Jefa de Costos de CCSS niega autenticidad de documento defendido por gobierno en Caso Barrenador
Azyhadee Picado Vidaurre aseguró en la Asamblea Legislativa que el único informe que existe sobre el contrato de administración de Ebáis es el que consta en el Sicop
Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, negó la veracidad del borrador que según el gobierno demuestra que no hubo sobreprecios en Caso Barrenador. Foto: Asamblea Legislativa.
Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desmintió este martes la autenticidad de un documento utilizado por el gobierno para argumentar que no existe un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados a cooperativas, para la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis). Se trata del supuesto borrador de un estudio de razonabilidad de precios relacionado al Caso Barrenador.
Este martes, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, Azyhadee Picado declaró que el documento, con fecha del 19 de marzo del 2024, no existe como estudio ni como informe. “El único estudio formal e integral que nosotros desarrollamos es el que está subido en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas), en la fecha de abril”, respondió la funcionaria ante una consulta del diputado Daniel Vargas, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
“¿Este (documento) de donde sale, firmado por usted?”, volvió a consultar Vargas. No obstante, Picado aclaró que el supuesto borrador no está firmado digitalmente.
El presunto informe de costos también fue calificado como falso por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), a cargo del proceso judicial del Caso Barrenador. Uno de los aspectos que motivaron esa conclusión es que el documento carece de firma digital y, en su lugar, tiene insertada una imagen que no corresponde a este tipo de rúbricas electrónicas.
Picado brindó sus explicaciones ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades en la CCSS.
Por este hecho son investigadas ocho personas: Marta Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la CCSS y actual ministra de Planificación; María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, María Isabel Camareno Camareno; y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
De acuerdo con el gobierno, el documento divulgado inicialmente por Multimedios fue elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y confirmaría que, en lugar de sobreprecio, hubo un ahorro en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana (GAM).
"Como estudio no existe, no señor", responde jefa de Contabilidad de CCSS
Equipo técnico sostiene que sí hay sobrecostos
No obstante, Esteban Solís Morera, funcionario del Área de Contabilidad de Costos, reiteró que el documento oficial es el que consta en el expediente de contratación del Sicop, con fecha del 8 de abril del 2024. El técnico mencionó que diferentes hallazgos los llevaron a concluir que las ofertas presentaban “costos excesivos”.
Por ejemplo, se comparó un alquiler por el que la CCSS venía pagando ¢8 millones, pero que en una de las ofertas se incrementó a ¢64 millones. Calvo declaró, bajo juramento, que identificaron aumentos de hasta un 300% en utilidades y de un 500% en alquileres. Igualmente, se detectaron “diferencias sustanciales” en salarios administrativos.
Explicó que el salario administrativo promedio en la CCSS es de ¢3,2 millones, pero que se les cotizó una remuneración de ¢5.6 millones, para el mismo puesto.
El funcionario explicó que, para realizar el análisis, se establecieron bandas de tolerancia respecto a distintos factores, como el de mano de obra. Para ello, se tomó como valor mínimo el salario base del Ministerio de Trabajo (MTSS) y, como criterio máximo, los salarios de la CCSS con pluses y anualidades incluídos.
Un ejercicio similar se hizo en cuanto a materiales, suministros y gastos indirectos, a partir de costos reportados por áreas de salud homólogas a las que se pretendía contratar.
¿Estudio de mercado?
El diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), consultó a los técnicos si se efectuó un estudio de mercado. Azyhadee Picado contestó que se hizo un análisis de la compra histórica. “Para efectos de comparabilidad, tuvimos que igualar parámetros”, agregó.
Por su parte, Victor Calvo Murillo, técnico de la CCSS explicó que la Gerencia Médica hizo las invitaciones a través del Área de Bienes y Servicios, para que los oferentes interesados presenten sus propuestas, pero que solamente se reciben cotizaciones de los mismos proveedores que actualmente brindan el servicio.
Esto significa, por ejemplo, que el proveedor que da los servicios para Carpio y León XIII no cotiza para San Francisco o San Sebastián.
“El estudio de mercado es muy complicado, es un servicio muy complejo; solamente se recibe cotización del mismo proveedor que siempre lo ha brindado y eso no sirve para hacer estudios de mercado. Cuando usted tiene pocos proveedores, porque hay pocos en Costa Rica para brindar el servicio, y no se recibe de ningún otro, lo que establece la ley y el reglamento, es que también se puede echar mano de los históricos”, argumentó.
Según Calvo, la contratación de administración de los 138 Ebáis es “muy particular”, porque la CCSS no hace estos procesos “muy frecuentemente”.
“La primera licitación que hizo la CCSS data del 2008, fueron como tres años haciendo todo ese proceso hasta lograr la adjudicación. Se han hecho contrataciones directas; esta es la segunda vez. Previamente, se manejaban convenios. Cuando se hacen contrataciones directas, se hacen con el mismo pliego de condiciones que estaba anteriormente”, expresó.
Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, negó la veracidad del borrador que según el gobierno demuestra que no hubo sobreprecios en Caso Barrenador. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)
