EscucharLos servicios brindados por las cooperativas en los 138 Ebáis de 10 áreas de salud cuyos contratos se encuentran bajo investigación, seguirán con normalidad durante los próximos nueve meses.
En respuesta a una consulta de La Nación, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) precisó que se encuentra en ejecución una compra directa de servicios autorizada por la Contraloría General de la República hasta junio de 2025.
Por esta razón, para los próximos meses no se prevé ninguna afectación, mientras se resuelve la próxima contratación.
“La licitación nacional que fue adjudicada por la Junta Directiva se encuentra en la Contraloría General de la República para la resolución de fase recursiva. Sin embargo, esto no genera afectación a la prestación de servicios por cuanto tenemos la compra directa en ejecución”, confirmó Ana María Coto Jiménez, de la coordinación del despacho de la Gerencia Médica de la institución.
En otras palabras, la adjudicación votada por la Junta Directiva de la CCSS el 6 de julio y que motivó la apertura de una causa judicial, entraría en vigor a partir de julio de 2025.
Esto garantiza los servicios en Barva y San Pablo de Heredia (administrados por Coopesiba), San Francisco de Dos Ríos, San Antonio de Desamparados, Santa Ana y Escazú (administrados por Coopesana), Tibás (Coopesaín), Pavas y Desamparados (Coopesalud) y Carpio-León XIII (Asemeco).
La aclaración de la Caja contradice las afirmaciones hechas este miércoles por el mandatario, en conferencia de prensa, quien planteó que la Fiscalía con sus acciones, ponía en peligro los servicios de 585.000 asegurados que son atendidos en esos Ebáis.
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“Ahora el fiscal (Carlo Díaz) le está pidiendo a un juez que descabece a la Junta Directiva y a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Será que lo que quieren es un caos, que esas 585.000 personas pierdan el servicio?”, planteó el gobernante.
El Ejecutivo, además, ha dicho que las nuevas adjudicaciones para administrar los 138 Ebáis en 10 áreas de salud no estaban en firme. No obstante, la Contraloría indicó que las correspondientes a nueve áreas de salud están en firme, y solo en un caso está pendiente resolver una apelación, con plazo al 3 de octubre.
La investigación por la adjudicación a cooperativas
La investigación judicial denominada Caso Barrenador procura determinar si los nuevos contratos con las cooperativas para administrar estas 10 áreas de salud fueron otorgados pese a la existencia de sobreprecios, que la Fiscalía estima en ¢12.400 millones.
Por el hecho fueron detenidos la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel; la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez, y directivos y exdirectivos de la institución. Los primeros son Zeirith Rojas, Johnny Gómez, representantes patronales, así como María Isabel Camareno, delegada de gobierno. También fueron indagados los exdirectivos Jorge Porras (cuya renuncia se hizo efectiva este 25 de setiembre), Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.
A ellos les atribuyen los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
El nuevo proceso de adjudicación comenzó en 2021, pero en marzo de 2023 se detuvo el trámite para comenzar otro de “comenzar de cero”.
