El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rechazó en forma categórica haber tenido un trato inhumano con las ocho personas detenidas por el Caso Barrenador, relacionado con un aparente sobreprecio en contratos otorgados por la CCSS a cuatro cooperativas y una asociación médica para la administración de 138 Ebáis.
Mediante un comunicado, el director general del OIJ, Randall Zúñiga, sostuvo que ni a Marta Equivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni a ninguno de los otros implicados en esta causa se le ha dado un tratamiento diferenciado en comparación con los arrestados en casos como Diamante y Cochinilla.
Zúñiga también aseguró de que no se está actuando bajo la instrumentalización política de ningún grupo o interés particular.
Su repuesta surgió horas después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificara de “cobarde” el actuar de la Fiscalía al trasladar a Marta Esquivel desde la zona sur hasta la capital en un vehículo policial conocido como “perrera”.
El OIJ allanó la vivienda de Esquivel en San José el pasado lunes 23, pero ella se encontraba en Pérez Zeledón durante las diligencias. Sin embargo, la jerarca se presentó voluntariamente a una oficina regional del OIJ.
“Qué fácil y qué cobarde es montarla en una perrera y enviarla a San José como si fuera una miembro de una banda de sicarios, un narcotraficante peligroso. A mí no me queda la menor duda, ni creo que le quede la menor duda al pueblo de Costa Rica que lo que hizo la Fiscalía fue montar un show, amedrentando a doña Marta, montándola en una perrera”, fustigó Chaves durante la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Presidencial.
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Al respecto, Zúñiga explicó que, cuando una persona es detenida en un allanamiento judicial, es trasladada en vehículos oficiales tipo sedán o 4x4, conducidos por los mismos investigadores. Agregó que, a razón de esto, los otros siete investigados por el Caso Barrenador fueron llevados a celdas judiciales en este tipo de vehículos, bajo la custodia de agentes del OIJ.
“En el caso particular de la señora Esquivel, ella llega por sus propios medios al OIJ de Pérez Zeledón. Es detenida al igual que los siete restantes funcionarios de la CCSS, pero al estar ya bajo la custodia de la Sección de Cárceles, debe ser trasladada bajo la normativa que rige esa materia; o sea, en el vehículo especializado que tiene esta sección”, explicó Zúñiga.
De acuerdo con el jefe policial, estos procedimientos han sido acreditados bajo normativa internacional sobre derechos humanos y auditados recientemente por la Asociación de Correccionales de América, una institución norteamericana que vela por el cumplimiento de los estándares de calidad y protección de derechos de las personas detenidas.
“Hacerlo de otra manera sería conceder un trato diferenciado al que se otorga a las demás personas detenidas en las mismas condiciones”, agregó el jerarca.
El pasado lunes, la Fiscalía confirmó que investiga a los ocho detenidos por los posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. En el expediente se indaga un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados por la CCSS a cuatro cooperativas y una asociación médica por 10 años.
Además de Esquivel, por este caso fueron capturados María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y María Isabel Camareno Camareno, y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
‘Citación previa no es un recurso válido’
Horas después de los arrestos del lunes, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, calificó los operativos como una “clara amenaza” y un “abuso de poder” de la Fiscalía contra el gobierno, mientras que Chaves dijo este miércoles: “Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”.
“Todos hemos sido testigos de cómo la Fiscalía General de la República abusó -esa es la palabra correcta- de su poder, del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al Gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria, de manera mediática y amenazante a una alta jerarca de este Gobierno”, agregó Chaves en conferencia de prensa.
En ese sentido, el comunicado del OIJ hace referencia a las razones por las que no se citó previamente a las personas investigadas. Zúñiga afirmó que las diligencias tenían como objetivo el decomiso de evidencia que, de otro modo, podría ser destruida o desaparecer con facilidad, como implementos tecnológicos y documentos.
“Por esta misma razón, una citación previa no es un recurso válido para asegurar elementos probatorios, amén de que se pone en sobre aviso a las personas de la actuación policial”, detalló el director de la Policía Judicial.
Agregó que en otros casos de detención de funcionarios públicos, como directores de instituciones, mandos medios, jueces, fiscales e incluso policías, el allanamiento es “necesario e indispensable”. Asimismo, descartó las afirmaciones de que se trate de un espectáculo para desviar la atención de los problemas del país.
“En 50 años de historia del OIJ, si algo ha quedado claro con la detención de miles de personas, es que el OIJ es una policía técnica, científica y que no está a la orden de ninguna asociación política de este país, y mucho menos realiza de sus actuaciones un show para desviar la atención de los problemas del país. Tenemos una responsabilidad muy grande que la hemos venido realizando y cumpliendo a cabalidad con demasiadas limitaciones de recursos”, afirmó.
El comunicado concluye asegurando que el país puede tener “la confianza y tranquilidad de que el Organismo de Investigación Judicial, continuará desarrollando su labor de manera objetiva”. Se indica que se investigarán todos los hechos delictivos denunciados, sin distinciones ni tratos diferenciados para las personas que puedan resultar responsables de quebrantar la ley.
