Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), admitió la existencia de sobreprecios en los contratos adjudicados a cuatro cooperativas y una asociación médica para la administración de 138 Ebáis. Se trata de un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en comparación con los contratos actuales.
Estas manifestaciones las dio en la entrevista que concedió al grupo Multimedios, durante la cual defendió la decisión que la Junta Directiva de la Caja tomó el sábado 6 de julio, en una sesión extraordinaria. La jerarca adujo que los contratos aseguraban a los usuarios cuatro horas más de atención al día y tendrían por lo menos “15 nuevos servicios”, aunque no supo precisar cuáles.
“Son adicionales (los ¢12.400 millones) por servicios adicionales. Solo para ponerle un elemento; cuatro horas más de servicio en 138 Ebáis. Por lo menos un 16% es eso de impacto en el aumento y hay 12 líneas más. Hay cambios que evidentemente vinieron a impactar en el costo y eso no fue valorado por las personas que hicieron el análisis de costos“, declaró Esquivel al medio de comunicación.
Para ella, la decisión tomada fue la correcta y no podía atrasarse.
Sin embargo, en los criterios que cuestionaban los precios ofertados por cuatro cooperativas y la asociación médica, Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos, advirtió a la cúpula de la CCSS que el pago anual subiría de ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años a ¢53.300 millones por año, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o algún otro rubro.
La adjudicación a las cooperativas a pesar del aparente sobreprecio es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Figuran como imputados Marta Esquivel, la gerenta interina de la Caja, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, tres directivos y tres exdirectivos.
El llamado Caso Barrenador se relaciona con la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. En la sesión de ese sábado 6 de julio, los directivos presentes aprobaron adjudicar la administración de los 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica por 10 años por un total de ¢471.000 millones. Para tomar la decisión se basaron en un análisis firmado en solitario por Gutiérrez Brenes. Ella, luego, fue nombrada gerenta interina el 17 de setiembre pasado.
Esquivel, Gutiérrez y los tres directores fueron suspendidos de sus cargos por seis meses en la medida cautelar dictada por el Juzgado Penal de Hacienda mientras avanza la investigación.
“Era urgente tomar la decisión. Es un tema muy, muy estratégico reforzar el primer nivel de atención. Si no avanzamos con las brechas en ese primer nivel de atención vamos a colapsar más a los hospitales”, expuso la jerarca.
La Contraloría General de la República (CGR) había dado a la CCSS tiempo de resolver hasta el 23 de setiembre pasado.
Durante la entrevista, se le preguntó a Esquivel si esos ¢12.400 millones de sobrecosto anual con respecto a los contratos actuales respondían a esas cuatro horas más de atención, porque ella hablaba de un 16% de aumento, pero el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hablaba de un incremento del 33% en los precios de los servicios.
Según dijo, eran muchos más servicios, pero no pudo precisarlos. Alegó que, por la investigación del caso, no tiene acceso a su computadora, ni a su teléfono celular ni a muchos documentos con información para responder a la pregunta.
‘Partimos de criterios técnicos’, dice Marta Esquivel
Marta Esquivel reconoció que el precio sí es muy alto, pero que no se arrepiente de su decisión.
“Yo hoy, más que antes, estoy clarísima de que la decisión que tomamos fue la correcta y de que partimos de criterios técnicos muy bien fundamentados para tomar la decisión. No fue antojadiza, no fue que nos pusimos de acuerdo. Se pidió el criterio técnico pedido por la Dirección Jurídica y la Gerencia de Logística”, enfatizó.
Para la presidenta ejecutiva, el reporte basado en costos solo tomó en cuenta el recurso humano sin incluir los otros beneficios (no enumerados por la jerarca) para sopesar la decisión. Señaló que no se les había dado información de la Gerencia Médica que justificaba el caso.
“Imagínese cuatro horas... son 138 Ebáis. Multiplique eso por semana, por mes. A la población le sirve muchísimo porque vamos a tener más citas y esos aspectos no fueron valorados.
“El informe de Contabilidad de Costos estableció que los precios son excesivos, pero solo tomó los precios históricos y dijeron “es un porcentaje tanto mayor”, ¿dónde hizo el comparativo con todas las líneas adicionales?”, añadió.
La jerarca dijo que, en materia de salud, no existe lo barato “todo es sumamente caro y sumamente complejo”.
Un estudio de mercado, de oferta y demanda posterior, señaló Esquivel, determinó que sí era viable. Dicho análisis buscó las variables y comparó cada Ebáis administrado por cooperativas con un similar administrado por la CCSS.
De acuerdo con la Fiscalía, la Junta Directiva fue alertada de los aparentes excesos de las ofertas de las cooperativas por tres vías. El primero fue un criterio del Área de Contabilidad de la Caja, de abril; el segundo fue elaborado por un equipo intergerencial, en mayo, y también en ese mes, la Junta de Adquisiciones, integrada por los gerentes, ratificó que los costos planteados apuntaban a un exceso en los precios.
¿Hubo reunión con las cooperativas?
El Ministerio Público afirmó que en su investigación determinó que un mes antes de la adjudicación de la administración de estos 138 Ebáis, los oferentes se reunieron con miembros de la Junta Directiva de la Caja para que la licitación no fuera declarada infructuosa.
Esquivel manifestó en la entrevista que dicha reunión no fue con las cooperativas, sino con la Cámara Costarricense de la Salud (que agrupa al sector privado de la salud). A dicha cita acudieron algunos representantes de las cooperativas. Sin embargo, subrayó que no se tomaron acuerdos.
“Yo no estuve durante toda la reunión, tenía otra y me tuve que salir. Fue una reunión totalmente abierta, transparente. Y ellos nos comunicaron su molestia sobre el proceso. Fue como el ‘Quéjese Aquí‘“, expresó la jerarca.
En contexto: ¿qué sucedió con los Ebáis involucrados en el caso?
Los servicios que reciben 585.000 asegurados adscritos a los Ebáis de Barva y San Pablo de Heredia, San Francisco de Dos Ríos, San Antonio de Desamparados, Santa Ana, Escazú, Tibás, Pavas, Desamparados 3 y Carpio-León XIII son manejados por cooperativas y una asociación médica.
Estas organizaciones son Asemeco, que da atención en Carpio León-XIII; Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud), que provee atención en Pavas y Desamparados; Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín), que vela por Tibás; Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana), que administra los servicios de Escazú y Santa Ana, y Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba), que tiene la administración en Barva y San Pablo de Heredia.
Estas empresas llevan décadas de prestar los servicios en las comunidades, pero los contratos ya vencieron por lo que se requería una nueva licitación. El proceso de adjudicación empezó en 2021, pero en marzo de 2023 se detuvo el trámite para “comenzar otro de cero”.
Durante la entrevista, Esquivel dijo que la adjudicación de 2021 se paralizó porque el proceso no avanzaba. Según dijo, se había nombrado a una comisión “exageradamente grande” y les estaba costando ponerse de acuerdo, “a tal punto que se habían puesto 200 mociones".
“La licitación venía con unas complejidades enormes. Se hace una comisión para que las revise. Se dejó sin efecto el proceso de licitación que estaba entramado, entrabado. Se buscó iniciar con toda la experiencia de esos dos años para generar un cartel que pudiera avanzar de forma más rápida y cumplir con el plazo de la Contraloría", recordó.
Los asegurados de estos lugares se han mantenido recibiendo sus servicios con normalidad. La atención se encuentra en ejecución gracias a una compra directa de servicios autorizada por la CGR hasta junio de 2025.