El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, se juega este lunes 19 de octubre su continuidad al frente del Ministerio Público, en una votación de Corte Plena en la que necesita al menos 12 votos para permanecer cuatro años más en el cargo.
Díaz llega a la sesión, programada para comenzar a las 8 a. m., con el respaldo público de tres magistrados. Otros dos integrantes de Corte Plena han preferido reservar su posición hasta el momento de la votación. Y tres altos jueces anunciaron que estarán ausentes.
La decisión, además, se produce después de cuatro años de gestión marcados por investigaciones contra altos funcionarios públicos, enfrentamientos con el expresidente y hoy ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, y la presidenta Laura Fernández, así como cuestionamientos del oficialismo al mecanismo de elección del jerarca del Ministerio Público.
Tres magistrados anuncian su apoyo a Carlo Díaz
Hasta ahora, tres de los 22 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia han manifestado públicamente su intención de respaldar la reelección de Díaz.
El primero fue Jorge Araya, integrante de la Sala Constitucional, quien justificó su posición al señalar que el fiscal general “ha hecho una buena gestión”.
Posteriormente, Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, anunció que también apoyará su continuidad, al destacar los resultados obtenidos por el Ministerio Público.
“Ha hecho una labor importante. Vean la cantidad de asuntos que han venido adelantándose y los operativos importantes, pese a la disminución de recursos que se han dado. Él ha hecho una labor muy buena dentro de la institución y dentro de lo que es la persecución penal”, manifestó Solano a La Nación.
La tercera magistrada en expresar públicamente su respaldo fue Patricia Vargas, también integrante de la Sala Tercera, quien destacó el trabajo del fiscal general en el combate contra el crimen organizado.
“Yo creo que don Carlo ha hecho un trabajo importante. Ha sido una persona valiente en sus posiciones, pero también una persona que desde su trabajo ha dado resultados importantes”, indicó Vargas.
La magistrada resaltó la cooperación del Ministerio Público con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otros cuerpos policiales.
Entre los resultados que mencionó figura la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los sospechosos de narcotráfico más buscados del país.
Dos magistrados reservan su posición y otros tres estarán ausentes
Además de los tres respaldos públicos, Damaris Vargas y Gerardo Alfaro indicaron que darán a conocer su decisión durante la sesión de este lunes, sin adelantar si votarán a favor o en contra de la continuidad de Díaz.
La elección también tendrá tres ausencias anunciadas entre los magistrados propietarios: Luis Guillermo Rivas e Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, y Fernando Cruz, de la Sala Constitucional.
En el caso de Rivas, Corte Plena aprobó el pasado 12 de octubre un permiso para ausentarse con el fin de participar en actividades de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en Brasilia, Brasil. Cruz estará de vacaciones y viajará a Portugal para recibir un reconocimiento de la Unión Internacional de Juristas.
Por su parte, la magistrada Rojas estará de vacaciones, según confirmó el Poder Judicial a La Nación.
Pese a estas ausencias, Díaz seguirá necesitando 12 votos favorables.
El artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la elección del fiscal general debe realizarse mediante una votación pública y razonada, con el respaldo de la mayoría absoluta de la totalidad de integrantes de Corte Plena. Por tanto, el requisito no disminuye aunque algunos magistrados propietarios estén ausentes.
Para la politóloga Kattia Benavides, el panorama no puede interpretarse únicamente a partir de los apoyos públicos, pues el silencio de otros magistrados no necesariamente representa una posición contraria a la continuidad del fiscal general.
La especialista considera que el elemento central será la justificación de los votos, tanto de quienes respalden a Díaz como de quienes rechacen su reelección.
“En una decisión de esta naturaleza, también importa la señal institucional que transmite la Corte”, señaló Benavides, quien sostuvo que la continuidad del fiscal general debe resolverse a partir de la evaluación de su gestión y de los criterios de los magistrados.
Uno de los antecedentes que tendrán a disposición es la evaluación de desempeño de Díaz correspondiente a 2025, en la cual obtuvo una calificación de 98,95 %, según el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial.
No obstante, Benavides explicó que esa calificación no determina automáticamente la reelección, pues la decisión también involucra la idoneidad del fiscal general, la independencia del Ministerio Público y la rendición de cuentas.
A su criterio, la votación tiene dos dimensiones: una administrativa, relacionada con los resultados de la persecución penal y la gestión institucional, y otra política, vinculada con los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
En agosto, una multitud de costarricenses se congregó en la plaza de la Democracia, en San José, y en otras ciudades del país para manifestarse en defensa de la independencia del Poder Judicial. Durante la concentración, Carlo Díaz recibió muestras de agradecimiento y respaldo de los manifestantes.
Los enfrentamientos con Rodrigo Chaves y Laura Fernández
La elección de este lunes se desarrollará en medio de una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que se ha extendido durante los últimos cuatro años.
Durante su gestión, Carlo Díaz ha tramitado investigaciones de alto impacto que involucran a figuras de los más altos niveles del Estado.
Entre ellas destacan la causa por el presunto financiamiento paralelo de la campaña presidencial del 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), agrupación que llevó al entonces candidato Rodrigo Chaves a la presidencia. Posteriormente, se intensificó la confrontación pública entre el gobierno y el Poder Judicial.
La tensión aumentó en enero del 2025, cuando aparecieron vallas publicitarias que pedían la renuncia de los jerarcas de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, y la Fiscalía General.
Dos meses después, en marzo del 2025, el expresidente Chaves encabezó una marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, acompañado por ministros de su gobierno. Durante esa manifestación afirmó que las instituciones habían sido “capturadas”.
“Esas instituciones están heridas de gravedad, las han capturado las ratas. Gente como Carlo Díaz y sus cómplices, sus proxenetas del Poder Judicial”, dijo en aquella ocasión.
