EscucharEl director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aboga por una reforma legal que permita a ese cuerpo policial desarrollar pesquisas sobre miembros de los supremos poderes de la República, sin necesidad de una autorización previa del Fiscal General de la República.
Mediante una publicación en su perfil de la red social X, Zúñiga solicitó modificar la norma que les impide emprender este tipo de pesquisas con mayor celeridad. “La responsabilidad no puede recaer solo en el fiscal general. Ya lo hablé con don Carlo (Diaz). Es mejor crear una Fiscalía Especializada en el tema y que OIJ pueda investigar con inmediatez”, aseveró.
La legislación actual otorga a la Fiscalía General la competencia exclusiva para liderar las pesquisas que involucran al presidente y vicepresidentes de la República, diputados, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre otros funcionarios.
Según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su inciso j), el jerarca que esté al mando de esta institución debe “practicar, personalmente, la investigación inicial y solicitar lo que corresponda, intervenir en los juicios, así como asumir todas las funciones que corresponden al Ministerio Público, en los procesos penales seguidos contra los miembros de los supremos poderes y funcionarios equiparados. En estos casos podrá hacerse acompañar de un fiscal”.
La Nación intentó ahondar con Zúñiga sobre su planteamiento, pero se indicó que se encuentra fuera del país. Sin embargo, en dos audios grabados antes de su salida y facilitados a este diario, el jefe policial expresó su preocupación por la lentitud con que avanzan este tipo de casos y atribuyó la demora al proceso vigente.
“Existe un impedimento para que el OIJ pueda hacer investigaciones de los miembros de los supremos poderes de forma rápida e inmediata. Cualquier situación relativa a ellos debemos referirla al fiscal general, y si ocupáramos decomisar un video o hablar con un testigo, necesitamos una orden escrita del fiscal general. Eso es demasiado engorroso y evidentemente no fluye la investigación”, indicó.
En las grabaciones el funcionario señaló que este planteamiento no es nuevo, ya que su antecesor Walter Espinoza (ya fallecido) ya había planteado la misma preocupación en la Asamblea Legislativa.
“Yo ya la he hecho en una oportunidad en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y también en otra instancia. Ahora la vuelvo a hacer porque consideramos que es importante poder investigar a personas, cuando hay presunción de que cometieron algún ilícito, de manera más rápida, más expedita.
“Entonces esa es la petición que se está haciendo para que no sea la figura del fiscal general la que tenga toda la parte de la dirección de la investigación, que bastantes casos ya tiene, por cierto, en el tema de los supremos poderes”, agregó.
Consultado por La Nación, el fiscal general, Carlo Díaz, reconoció el pasado jueves que las causas contra miembros de los supremos poderes han venido creciendo en cantidad y complejidad por lo que, según dijo, se necesitan mayores recursos para avanzar en las investigaciones.
Según datos suministrados por el Ministerio Público a este diario, su jefe mantiene abiertas en la actualidad un total de 220 causas relacionadas con miembros de los supremos poderes. De este total, 69 casos involucran al presidente de la República, Rodrigo Chaves, 56 a diputados y 95 a magistrados.
“Dos de las posibles soluciones son la creación de una fiscalía que conozca esos asuntos, así como la autorización al Organismo de Investigación Judicial para iniciar investigaciones y tramitar estos asuntos sin estar supeditados al fiscal general, para que ese órgano pueda realizar actuaciones iniciales y urgentes”, aseveró Díaz.
El funcionario consideró que una reforma agilizaría la tramitación de las causas y aportaría mayor transparencia al proceso judicial.
Procedimiento contra funcionarios de supremos poderes
Los más altos funcionarios de los supremos poderes gozan de inmunidad o “fuero de improcedibilidad”, como se le denomina técnicamente. Esta protección deriva de su investidura, lo que exige un trámite especial para las causas que los involucran.
En este procedimiento, el Ministerio Público no recibe la declaración de la persona imputada al finalizar la investigación; esta actuación corresponde a una magistrada o un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia.
