La contratación aprobada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que cuatro cooperativas de salud y una asociación médica mantuvieran la administración de 138 Ebáis transitó por un camino largo y enredado.
Dicha adjudicación se encuentra bajo investigación judicial por aparentes sobreprecios. Las pesquisas dieron origen, este lunes 23 de setiembre, a una serie de allanamientos y detenciones, incluida la de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.
Desde el 2021 comenzó proceso de adjudicación
El proceso de la cuestionada contratación se inició desde el 2021. No obstante, hubo una gran insatisfacción por los términos de cartel, situación que motivó seis rondas de apelaciones y aclaraciones ante la Contraloría General de la República. Luego de 17 meses, cuando se iban a recibir las ofertas, todo fue anulado en marzo del 2023.
En noviembre de 2023, el trámite comenzó de cero con la promesa de la CCSS de realizar “un proceso bien planificado”.
La previsión era que en mayo de 2024 debía darse por resuelta la licitación 2023LY-000002-0001101142 por ¢178.000 millones anuales para administrar diez áreas de salud con 138 Ebáis en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.
Dudas por sobreprecios afectaron adjudicación
Sorpresivamente, a inicios de mayo pasado, la licitación apareció declarada infructuosa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). El 11 de mayo trascendió que la Junta Directiva de la Caja aplazaría la decisión en espera de informes, pues un grupo de directivos plantearon dudas sobre los estudios de razonabilidad de los precios que estaban cobrando las cooperativas por sus servicios.
Entre los documentos que despertaron esas dudas estaba un informe del Área de Contabilidad de Costos según el cual había un aumento “excesivo” del costo que pretendían cobrar las cooperativas en relación con los contratos actuales.
Azyhadee Picado Vidaurre, jefa de ese departamento, afirmó que la entidad pagó a las cooperativas, en promedio, ¢29.200 millones por año en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en esas 10 áreas de salud. Ese monto incluye mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.
No obstante, según el análisis firmado por Picado, el pago subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o algún otro rubro.
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Las cooperativas refutaron los estudios y aseguraron que los cálculos no se realizaron adecuadamente.
La tercerización de servicios de los Ebáis no es nueva en la CCSS. Distintas cooperativas y universidades han gestionado la atención en salud de los asegurados en los últimos 25 años en diferentes partes del país, especialmente en el Valle Central. Se firma un contrato entre la CCSS y el prestador de servicios.
Adjudicación en sesión de sábado, con 6 miembros
Luego del debate por los estudios, la Junta solicitó a la Gerencia Médica reconsiderar la declaración de infructuoso por razones de “necesidad pública”. Las cooperativas, entretanto, comenzaron a plantear descuentos, como fue el caso de Coopesalud, responsable de las áreas de Pavas y Desamparados 2.
Finalmente, en una sesión extraordinaria convocada para el sábado 6 de julio, la Junta Directiva, funcionando bajo la figura de funcionario de hecho, dado que el cuórum no estaba completo, adjudicó la administración de los 138 Ebáis por un plazo de 10 años a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
Votaron a favor de la adjudicación los seis directivos presentes ese sábado: Marta Esquivel Rodríguez, Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Porras López, que conformaban el sector estatal y patronal.
La votación unánime y en firme se dio luego de escuchar un informe presentado en esta ocasión por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de Proyección de Servicios de Salud de la Caja.
El informe de María de los Ángeles Gutiérrez
Pese a las recomendaciones para declarar infructuoso este proceso, la Junta se apartó de ese criterio. Para los directivos presentes, los datos presentados por Gutiérrez y su equipo técnico fueron insumo técnico suficiente para acreditar la pertinencia técnica, financiera y administrativa en satisfacción del interés público.
La decisión, dijeron, se tomó para velar también por la continuidad de los servicios, tomando en cuenta la eficacia y eficiencia del proceso de compra y la razonabilidad de precios ofertados. La adjudicación total mensual pasó de ¢4.199.786.997 a ¢3.929.628.164 por los precios mejorados, o con descuento.
Auditoría y Contraloría investigan adjudicación
La resolución, sin embargo, fue cuestionada de inmediato por la propia Auditoría Interna de la Caja que planteó la denuncia ante la Fiscalía de Probidad, ante la posibilidad de que se diera el delito de tráfico de influencias.
También la Contraloría General de la República inició una investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades.
El informe entregado por la Auditoría a la Fiscalía señala que, pese a existir varios criterios técnicos en los que se califica las ofertas económicas presentadas por las cooperativas como excesivas, la Junta Directiva adjudicó la millonaria licitación basada en un análisis emitido por una única funcionaria y que no se ajusta “a la metodología establecida institucionalmente”.
‘No me preocupa. Yo tengo los datos’
Esa única funcionaria fue María de los Ángeles Gutiérrez, quien, en entrevista con La Nación, aseguró que su equipo de trabajo respaldó el informe, pero no supo responder por qué los otros miembros no firmaron. Sobre la investigación en curso, señaló:
“No me preocupa. Yo tengo los datos y tengo los elementos, no he visto la denuncia de la Auditoría, pero por lo que usted me dice parece que la hacen porque afirman que los costos son excesivos y aun así se adjudicó, pero no me preocupa ni en lo más mínimo”.
De hecho, los otros cuatro miembros del equipo técnico desmintieron a Gutiérrez en una nota enviada a la Auditoría, al afirmar que el documento no les fue presentado por lo que no contaba con su respaldo.
Gutiérrez fue nombrada por la Junta Directiva como gerenta general interina el 17 de setiembre. Precisamente, la funcionaria fue una de las personas detenidas este lunes.
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Por su parte, las cooperativas han defendido la adjudicación y aseguran que los estudios que señalaban sobreprecios omitieron análisis de costos.