La Fiscalía también presentó la acusación en el caso BCIE-Cariñitos contra Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión. En setiembre del 2025, el expediente llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar el levantamiento de la inmunidad del mandatario; sin embargo, no alcanzó los 38 votos necesarios.
Asimismo, el Ministerio Público investiga por presunto prevaricato la destitución en mayo del 2025 de la Junta Directiva del Banco Nacional, causa que involucra al ahora ministro Chaves, al primer vicepresidente, Francisco Gamboa; a la presidenta legislativa y diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez; y al diputado oficialista, Stephan Brunner.
En abril de este año,Chaves aseguró que buscaría “tomar control” del Poder Judicial, luego de afirmar que el oficialismo ya había logrado ese objetivo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La confrontación continuó con la llegada de Laura Fernández a la Presidencia.
En mayo, la mandataria calificó al fiscal general como una “vergüenza nacional”, luego de que este afirmara que ella mostró una actitud distinta durante una reunión con jerarcas judiciales respecto a la que mantuvo en la conferencia de prensa posterior.
También, el pasado 3 de agosto, la presidenta acompañó a diputados del PPSO en la presentación de una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados que votaron a favor de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes. La mandataria había calificado esa resolución como un “golpe de Estado”.
Entre los magistrados denunciados figura Jorge Araya, quien anunció públicamente su respaldo a la reelección de Carlo Díaz. Los otros tres son Fernando Cruz, Paul Rueda e Ingrid Hess.
Además, el debate sobre quién debe elegir al fiscal general ya no se limita al ámbito jurídico, sino que también forma parte de la agenda política del oficialismo.
La exmagistrada y diputada del PPSO, Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley para trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al jerarca del Ministerio Público.
La propuesta recibió el respaldo del ministro Chaves, quien cuestionó el mecanismo vigente de elección del fiscal general e indicó que es un tema político.
“En ningún país existe un Poder Judicial tan amorfo y tan salido de proporción como el de Costa Rica. En Estados Unidos el fiscal lo nombra el presidente”, indicó.
“Yo no estoy diciendo que el presidente de Costa Rica deba nombrarlo, pero ciertamente el jueguito que se tienen en la Corte Plena, que le dan al peor fiscal de la historia un 99 y un 100, es un monumento al cinismo de una burocracia enquistada”, agregó el pasado miércoles, luego de la Conferencia de Prensa en Casa Presidencial.
No obstante, Corte Plena se pronunció en contra de la iniciativa, al considerar que afectaría la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. El criterio fue aprobado con 15 votos a favor y seis abstenciones, por lo que el proyecto requerirá al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación.
¿Cómo podrían influir estas tensiones en la votación?
La votación de este lunes también podría convertirse en una señal sobre la relación que mantendrá el Poder Judicial con el Gobierno de Laura Fernández, después de varios años de enfrentamientos entre ambos poderes.
Para José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la UNA, los magistrados se enfrentan a una decisión que trasciende la evaluación del desempeño del fiscal general: mantener a una figura que ha protagonizado enfrentamientos con el Ejecutivo o elegir a otra persona que contribuya a reducir esas tensiones.
Según explicó a La Nación, una eventual reelección de Díaz podría interpretarse como una señal de respaldo a la autonomía del Poder Judicial frente a las presiones externas. Por el contrario, la elección de otra persona podría responder a la intención de buscar una relación menos conflictiva con el Gobierno.
El investigador señaló que esta discusión coincide con otro proceso dentro de Corte Plena: la elección de la próxima presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que también podrían influir las posiciones de los magistrados sobre cómo manejar la relación con el Ejecutivo.
De hecho, dos de los cuatro aspirantes a presidir la Corte, Patricia Solano y Patricia Vargas, anunciaron públicamente que apoyarán la reelección de Díaz.
Para el investigador, ambos procesos podrían estar relacionados con la configuración de grupos y estrategias dentro del Poder Judicial, especialmente ante los enfrentamientos que también han alcanzado la discusión del presupuesto institucional.
“No podemos pensar que ese conflicto no estaría incidiendo”, afirmó José Andrés Díaz.
Por su parte, Kattia Benavides coincide en que la elección trasciende la continuidad de una persona. La politóloga explicó que los enfrentamientos han convertido la figura del fiscal general en parte de una discusión más amplia sobre la relación entre el Gobierno y las instituciones encargadas de ejercer controles.
No obstante, advirtió que sería incorrecto atribuir automáticamente una motivación política al voto de cada magistrado.
“No se puede afirmar que todos los magistrados y magistradas votarán en función de su posición frente al gobierno”, puntualizó. También agregó que, este contexto hace especialmente importante que los magistrados fundamenten su decisión en criterios institucionales y resultados verificables.
Para Benavides, la independencia del Ministerio Público debe protegerse frente a cualquier actor de poder, pero también debe estar acompañada de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados.
¿Qué pasa si Carlo Díaz no consigue los 12 votos?
Si el fiscal general no obtiene los 12 votos necesarios para continuar en el cargo, Corte Plena deberá iniciar el proceso para elegir a la persona que asumirá la dirección del Ministerio Público.
La Comisión de Nombramientos de la Corte deberá abrir un concurso público para valorar los atestados de las personas aspirantes y elevar una recomendación a los magistrados, quienes tomarán la decisión definitiva.
Mientras se realiza el proceso, la institución quedaría temporalmente bajo la dirección de Karen Valverde, fiscala general subrogante, una vez que concluya el nombramiento de Díaz.
El fiscal general asumió el cargo el 31 de octubre de 2022 y su periodo actual vence el próximo 31 de octubre.