Para acusar a un imputado, la Fiscalía General debe establecer la existencia de probabilidad sobre la comisión del hecho delictivo. Si no se alcanza ese umbral, se debe solicitar la desestimación de la causa.
Ambas solicitudes se someten al criterio de la Sala de Casación Penal. Si la acusación cumple con los requisitos formales, se remite a la Corte Plena, integrada por magistrados de distintas salas del Poder Judicial. Allí se analiza la acusación y, de considerarse procedente, la envía a la Asamblea Legislativa, donde se inicia un proceso interno para decidir si se levanta la inmunidad del acusado. Una comisión legislativa emite una recomendación y, si es favorable, el caso se judicializa nuevamente.
El siguiente paso implica la designación de un magistrado instructor, quien dirige las etapas subsiguientes, incluida la indagatoria, la recopilación de pruebas y el juicio, que es llevado a cabo por magistrados de la Sala de Casación Penal.
Diputada redactará proyecto
La diputada independiente Gloria Navas, exfiscal, exjueza e integrante de la Comisión de Narcotráfico, confirmó este viernes a La Nación que trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para crear una fiscalía especializada en la investigación de casos que involucren a miembros de los supremos poderes.
“Eso lo hablé con don Randall (Zúñiga) esta semana que acaba de terminar. Me reuní con él el miércoles (8 de febrero) y hablamos del tema. Precisamente, estuvimos tocando algunos puntos para aligerar la labor del trabajo de ellos dentro de los procesos”, detalló Navas.
Navas destacó que para elaborar el texto cuenta con el respaldo de un equipo técnico altamente capacitado y con su propia experiencia en derecho penal. Afirmó que, de ser necesario, no tendría inconvenientes en buscar apoyo externo.
Con respecto a las dificultades del sistema actual, la legisladora recordó el caso UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos). Esta oficina fue creada durante la administración de Carlos Alvarado y generó la apertura de una investigación para determinar si esta tuvo acceso a información confidencial de los costarricenses.
Dicha causa todavía sigue en curso y, según indicó Navas, pasó de un procedimiento extraordinario a ordinario cuando Alvarado dejó la Presidencia.
Como contraste, mencionó el Caso Barrenador en el que Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), figura entre los sospechosos por un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones por año, otorgado a cooperativas del sector salud en un contrato para la administración de 138 Ebáis.
Esquivel fue nombrada, el pasado miércoles, ministra de Planificación por el presidente de Chaves, con lo cual adquirió inmunidad y, por tanto, su caso pasó ahora a manos del fiscal general.
Por su parte, jefe de bancada del Frente Amplio, Antonio Ortega, sostuvo que su agrupación comparte el interés de mejorar la eficiencia y transparencia en estos procesos.
Ortega recordó que su partido, bajo la representación del exdiputado José María Villalta, presentó una iniciativa para que, en la fase de juicio de los procesos contra altos funcionarios, estos sean juzgados por tribunales comunes en lugar de la Sala Tercera.
Según explicó, esta medida busca no solo agilizar las investigaciones, sino también evitar la influencia política que podría afectar la imparcialidad de los casos.
“Este enfoque fortalece el sistema de investigación de los miembros de los supremos poderes. No tengo duda de que estas propuestas son compatibles y complementarias”, manifestó Ortega.
Gustavo Mata, exministro de Seguridad, concordó en que esta iniciativa es necesaria en momentos en los que el país está “atiborrado” de expedientes que involucran a miembros de los supremos poderes. Empero, advirtió de que la reforma sería insuficiente si no se nombra más personal en el OIJ y la Fiscalía y si no se les asigna más presupuesto para crear unidades de alto perfil.
“Me parece excelente que el OIJ haga investigaciones de los poderes de la República, lógicamente bajo la dirección funcional (del Ministerio Público), pero no se van a someter a ese pequeño sistema burocrático interno de la comunicación al Ministerio, pues esto de alguna manera atrasa asuntos importantes como la recuperación de prueba, que son vitales para una buena investigación”, declaró.
