anticorrupción: “Muy buenos días, jefe, para saludarlo y comunicarle que, de momento, todas las diligencias del Caso Barrenador han quedado paralizadas por el nombramiento de la ministra que estaba siendo imputada, por lo cual cerraremos sin trámite las diligencias a la espera que se resuelva”.
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El jerarca de OIJ indicó que la investigación que desarrollaba la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) deberá pasar ahora a la Fiscalía General pues, conforme la ley, solo el jefe de esa dependencia puede autorizar pesquisas que involucran al presidente de la República, los vicepresidentes, ministros, diputados y magistrados.
Según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su inciso j), el jerarca que esté al mando de esa institución debe “practicar, personalmente, la investigación inicial y solicitar lo que corresponda, intervenir en los juicios, así como asumir todas las funciones que corresponden al Ministerio Público, en los procesos penales seguidos contra los miembros de los supremos poderes y funcionarios equiparados. En estos casos, podrá hacerse acompañar de un fiscal”.
Zúñiga ha expresado en varias ocasiones preocupación por la cantidad de casos acumulados en la Fiscalía General y la lentitud con que avanzan estos procedimientos, los cuales no han generado hasta ahora ninguna condena. “Al final, esta inmunidad genera algún tipo de impunidad”, aseveró en su participación en el programa radiofónico.
Sostuvo que, para efectos de la dependencia que él dirige, el Caso Barrenador está “completamente finalizado”. Debido a lo anterior, retomó un llamado que ha hecho en otras ocasiones para que se apruebe una reforma legal que le permita al OIJ investigar en forma directa a los miembros de los supremos poderes sin tener que pedir autorización al fiscal general.
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Esta iniciativa, planteada originalmente por su antecesor, Wálter Espinoza, busca permitir que las investigaciones contra personas que tengan inmunidad sean llevadas a cabo por una fiscalía especializada o por la fiscalía anticorrupción, en lugar de quedar bajo la dirección exclusiva del jefe del Ministerio Público.
Ningún caso ha llegado a juicio
El director del OIJ señaló en el espacio Malas Compañías que la ciudadanía percibe una falta de avance en casos de alto perfil que involucran a ministros o al presidente.
De hecho, según señaló, la normativa vigente no ha permitido, en la historia del país, que algún miembro de los supremos poderes haya sido juzgado. “No existe un solo caso en el que el fiscal general haya dirigido una investigación que haya llegado a juicio contra personas con inmunidad”, aseveró.
Esto se debe, en parte, a la gran cantidad de casos asignados al fiscal general, quien actualmente maneja cerca de 220 expedientes. De estos, más de 60 involucran al presidente Chaves; cerca de 90, a magistrados, y el resto, a ministros y diputados.
La sobrecarga dificulta el avance de las investigaciones, ya que cada solicitud específica debe ser tramitada por escrito al OIJ, el cual debe ajustarse estrictamente a lo indicado. Este procedimiento ralentiza las pesquisas, al punto de que el propio director de la Policía Judicial no tiene acceso a los expedientes.
Por ejemplo, en ocasiones, el OIJ identifica reuniones relacionadas con denuncias contra personas con inmunidad. Sin embargo, mientras se localiza al fiscal y se solicita una autorización por escrito, estas reuniones ya han finalizado, ejemplificó.
En la actualidad, el OIJ ya no está investigando ningún aspecto relacionado con el Caso Barrenador. Desde el pasado 8 de enero, todas las directrices deben ser emitidas por el fiscal Carlo Díaz, quien deberá abrir una causa paralela para que la Policía Judicial pueda continuar con cualquier requerimiento puntual, pues carece de iniciativa para proponer acciones.
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La semana pasada, en declaraciones a La Nación, la diputada independiente Gloria Navas, exfiscala, exjueza e integrante de la Comisión de Narcotráfico, confirmó que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para crear una fiscalía especializada en la investigación de casos que involucren a miembros de los supremos poderes.
“Eso lo hablé con don Randall (Zúñiga) esta semana que acaba de terminar. Me reuní con él el miércoles (8 de enero) y hablamos del tema. Precisamente, estuvimos tocando algunos puntos para aligerar la labor del trabajo de ellos dentro de los procesos”, dijo Navas, quien destacó que, para elaborar el texto, cuenta con el respaldo de un equipo técnico altamente capacitado y con su propia experiencia en derecho penal. Afirmó que, de ser necesario, no tendría inconvenientes en buscar apoyo externo.
Por su parte, jefe de bancada del Frente Amplio, Antonio Ortega, sostuvo que su agrupación comparte el interés de mejorar la eficiencia y la transparencia en estos procesos.
Ortega recordó que su partido, bajo la representación del exdiputado José María Villalta, presentó una iniciativa para que, en la fase de juicio de los procesos contra altos funcionarios, estos sean juzgados por tribunales comunes en vez de la Sala Tercera.
Según explicó, esta medida busca no solo agilizar las investigaciones, sino también evitar la influencia política que podría afectar la imparcialidad de los casos.
